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La próxima firma de un convenio entre 800 iglesias católicas y cristianas con el Gobierno del presidente Gustavo Petro para que puedan ser contratistas en temas educativos y asistenciales reavivó el debate de si estas entidades religiosas deben o no ser contribuyentes y pagar impuestos como el de renta y el predial de los que están exentas. No solo por su condición de posibles contratistas, sino también, porque algunas reciben ingresos adicionales a los que les dan los creyentes, a través de negocios y servicios.
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El pasado 30 de marzo, este diario publicó el artículo “El gobierno Petro intenta seducir al poder religioso del Congreso” en el que se mencionan los diálogos que tiene el ministerio del Interior con algunas iglesias para otorgarles once potestades vía convenio. Entre esas están las de contratar con entidades del Estado, celebrar matrimonios sin necesidad de la autorización previa de una notaría, fundar colegios y universidades y brindar asistencia espiritual en cárceles y hospitales.
Ya ocho iglesias (Centro Cristiano, Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción, Iglesia de Dios Ministerial, Universal Apostólica Anglicana, Católica Anglicana, Centro Mundial de Avivamiento, Evangélica Interamericana, Antigua de Colombia) lo firmaron en junio del año pasado con la Oficina de Asuntos Religiosos del Mininterior, que indicó que se hizo para garantizar el derecho a la libertad de culto.
“Se abre la puerta a otras organizaciones para que se sigan sumando a esta iniciativa que reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro con la libertad religiosa”, dice la cartera en su página web. Al respecto, la Ministerial indicó que si bien suscribió el convenio, no ha firmado ningún contrato ni piensa hacerlo por lo pronto, mientras que el representante conservador Luis Miguel López, perteneciente a los Lazos de Amor Mariano se desenmarcó de esta iniciativa y sostuvo que no ha estado en diálogos con el Gobierno. Lo propio su compañero senador Mauricio Giraldo.
Aunque aún no hay fecha establecida para la firma del convenio con las 800 de las 11.000 iglesias que hay en Colombia con personería jurídica, se puso nuevamente sobre la mesa la pregunta de si se debería gravar a este actor. Hay voces encontradas entre las congregaciones y figuras políticas, incluso del mismo establecimiento; iniciativas desde el Congreso y en especial, la vieja promesa del presidente Gustavo Petro de no hacerlo.
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El 15 de junio de 2022, tres días antes de que los colombianos fueran a las urnas a votar en primera vuelta por la Presidencia, el entonces candidato Petro publicó un comunicado: “Como futuro presidente de Colombia voy a defender, ampliar y reforzar nuestro sistema de asuntos religiosos. Las iglesias mantendrán las puertas abiertas sin que se les adicione ningún impuesto”.
En sus 19 meses como presidente ha mantenido la promesa, y las iglesias, que de acuerdo con la DIAN registraron ingresos brutos por $4.1 billones y ascendieron su patrimonio bruto a $12.5 billones y líquido a $11.4 billones en 2020, siguen sin ser actores contribuyentes.
Eso sí, en medio del debate de finales de 2022 de la reforma tributaria en el Congreso hubo un intento liderado por la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien aún hoy lamenta que su propuesta no contara con mayor respaldo de parte de los legisladores y le confirmó a este diario que alista un proyecto de ley para la próxima legislatura. Su objetivo es que las iglesias que se dedican a otras actividades comerciales que no son de culto, la beneficencia o la educación, deban pagar impuestos.
“Muchas iglesias realmente no son sin ánimo de lucro, tienen negocios y prestan servicios y los que se quedan con ese dinero son los pastores o sacerdotes. Algunas, incluso, crean maquinarias electorales que hoy ponen senadores y representantes. La pelea nuestra es que se separe la iglesia de las actividades conexas, es decir, de los restaurantes, librerías, disqueras, peluquerías que algunas tienen, que haya una diferenciación y que se registren con diferente NIT”, indica la representante.
Miranda apunta que encontró resistencia y poca voluntad política para que en el texto de la reforma tributaria quedara un artículo para gravar con una tarifa de 20 % a las actividades que no estuvieran relacionadas con la fe.
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Desde el MIRA, el partido de la Iglesia de Dios Ministerial que tiene presencia en 900, de los 1.102 municipios de Colombia y en 60 países y a través de un comunicado aseguró no estar interesada en contratar con el Estado, el director y senador Manuel Virgüez Piraquive asegura que, a pesar de ser religiosos, apoyaron el proyecto: “Es cierto que hay iglesias con establecimientos, a lo mejor porque su labor del evangelio no se sustenta solo con los diezmos y necesitan más recursos. Pero, desde el sentido ético, lo correcto es que haya una competencia equitativa”.
La competencia equitativa es, precisamente, uno de los puntos centrales del debate, pues mientras un establecimiento de iglesia no debe pagar algunos impuestos, al ser considerada una actividad comercial conexa, el de un empresario común sí.
No obstante, desde el partido Colombia Justa Libres, que tiene una curul en el Senado, el excandidato presidencial John Milton Rodríguez defiende el aporte que hacen las congregaciones a la economía del país y asegura que hay impuestos como el IVA que pagan: “Generamos más de 265.000 empleos directos y más de un millón indirectos, y somos el octavo renglón de la generación de PIB. Por eso, las iglesias no deberían tener una afectación para que paguen más impuestos, sino seguir extendiendo la obra comunitaria a favor de las comunidades menos favorables”.
Ahora, con la firma del convenio la discusión de tributar toma más fuerza, pues ya podrían entrar directamente a competir por contratos y negocios. En el mismo oficialismo causó dudas y el embajador Roy Barreras, por ejemplo, señaló que debía tenerse cuidado con que no se generara un boquete de corrupción a través de la contratación directa.
El gobierno Petro ha dicho de frente que en los procesos de contratación se garantizará la igualdad participativa, y por lo mismo ha suspendido y declarado desiertos procesos. La entrada de las iglesias a estos negocios levanta algunas dudas por saber cuál será el manejo que le dará el Estado a las católicas y cristianas.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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