Encrucijada de la democracia

En un escenario impresentable, sin antecedentes históricos, el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia libran una enconada pelea en la que ninguno cede. El Ejecutivo pide que las autoridades competentes no intervengan en otras instancias. La Corte replica diciendo que las funciones administrativas nada tienen que ver con la justicia. La Presidencia emite comunicados que sugieren “sospechas” en la conducta de los magistrados. El alto tribunal responde exigiendo que el Gobierno explique por qué los investigan y acosan.

A la parapolítica le sale al paso la farcpolítica, a la yidispolítica le replica el Gobierno permitiendo que su Ministro de Protección Social arremeta a sus anchas, al referendo reeleccionista se le atraviesa una pesquisa contra 86 congresistas que lo votaron en primera vuelta, el DAS pasa por el peor momento de su historia, las Fuerzas Militares después de sus éxitos en la seguridad democrática lidian con el descrédito de los falsos positivos, el Congreso ni se reforma ni legisla en favor de las mayorías populares. El Estado se despedaza a diario.

Unos le echan la culpa a la inocultable pretensión del presidente Álvaro Uribe y sus copartidarios de buscar un tercer mandato. Otros señalan a la oposición de armar una guerra jurídica empapelando a diestra y siniestra para ganar en denuncias lo que no pueden obtener en el Legislativo. El tiempo pasa y la cotidianidad en Colombia semeja una gazapera de perros y gatos. ¿Quién o qué puede parar la desinstitucionalización que la comunidad internacional advierte desde su tradicional indiferencia? Los líderes del país parecen estupefactos.

“Hoy en Colombia prima no quien tenga la razón, sino quien posea la popularidad”, expresa el politólogo Alejo Vargas. “Lo que sucede actualmente es consecuencia de los criterios personalistas y la falta de reuniones entre los poderes para mejorar su comunicación necesaria”, agrega el ex vicefiscal Francisco José Sintura. “Aquí lo urgente es que se respete la autonomía de los jueces, la del Congreso y la del Presidente de la República”, añade el senador liberal Héctor Helí Rojas. Todos son conscientes que algo debe hacerse para frenar la confrontación verbal.

Pero nadie lo hace y lo que está en juego es la democracia. El Gobierno siente que ese escenario se salda en el referendo reeleccionista. La oposición estima que ese camino es contrario a la Constitución y pugna por evitarlo. La réplica son nuevas fórmulas para sostener en el poder al Primer Mandatario. Asamblea Nacional Constituyente, régimen parlamentario, para los uribistas lo que importa es que el 76% de popularidad del presidente Uribe se refrende en su continuidad en la Casa de Nariño. Pero el equilibrio de poderes trastabilla y ese es el dilema de fondo.

A la vista, el horizonte no parece el mejor: 18 colombianos han postulado su nombre como eventuales mandatarios para el período 2010-2014, pero la perspectiva de que el Presidente juegue en la consulta mayor cambia el panorama de todos. Aunque se oyen voces de quienes buscan llegar al Congreso, las reglas de juego no son claras, la reforma política en curso puede cambiar el escenario y todas las colectividades están sujetas a la misma incertidumbre del alma de un Jefe de Estado que no oculta su intención de aferrarse al poder porque se siente imprescindible.

Esa es la razón de ser de la crisis, pero cada quien desde su perspectiva y afinidad política busca cómo justificarse. “Lo que tenemos que hacer es un jalón de orejas para quienes ostentamos el poder y si reconocemos que somos inmaduros, es mejor pedirle al Presidente que convoque una Asamblea Constituyente”, sugiere la senadora de Cambio Radical Elsa Gladys Cifuentes. “Ese es un mecanismo muy bueno, porque además permite hacerle algunos ajustes a la Rama Judicial”, agrega el senador conservador Eduardo Enríquez Maya. Pero ese camino también es incierto.

En cambio, antes que cualquier decisión frente al Ejecutivo, el lance a la vista es mayor. La Fiscalía vive hoy su cuenta regresiva, la gestión de Mario Iguarán está a punto de finiquitar y el que se considera el segundo cargo más importante del país está a punto de quedar expósito. Y en esa elección se juegan muchas cartas. No sólo porque se trata del eje de la lucha contra la impunidad, la violencia y el delito, sino porque esta institución necesariamente debe integrar a los poderes en pugna, pues la Constitución dice que el Presidente propone, pero la Corte Suprema elige.

Y frente a este dilema las cábalas abundan. Que habrá una larga interinidad del actual vicefiscal Guillermo Mendoza, que la Corte Suprema piensa devolver la terna que presente la Presidencia, que los bufetes de abogados incrementan su cabildeo por acomodar sus fichas. Lo cierto es que esta decisión es crucial y el próximo Fiscal General de la Nación tendrá que resolver situaciones sin parangón en el pasado reciente: la parapolítica, la yidispolítica, la farcpolítica, los falsos positivos, las ‘chuzadas’ y los seguimientos del DAS, todo lo que hasta ahora deja sin resolver Mario Iguarán.

Por eso el camino no es esperanzador y, como lo comentó el ex ministro Jaime Castro en un reciente foro sobre la reelección y la Corte Constitucional, “estamos en un período de peste política que ataca al país cada 50 años”. Muchos asuntos tienen que resolverse y el manto de la seguridad democrática no alcanza para todo. La guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia común, esos son los verdaderos enemigos del país, pero mientras los poderes públicos no se armonicen, los malos seguirán ganando espacio por encima de los discursos.

La democracia colombiana está a prueba. Como en la recordada canción, hoy protagoniza el “Tongo le dio a Borondongo”. Como en la lucha libre, la cotidianidad es de todos contra todos. Ni siquiera el Procurador, en otras épocas defensor de los intereses de la sociedad, parece hoy contar con atributos suficientes para invocar imparcialidad.

Alguien debiera  frenar la polarización ciudadana y tampoco aparece el candidato que lo haga. La sociedad civil parece dormida. Pero lo más urgente por prevenir   es que los violentos no vuelvan a pescar en río revuelto.