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Un año después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionara Ley 1761 de 2015 por la que se crea el feminicidio como un delito autónomo, las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación señalan que se han dictado cuatro condenas, 29 escritos de acusación, 44 imputaciones de cargos y 52 indagaciones por esta conducta delictiva.
Más allá de lo que tiene que ver con la judicialización, las cifras que se manejan hoy en cuanto a los homicidios de mujeres en el marco de violencia de pareja indican, según Medicina Legal, que en promedio, en el año 2015, una mujer fue asesinada en este contexto cada tres días, algo que se mantiene para este año.
Al hacer un balance de la mencionada Ley, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, enfatizó que desde el Estado colombiano se siguen haciendo esfuerzos importantes para cumplir e implementar plenamente esta norma. Y en este sentido, indicó que ella implica “un avance importante en el país para la erradicación de las diferentes formas de violencia contra las mujeres”.
“Es una herramienta que no sólo busca imponer penas más duras, sino que complementa los programas metodológicos de investigación y juzgamiento para permitir mejores, más rápidas y más eficaces actuaciones del Estado en este tipo de casos”, agregó.
En todo este proceso intervienen entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Salud, Medicina Legal, el DANE y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, articulando acciones para la adopción de protocolos internacionales que permitan determinar e investigar los casos de feminicidio, la capacitación de funcionarios y funcionarias, el fortalecimiento de sistemas de alerta y de prevención, la creación de indicadores y reportes especializados sobre el tema, entre otras estrategias.
La ley contra el feminicidio contempla avances significativos en la tipificación y caracterización de este delito. Actualmente Medicina Legal y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de violencias de género del Instituto Nacional de salud, están construyendo los primeros reportes y líneas base sobre el feminicidio en el país.
La ley también ofrece a las mujeres víctimas de violencias de género la posibilidad de recibir por parte de la Defensoría del Pueblo orientación, asesoría y representación jurídica de manera gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la perspectiva de género y de los Derechos Humanos de las mujeres.
Las ciudades con mayores reportes de homicidios de mujeres por violencia de pareja de acuerdo con Medicina Legal en el 2015 fueron Bogotá con 12 casos, Medellín con 9 y Barranquilla 8.
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