Entrega de Erpac, dolor de cabeza para la justicia

Lo que inicialmente iba a ser un triunfo de la justicia colombiana, por el primer sometimiento masivo de 350 integrantes de la banda criminal Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista), terminó por convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno nacional, dado que, sin ninguna explicación oficial, quedaron en libertad 248 combatientes rasos por no tener activo ningún requerimiento de la justicia. Eso significa que sólo podían permanecer retenidos 36 horas, pero la Fiscalía y la Procuraduría están trabajando en las respectivas órdenes para recapturarlos. Según la misma Fiscalía, todos fueron judicializados por el CTI y se encuentran en el radar de las autoridades.

Tras tres días de incertidumbre para la justicia y los desmovilizados, la Fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir a seis integrantes del Erpac que se sometieron a la justicia: Gilberto Aguirre Aguirre, alias Luna de Miel; José Yesid Castellanos, alias Brasil; Éver Triana Lozano, alias Alejandro; Yeison Alexánder Pinilla Muñoz, Boyaco; Misael Rangel Gaona, Sargento León; Carlos Eduardo Enciso Arias, alias Venancio o Camilo.

Entre tanto, José Eberto López Montero, alias Caracho; Germán Ramírez Devia, alias Vacafiada; Buenaventura Asprilla, alias Chorillano; Óscar Fabián Guerrero, alias Caribe; Luis Antonio Rincón Herrera, alias Pájaro, y Darío Uribe Figueroa, alias Puntocom, rindieron indagatoria en el Palacio de Justicia de la capital del Meta. A todos ellos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento y fueron enviados a la cárcel La Picota, “para garantizar su seguridad durante el juicio”.

Pero según algunos abogados la justicia sufrió un fuerte golpe al tener que dejar libres a 248 de los integrantes de esta banda. De las 269 personas que se sometieron en total, sólo 21 quedaron a disposición de la justicia. Según datos de Inteligencia Militar, el total de miembros que tiene esta banda es de unos 1.100, lo que quiere decir que sólo un 25 por ciento se entregaron.

Luis González, director Nacional de la Unidad Bacrim de la Fiscalía, manifestó que en la base de datos se estableció quiénes tenían orden de captura para dejarlos a disposición de los fiscales para que realicen el correspondiente procedimiento. “A aquellos que no tienen orden de captura se les iniciaría un acto de judicialización con el CTI”, explicó .

Por su parte, el líder de esta agrupación, alias Caracho, sobre quien pesan varias órdenes de captura, deberá enfrentar el proceso judicial tal y como lo establece la Ley 600, por lo que hoy no se puede hablar de penas. “Ellos, como cualquier procesado, tienen derecho a los beneficios de la Ley 906 o la 600. Cada caso se revisará cuidadosamente para determinar cuáles son los beneficios y los estímulos correspondientes a la confesión que se les puede otorgar. Sin embargo, no pueden hacer parte de justicia y paz, dado que lo que se presentó fue un sometimiento a la justicia.