En campaña electoral se duplicaron agresiones contra la libertad de prensa 

De acuerdo con la FLIP, los agresores más frecuentes fueron los funcionarios públicos con 16 casos y las amenazas fueron el ataque más común, con 12 casos, dos de las cuales vinieron de políticos. Los departamentos con más agresiones fueron Nariño y Santander. Por ello, calificó las violaciones a la libertad de prensa como inaceptables y alertó por la responsabilidad de entidades y funcionarios. 

Solo el día de las elecciones, se registró una agresión física por parte de miembros de la Policía a periodistas en Arauca. “Sin embargo, la violación más frecuente fue la obstrucción, con 15 casos. Los mensajes confusos, el desorden institucional y el autoritarismo hicieron de la Registraduría y la Policía los agresores más frecuentes de la prensa en estas elecciones”, declaró el organismo. 

La FLIP atribuyó las obstrucciones a un decreto expedido por el Ministerio del Interior que establecía reglas “para el normal desarrollo de las elecciones”, pero que implicó restricciones a la libertad de expresión, como la que exigía que los reporteros estuvieran “debidamente acreditados” por la Registraduría para poder hacer cubrimiento. 

Aunque la Fundación reconoce que dos días antes de las elecciones se modificó este punto del decreto, criticó que “el mensaje confuso” generó que varios periodistas reclamaran que se les prohibió el acceso por no contar con una credencial. Sin embargo, hay reporte de casos de funcionarios de la Registraduría o de la Policía que impidieron que reporteros realizaran entrevistas a los votantes o a los jurados de votación, a pesar de que no existe ninguna prohibición legal en este sentido.  

Finalmente, otros funcionarios restringieron el registro audiovisual por parte de periodistas, a pesar de estar autorizados para ello, siempre que no se afecte el derecho al voto secreto. “Lo anterior llevó a que la Registraduría y la Policía fueran responsables del 92% de las obstrucciones en el día de las votaciones documentadas por la FLIP”. 

El organismo señaló que algunas dificultades se superaron luego de que la FLIP o los periodistas explicaran las garantías institucionales y constitucionales que protegen el ejercicio del periodismo, “lo demuestra que esta clase de obstrucciones serían evitables si antes de las elecciones los funcionarios recibieran una orientación precisa sobre los derechos de la prensa”, precisó. 

Por otro lado, la FLIP alegó que, si bien la Registraduría creó una aplicación para compartir toda la información relativa a las elecciones, se prohibió la utilización de cualquier elemento, lo que en su opinión “desconoce el carácter público de los resultados electorales y el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a dicha información”. 

La Fundación elevó un llamado a la Procuraduría para investigar lo ocurrido y exigió al Ministerio del Interior, a la Registraduría y a la Policía que adecúen sus acciones para las próximas elecciones y que sean garantes de la labor periodística. También, instó a los nuevos gobernantes a hacer lo propio de cara a garantizar pluralidad en la información.