Entre aplausos y reparos

El comentario de moda es que se ‘desbogotanizó’ el gabinete. Hasta el propio presidente Juan Manuel Santos lo reconoció el pasado viernes en Blu Radio. También se ha dicho que el giro del Gobierno, a un año de su conclusión y a poco más de dos meses de que el jefe de Estado diga si va o no por la reelección, obedeció a constituir un equipo de trabajo pensando en los diálogos de paz. No obstante, en la medida en que pasan las horas surgen nuevos aplausos o reparos sobre la forma como quedó constituido el gabinete y, sobre todo, por la idoneidad o compromisos personales y políticos de quienes llegan a integrarlo.

La designación más criticada ha sido la del nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. La razón: su procedencia del sector palmero, a través de la gerencia de Indupalma, y su participación en la compra de baldíos en el departamento del Vichada, junto a su exesposa, la hoy ministra de Educación María Fernanda Campo. El Polo Democrático, que ha liderado los debates por la concentración de tierras a manos de sociedades privadas desconociendo los términos de la Ley 160 de 1994, ya puso el grito en el cielo. “Su nombramiento es una provocación”, fue el comentario del senador Jorge Robledo.

Lizarralde, de filiación conservadora, cercano a la exministra Marta Lucía Ramírez, tendrá que vérselas con la bancada del Polo, que ya alista baterías para confrontarlo. “Es un desacierto. Vinculado en la compra de predios baldíos, deja bastantes dudas que entre a ocupar el Ministerio de Agricultura”, recalcó el representante Wilson Arias. También desde las toldas del Partido Verde se han escuchado críticas. “El nuevo ministro y su exesposa, la ratificada ministra de Educación, se encontraron de nuevo en el gabinete, pero le deben una explicación a Colombia”, dijo la representante Ángela Robledo.

El presidente Santos, al anunciar su designación, lo calificó como “el arquitecto de un modelo exitoso de apoyo y colaboración entre el empresariado y los campesinos”, y dijo de él que es “la mejor garantía para liderar el pacto agrario”, que parte de un nuevo modelo de desarrollo fundado con el apoyo de los campesinos y la competitividad del sector agrícola. Además, lo declaró idóneo para sacar adelante las reformas acordadas en La Habana en materia de desarrollo rural, como quiera que ha sido uno de los empresarios más comprometidos con la paz de Colombia desde la Fundación Ideas para la Paz.

Algunos dirigentes gremiales ya salieron a defenderlo. El presidente de Fedepalma, Jens Mesa, por ejemplo, cree que la participación de este tipo de líderes en el Gobierno es lo que se necesita para la reactivación del campo y la agroindustria. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, agregó que Lizarralde va a contar con el apoyo de todo el sector privado y que su misión será dejar establecida una verdadera política agraria. El presidente de Fedepapa, Alejandro Estévez, manifestó que por haber vivido el desempeño del campo, va a aportar soluciones concretas.

Lo cierto es que, más allá de su conocimiento y del modelo que desde Indupalma impulsó para gestar alianzas entre pequeños, medianos y grandes productores, tendrá que enfrentar en inmediato plazo dos desafíos de marca mayor: el paro nacional agrario, que lleva tres semanas sin una solución definitiva, y la discusión del proyecto de ley sobre los baldíos, que tendrá que tramitar el Congreso en próximos días. Dos escenarios en los que Lizarralde, más que su conocimiento técnico, deberá sacar a relucir sus habilidades políticas.

La segunda designación que ha generado controversia es la que recayó en el excongresista liberal Amylkar Acosta, quien llega a la cartera de Minas y Energía. Nadie duda de su conocimiento sobre el tema, no sólo como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol durante los últimos años, o su trayectoria como viceministro de Minas o presidente de la Compañía Colombiana de Gas. No obstante, sorprende que uno de los principales críticos del Gobierno, especialmente por la anunciada venta de Isagén, sea quien tenga que liderar ese proceso ya en marcha.

Acosta ha dicho que esa venta es “inconveniente e inoportuna”. Además, ha criticado lo que denominó una “alocada carrera, firmando a troche y moche más y más tratados de libre comercio”. Ahora no sólo deberá defender lo que atacaba, sino que tendrá que vérselas con la consolidación de los acuerdos alcanzados después del paro minero o la recomposición del código del sector en el Congreso. Se dice que la empresa carbonífera Likuen, que ayudó a crear, le dará dolores de cabeza. La Contraloría investiga un negocio en el Casanare que no se ejecutó.

De todos modos, es un secreto a voces que Acosta cuenta con el mejor padrino político por estos días en Colombia: el expresidente Ernesto Samper. De hecho, fue uno de los primeros en trinar para elogiarlo: “Será la voz de la provincia y la izquierda liberal en el nuevo gabinete”. El director del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, añadió que si bien ha sido muy crítico con la política minera, es un tipo curtido en el asunto. “Es un experto en el sector energético y eso es clave”, añadió el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Alejandro Martínez.

El tercer nombramiento con polémica a bordo está en el Ministerio de Ambiente. Su nueva titular, Luz Helena Sarmiento, es una geóloga con mucho conocimiento técnico, pero entre los ambientalistas se dice que viene de las multinacionales mineras. No obstante, en su defensa también se afirma que como directora de la Agencia de Licencias Ambientales fue quien le puso el palo en la rueda a la llamada locomotora minera. Las opiniones están divididas. Hay quienes sostienen que permitió la prórroga de contratos inconvenientes, pero otros dicen que paró otros que iban a afectar al país.

“Es una mujer berraca que logró poner al día el represamiento de las licencias ambientales enfrentando muchas presiones”, destacó el representante de The Nature Conservancy en Colombia, José Yunis. El reconocido ambientalista Julio Carrizosa cuestionó que ya sean cuatro los ministros en esta cartera y agregó: “Quizás se les quiera dar más agilidad a los trámites de licencias ambientales y despejarles el camino a los grandes proyectos de las multinacionales”. Y el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez calificó a Sarmiento como una persona seria, pero lamentó que para el gobierno Santos no parece ser una cartera prioritaria.

La última designación a la que ya le aparecen los primeros reparos ha sido la del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Nadie cuestiona su experiencia como excongresista, exprocurador y exfiscal, pero se oyen voces dispuestas a revivir viejos debates. Por ejemplo, el exministro del Interior del gobierno Pastrana, Armando Estrada Villa, dijo: “Santos está tratando de revivir en cierta medida el proceso 8.000 dentro del gabinete”. Un comentario que revela como el nombre de Gómez Méndez se asocia también a la cuerda de Samper.

Santos lo presentó como el funcionario que va a ayudar con el desarrollo normativo de los acuerdos de paz y a colaborar en la construcción e implementación del modelo de justicia transicional. Ruda tarea que no sólo lo llevará a lidiar con los legisladores, algunos de ellos contradictores de vieja data, sino también con los magistrados de las altas cortes, atentos a cualquier reforma que modifique sus inamovibles. De cualquier manera, sus actuaciones como procurador o fiscal dejaron rivales que van a volver a aparecer en los estrados de la política.

La percepción sobre los otros dos cambios en el gabinete

Hay otras particularidades frente al último giro administrativo del presidente Juan Manuel Santos. Que los conservadores perdieron terreno, que el gavirismo se quedó sin representación, que el Caribe repuntó en los puestos de poder o que el expresidente Samper volvió a demostrar que por más palo que le den recordando su accidentado cuatrienio por cuenta del Proceso 8.000, ahí sigue con su poder a cuestas.

Lo cierto es que en poco tiempo se verá si el giro fue suficiente para la última empresa: la reelección. Por ahora, sobre los otros cambios, hay que decir que Aurelio Iragorri Valencia sale de la trasescena y salta al protagonismo del Ministerio del Interior y que Planeación Nacional, a donde llegó Tatiana Orozco, conserva su línea técnica.

Sobre la designación de Iragorri Valencia, es la que menos prevenciones genera. Según el presidente Santos, su reto es seguir avanzando en la agenda legislativa y fortalecer la Unidad Nacional alrededor de la búsqueda de la paz. Hay quienes cuestionan su cuna política (es hijo del senador caucano Aurelio Iragorri Hormaza y nieto del expresidente Guillermo León Valencia) y otros califican negativamente su papel como mediador en muchos de los conflictos sociales en los que ha intervenido, calificándolo como una persona autoritaria. Vale decir que muchas de esas mediaciones se han resuelto con éxito.