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Los pueblos indígenas, a través de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC), suscribieron 231 acuerdos con el Gobierno para el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En relación con el articulado, fueron concertados 31 artículos, de los cuales 29 quedaron en la hoja de ruta de Gustavo Petro, algunos con modificaciones. Tienen que ver con derechos fundamentales, autonomía territorial, pervivencia de los pueblos, solución de conflictos sociales y ambientales, economías propias, participación y protección de acuerdos históricos.
El balance de lo que quedó en el PND para los indígenas es positivo, según dicen, gracias a su movilización e incidencia. El pasado 2 de mayo la guardia indígena se manifestó frente al Capitolio Nacional para defender los acuerdos de la consulta previa; llegaron a la Plaza de Bolívar portando el tradicional bastón de mando, un acto disruptivo que algunos desconocedores calificaron como una “formación armada”. De acuerdo con Paulo Añokazi, secretario de la MPC, “el país debe entender que somos un movimiento politizado y vamos a defender nuestros derechos consagrados en la Constitución”.
En pos de ese objetivo, fue clave la aprobación del artículo 354 del PND, que blindó los acuerdos derivados de escenarios de diálogo y estableció que las entidades deberán destinar recursos para su cumplimiento. “Si el Gobierno nos cumple o no, lo vamos a saber en cuatro años (…) Nosotros hacemos un balance de evaluación y seguimiento a cada uno de los acuerdos de manera anual. Esa metodología también la trabajábamos con el gobierno Duque”, explica Añokazi.
La consulta previa es un derecho fundamental (Decreto 1320/1998) para garantizar la participación de grupos étnicos en proyectos que puedan afectarles; ha sido usado especialmente para analizar el impacto a una comunidad por la explotación de recursos dentro de su territorio. Por eso, a partir del 8 de agosto de 2022, comenzó una ruta de consulta previa del PND con la MPC, que reúne a las siete organizaciones indígenas del ámbito nacional que representan a los 115 pueblos.
“A través del PND logramos consolidarnos como un movimiento indígena unificado, claro, tenemos nuestras diferencias y regionalidades, pero hoy representamos a todos. Hay algunas particularidades muy profundas, por ejemplo, en la Amazonía hay pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario y ellos no interlocutan, pero los tenemos que proteger”, expresa el secretario de la mesa, quien además cuenta que para defender los acuerdos les tocó hacer “mucha pedagogía al interior del Congreso, nos dimos cuenta de que todavía no tenemos conciencia de que este país es diverso y pluriétnico”. Destacan la labor de la bancada indígena, quienes defendieron las propuestas.
El Fondo del Buen Vivir
En la hoja de ruta del gobierno Petro quedó la creación de un fondo que asignará recursos para la puesta en marcha de programas concertados con las organizaciones indígenas. Según Añokazi, ese fondo es una ganancia, pues han intentado incluirlo desde antes del gobierno Duque; sin embargo, les quedó una inconformidad: “Nosotros acordamos un patrimonio autónomo y quedó como un fondo cuenta; es decir, administrado por Mininterior”. De acuerdo con el secretario, con el Fondo del Buen Vivir quieren tener autonomía sobre esos recursos y que sean ellos quienes determinen las prioridades: por ejemplo, los territorios, las mujeres, la niñez, su capacidad productiva, autonomía alimentaria y económica, el fortalecimiento de sus esquemas de protección territorial (mambeaderos, kancuruas o las guardias).
El catastro multipropósito
Uno de los temas más importantes en el Plan de Petro es el catastro multipropósito, para el que se busca una política para su consolidación, de cara al cumpliendo del primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 y a la reforma rural integral. Será una herramienta que permitirá consolidar una base de datos actualizada sobre la tenencia de las tierras en Colombia. “El Gobierno, en concertación con los pueblos y organizaciones indígenas (…), realizará la adecuación institucional de la política”, quedó en el Plan.
De acuerdo con Añokazi, desde anteriores gobiernos hay acuerdos que se han incumplido en lo relacionado con gestores catastrales y acceso a la información catastral; “con este Gobierno hemos mejorado esos canales de comunicación y corregido la ruta”, dice. “Administraciones anteriores han planteado que el catastro multipropósito se puede consultar solo dentro de los resguardos, pero hay territorios ancestrales que no han sido resguardados y hacen parte de nuestra ancestralidad y en los que habitan personas de nuestros pueblos”.
De cara a la reforma rural, el secretario dice que hay un paquete de proyectos para los que también han pedido consulta previa. “Con la anterior ministra de Agricultura, Cecilia López, no tuvimos un diálogo cercano, por ejemplo, frente a la Jurisdicción Agraria y Rural. A la nueva ministra le planteamos que ese proyecto debe estar articulado con nuestra justicia propia para solventar problemas territoriales, intraétnicos e interétnicos (…) vamos a poner en marcha las justicias propias en coordinación con la justicia ordinaria”, dice.
Contratación pública
El artículo 352 del PND facultó a los servidores públicos para contratar con cabildos indígenas o autoridades tradicionales. La contratación será para el fortalecimiento del gobierno propio y la satisfacción de necesidades de las comunidades. “Nosotros tenemos una amplia experiencia en esa materia, sustentada en el Decreto 1953 de 2014, que materializa la administración de los recursos en cuanto a salud, educación y saneamiento básico”, explica Añokazi. Agrega el secretario que las comunidades pueden participar en las licitaciones del Gobierno, bajo unas características especiales: “Nosotros no vamos a hacer puentes multimillonarios, pero sí necesitamos un centro de salud o una placa huella, que podemos financiar. Es para el desarrollo en nuestras comunidades”.
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Lo que falta
“La apuesta fundamental del movimiento indígena con el gobierno Petro es poner en marcha las entidades territoriales indígenas, aunque quedó dentro de las bases del Plan, no quedó en el articulado. El presidente nos planteó que estudiaremos a fondo esta propuesta y que presentamos la propuesta legislativa, debe ser una ley orgánica que materialice los artículos 329 y 286 de la Constitución Política, que nos permiten la creación de esas entidades territoriales”, explica Añokazi.
Las entidades territoriales indígenas son una figura creada por la Constitución de 1991, pero no reglamentada, con la que las comunidades pueden fortalecer el gobierno propio, elevando su autonomía a la que tienen los departamentos, distritos o municipios. “Podríamos avanzar hacia nuestros sistemas propios de pensamiento; es decir, nuestro Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), al Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI). Si materializamos las entidades territoriales indígenas ponemos en marcha nuestros sistemas”. Esa, dice el secretario, es la prioridad de los pueblos indígenas para los cuatro años del gobierno Petro, se trata de una apuesta que vienen trabajando desde hace décadas.
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