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Hace dos semanas, en el Congreso de la República, se llevó a cabo un debate de control político a los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera, sobre los riesgos que hoy amenazan las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 30 de octubre. El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que 199 municipios en el país están en alto riesgo por actos delictivos, siendo las nuevas bandas criminales (bacrim) y las Farc las organizaciones delictivas que configuran el mayor problema para la tranquilidad en los comicios.
A su vez, la Misión de Observación Electoral (MOE) destacó que en el actual proceso preelectoral se han registrado, hasta ahora, 109 hechos de violencia contra candidatos y que son 421 los municipios en riesgo ante una estrategia de los grupos armados ilegales que, según explica su directora, Alejandra Barrios, apunta a quedarse con el poder local “para ganar por esta vía lo que han perdido en la confrontación armada (…) las Farc, el Eln y las bacrim están empleando la influencia política, la financiación y el apoyo de candidatos para robar los recursos públicos y usar la contratación local para lavar dinero”.
El ministro Rodrigo Rivera dice que se están implementando medidas de protección de acuerdo con los estudios de riesgo coordinados por el Ministerio del Interior. “Hasta el momento hemos implementado 2.678 esquemas de seguridad, con un costo de $360 mil millones”, dijo. Germán Vargas Lleras, por su parte, tiene su propio diagnóstico: “Tenemos la seguridad de que en la actualidad la amenaza no es el constreñimiento del elector a través de las armas, como sucedía hace muchos años. En esta ocasión los grupos armados ilegales están buscando afectar las elecciones con mecanismos más depurados, por eso estamos haciendo estricta vigilancia a los gastos, a la financiación de campañas y a la prevención de la corrupción”.
El mininterior reconoce que se han identificado municipios que tienen alguna relación con la cadena de producción y exportación de drogas, en los que se ha detectado que existe la posibilidad de que los ilegales influyan en el proceso electoral. Fenómeno que también se estaría dando en las regiones en las que ha venido creciendo la explotación minera ilegal. Ante este panorama, hoy se estudia el adelantar la implementación del denominado ‘Plan Democracia’, estrategia utilizada cada que hay elecciones con el fin de enfrentar posibles actos violentos.
En campaña
Cabezas de lista
La mayoría de partidos políticos escogieron una figura reconocida para que ocupara el número 1 de la lista al Concejo de Bogotá. Martha Ordóñez, actual concejal, será la cabeza de la U; Horacio José Serpa, hijo del gobernador de Santander, del Partido Liberal; y Roberto Hinestrosa, exviceministro de Justicia, de Cambio Radical.
Cambio de rumbo
Algunos candidatos decidieron aspirar por partidos distintos a los que militaban para estas elecciones. Carlos Vicente de Roux, exconcejal del Polo, se presentará esta vez por los Progresistas, el movimiento de Gustavo Petro. Lo mismo sucedió con Angélica Lozano, exalcaldesa de Chapinero, quien salió del Partido Verde y también se fue con Petro.
Con gran respaldo
El padrinazgo de importantes figuras políticas es fundamental para los candidatos. Miguel Uribe Turbay, del Partido Liberal, goza del apoyo del excontralor Julio César Turbay júnior; Daniel Quiroga, de Cambio Radical, del actual concejal Felipe Ríos; y Antonio Sanguino, del Partido Verde, de Luis Eduardo Garzón.
Los ediles
El próximo 30 de octubre los bogotanos también elegirán 164 ediles, que estarán repartidos en las 20 localidades y que cumplirán la función de aprobar el plan de desarrollo del alcalde local, además de avalar anualmente un presupuesto. Dentro de los candidatos se destacan María Victoria Iannini de Verger, de Cambio Radical; Germán Ricaurte, del Partido Liberal, y Nubia Suta, del Partido Verde.
Cuota femenina
En aprietos se vieron todos los partidos políticos para cumplir con la cuota femenina en sus listas al Concejo y a las Juntas Administradoras Locales. Sin embargo, al final encontraron valientes que quisieron entrar en la contienda a pesar de no haber hecho antes política como Ana Bolena Meza.
El voto en blanco como expresión electoral
El voto en blanco es una posición política para demostrar el inconformismo que se tiene hacia los candidatos que se presentan a determinada elección. Según el artículo 28 de la reforma política, a los promotores de este tipo de iniciativas “se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña”.
Al abrirse esta puerta, fueron 58 los grupos de ciudadanos que se inscribieron como promotores del voto en blanco en diferentes partes del país. Sin embargo, con el fin de evitar que ‘avivatos’ aprovecharan para tratar de quedarse con el dinero de la reposición, el Consejo Nacional Electoral expidió una resolución que los obliga a cumplir con estrictos requisitos y a responder en caso de irregularidades.
Lo claro es que el voto en blanco se ha convertido en los últimos años en una expresión ciudadana de participación electoral que es tan válida como el apoyo a un candidato o a un partido político.