Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Comisión Colombiana de Juristas ha hecho seguimiento a los desarrollos judiciales de la JEP, el órgano creado para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Por motivos políticos e ideológicos, el gobierno entrante, ¿puede eliminar esa jurisdicción “de un plumazo”, como lo ha dicho repetidas veces el presidente electo?
No es posible desaparecer “de un plumazo” una institución creada en virtud de un acuerdo de paz que hace parte integral de la Constitución, como es la JEP. Para modificarla o eliminarla sería necesario, entre otras acciones, tramitar ante el Congreso una reforma constitucional y lograr que sea aprobada allí. También hay una serie de mecanismos y disposiciones que protegen la Jurisdicción y, en general, el Acuerdo de Paz, de posibles ataques como el que se ha venido anunciando. Además, eliminar la JEP tendría un altísimo costo político para Colombia a nivel internacional, pues implicaría atacar el corazón de un acuerdo y de un modelo de justicia transicional que hoy son mundialmente reconocidos y que son observados con lupa.
¿En qué consisten las protecciones constitucionales y legales con que fue creada la JEP cuando se firmó el Acuerdo de 2016 entre la entonces guerrilla de las FARC y el Estado, en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos?
La JEP fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017, como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Además, también cuenta con el blindaje jurídico que cobija la totalidad del Acuerdo Final establecido en el Acto Legislativo 02 de ese mismo año. En este documento se ordena que todas las autoridades del Estado cumplan, de buena fe, lo acordado y actúen honrando la coherencia, integralidad, espíritu y principios del Acuerdo durante los tres períodos presidenciales completos posteriores a la firma. Es decir que, en ese lapso, ninguna autoridad puede reformar o aplicar la Constitución y las normas de implementación, de forma que se desconozca, vacíe o desfigurar lo pactado.
Entiendo que también hay una ley que regula la autonomía de las ejecuciones de la JEP de tal modo que no pueda ser, nunca, presionada por razones políticas ¿Es así?
El funcionamiento de la JEP se definió mediante una ley estatutaria. Significa que, para modificar ese funcionamiento, debería realizarse un trámite similar y con control previo de constitucionalidad. A lo anterior se suma la autonomía judicial, administrativa, presupuestal y técnica de la propia JEP, prevista, precisamente, para evitar interferencias de otras instituciones, y para garantizar tanto los derechos de las víctimas como la seguridad jurídica de quienes se sometieron a ella.
En una entrevista reciente, la descripción del presidente electo sobre esa jurisdicción fue la siguiente: “La JEP no es un tribunal judicial. Es un ‘directorio político’ disfrazado de tribunal, instituido para lavarles las manos manchadas de sangre a los jefes narcoterroristas de las FARC y perseguir, de la manera más humillante, a los héroes de la patria (militares y demás uniformados)…” Con tal delineación negativa, ¿la JEP podrá sobrevivir los cuatro años del Gobierno que empieza el 7 de agosto?
Teniendo en cuenta la importancia, a nivel mundial, de este tribunal y del modelo colombiano de justicia transicional, en lugar de sabotearla, el nuevo Gobierno debería apoyar la JEP para que termine de cumplir su labor. Esclarecer lo ocurrido en cinco décadas de conflicto armado, e identificar y sancionar a los principales responsables de toda esa violencia en un plazo de 15 años, no es tarea fácil. Con todo, la Jurisdicción ya ha recorrido mucho camino y sabe que, en el tiempo que le resta de su actuación (según lo previsto en el Acuerdo), debe llegar a conclusiones asegurándose de que los derechos de las víctimas sean garantizados. Si no se interrumpe su tarea, en los próximos cuatro años la JEP completará la etapa investigativa de los 11 macrocasos que tiene abiertos; producirá nuevas sentencias; habrá podido materializar las sanciones que se han impuesto en las sentencias que ya se conocen, y habrá cerrado otros casos. Solo entonces se podrá discutir, con suficientes evidencias, la efectividad de la justicia administrada.
“Podría ocurrir que varios de los máximos responsables (que no sean sancionados debido al cierre de la JEP), terminen siendo procesados por la Corte Penal Internacional, CPI”.
Creo que la JEP va a tener que republicar lo que ha hecho porque en otra de sus referencias a esta jurisdicción, De la Espriella aseguró que “La JEP no ha producido absolutamente nada… (y) no se justifica que un organismo como ese, gaste tanto dinero sin producir resultado alguno…” ¿Ustedes, en la Comisión de Juristas, están de acuerdo con que ese tribunal no ha adelantado ninguna tarea?
Decir que la JEP no ha producido nada es desconocer el trabajo que hace. La Jurisdicción Especial ha emitido, ya, dos sentencias, una, contra los siete integrantes del Secretariado de las antiguas FARC por la práctica de los secuestros que dejó más de 21 mil víctimas; y otra, dictada contra doce militares ® del Batallón La Popa por 135 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales (los mal llamados “falsos positivos”). En esas sentencias hay un recuento muy detallado de la verdad sobre la forma como estos crímenes se planificaron y cometieron, así como sobre la responsabilidad que les cabe a los condenados de uno y otro lado. Pero además de las sentencias con enfoque restaurativo y de dos condenas más en casos de comparecientes que no reconocieron responsabilidad, hay decisiones de importancia judicial como autos y resoluciones.
Deme, por favor, ejemplos concretos y tangibles sobre verdades del conflicto armado que se hayan concretado en sede de la JEP.
Hay multiplicidad de decisiones intermedias en las que se recoge una invaluable cantidad de información en todos los macrocasos sobre los patrones de violencia y los crímenes cometidos tanto por las antiguas FARC como por la Fuerza Pública en las regiones de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); en Urabá, o en el norte del Cauca y el sur del Valle; sobre las dinámicas y la alarmante dimensión del reclutamiento forzado de niñas y niños por parte de ese grupo guerrillero incluyendo la cifra de 18.677 reclutamientos; sobre la manera como se ejecutó el genocidio contra la Unión Patriótica; las alianzas entre paramilitares y militares para cometer desapariciones forzadas; sobre violencias particulares cometidas contra pueblos étnicos; y sobre tomas guerrilleras, masacres, desplazamientos y atentados contra la infraestructura.
¿Significa que las víctimas han logrado tener más información sobre los casos de asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos contra ellas y sus familiares?
Debido a la representación judicial de víctimas que hacemos en la Comisión Colombiana de Juristas, hemos visto que, para muchas de ellas, la JEP ha sido el único escenario en donde han logrado ser escuchadas por el Estado y encontrado algo de verdad por la oportunidad de preguntar y recibir respuestas directas por parte de los perpetradores -militares o guerrilleros- sobre lo que les pasó a sus familiares desaparecidos o asesinados y los motivos por los cuales fueron victimizados. Incluso, en algunos casos, han recibido peticiones de perdón por lo sucedido, por parte de los comparecientes que han confesado sus delitos. Todo lo anterior contiene un potencial enorme para ayudar a que ellas sanen sus heridas.
¿En cuáles casos la Comisión Colombiana de Juristas ha ejercido representación judicial y para apoyar a quiénes?
La Comisión siempre ha representado a las víctimas, tanto de la fuerza pública como de las antiguas FARC. En la JEP participamos en varios de los macrocasos, asistiendo a cerca de 2.000 personas que han sufrido, directamente, los efectos del conflicto armado.
Si el nuevo Gobierno cumpliera su intención de cerrar la JEP, ¿qué sucedería, entonces, con los derechos y expectativas de las cerca de 15 mil de víctimas individuales y 400 colectivas que fueron admitidas y participan en los procesos que se estudian en esa jurisdicción?
Es difícil adelantarse a lo que ocurra, sobre todo sin conocer, a fondo, lo que significa el anuncio hecho; pero si de alguna manera el gobierno entrante hiciera desaparecer la JEP antes de tiempo, se correría el riesgo de generar un caos jurídico. A las víctimas se les incumpliría su expectativa de tener una justicia rápida y especial, y quedarían a merced de la justicia ordinaria que, durante décadas, ha sido incapaz de resolver crímenes como los de desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento o violencia sexual, entre otros. Las víctimas de las antiguas FARC, en crímenes de desapariciones, desplazamientos o violencias de género, verían truncada la posibilidad de que estos delitos sean explícitamente reconocidos. Y, en cuanto a las víctimas de integrantes de la Fuerza Pública, quedaría frustrada su expectativa de adjudicar responsabilidades individuales por los crímenes cometidos, al ascender en las cadenas de mando, materia en que la JEP ha hecho avances mientras que en la justicia ordinaria no existen investigaciones contra altos mandos militares.
“Una decisión de ese tipo mostraría a Colombia como un país sin estabilidad jurídica y en el que no se puede confiar porque no honra sus compromisos ni respeta el dolor de sus víctimas…”
Del otro lado, si se concreta el cierre de la JEP, ¿qué pasaría con los cerca de 4 mil exmilitares y 10 mil exguerrilleros desmovilizados que están siendo juzgados en ese tribunal?
El gobierno sería responsable de producir y consolidar un estado de impunidad, si impide que se apliquen las sanciones que la Jurisdicción impuso; dejaría en el limbo, así sea temporalmente, a quienes no tienen su situación jurídica definida, e imposibilitaría que se siga procesando a quienes ya fueron identificados, por la JEP, como máximos responsables de los crímenes del conflicto armado. Eso equivaldría a una amnistía disfrazada. Además, los beneficios que recibieron los comparecientes se esfumarían: se revocarían las detenciones en unidades militares y las libertades condicionales otorgadas, y se tendrían que reactivar las condenas suspendidas (en la justicia ordinaria). En el caso de quienes no hayan sido considerados máximos responsables, la expectativa de acceder a la renuncia de la persecución penal por parte del Estado desaparecería. Los comparecientes podrían, entonces, acudir a acciones judiciales nacionales e internacionales ante la evidente violación de principios y derechos adquiridos, como la confianza legítima o la seguridad jurídica, entre otros. Por si fuera poco, ante las condiciones y beneficios particulares que ofrece la JEP, todos ellos renunciaron a su derecho a no autoincriminarse para participar en las versiones voluntarias. Pero la información que aportaron, allí, perdería su valor probatorio en la justicia ordinaria.
Y, la justicia ordinaria, atiborrada de procesos, lenta, demorada e ineficiente en la mayoría de los procesos que conoce, ¿podría recibir y, sobre todo, resolver la avalancha de casos que ya avanzan en la JEP?
Difícilmente la justicia ordinaria podría investigar a todos los actuales comparecientes y dar respuestas oportunas a las víctimas. Incluso si pudiera hacerlo, el tiempo que tomaría la transición de una justicia (JEP) a la otra (ordinaria) afectaría las posibilidades de verdad y de justicia en estos casos. Por ejemplo, muchos de los crímenes que hoy se investigan prescribirían, acabando con la posibilidad de esclarecerlos. Es importante recordar que la obligación internacional del Estado de investigar las graves violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH, se mantiene vigente. Si Colombia no la cumple, las víctimas podrán acudir a los mecanismos internacionales. En este sentido, la Corte Penal Internacional (CPI) cerró su examen preliminar sobre Colombia, en 2022, sobre la base de que, a través de la JEP, se haría justicia frente a los más graves crímenes del conflicto armado. La eliminación de la Jurisdicción se interpretaría como una falta de voluntad estatal y podría dar lugar a la reapertura de ese examen. Y podría ocurrir que varios de los máximos responsables no sancionados, terminen siendo procesados por ese tribunal internacional (CPI).
Por lo que ha repetido el presidente electo, la JEP no es el único objetivo a destruir. Los proyectos nacidos del Acuerdo para implementarlo, como el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la Reforma Rural Integral y otros, también serían clausurados. Este nuevo gobierno, ¿terminará concretando el objetivo de “hacer trizas la paz” que prometió el exministro de Uribe Vélez, Fernando Londoño, hace varios años?
Esperemos que eso no pase. Una cosa es la campaña electoral en que se pueden expresar muchas intenciones o deseos, y otra es la enorme responsabilidad de gobernar una nación, no solo para su propio pueblo, sino de cara al resto del mundo.
Si la administración que tomará posesión el próximo 7 de agosto no cierra la JEP pero la asfixia quitándole el presupuesto para su funcionamiento, ¿Colombia incumpliría compromisos internacionales que adquirió con organismos y países “cooperantes” (ONU, Suecia, Noruega, Reino Unido, Unión Europea, entre otros) que han dado esfuerzos académicos y económicos para supervisar el desarrollo de los mismos?
En primer lugar, el cierre abrupto de la JEP significaría el incumplimiento de Colombia consigo misma, con su pueblo, con lo acordado en 2016 y recogido en la Constitución. En segundo lugar, y más allá de los Estados cooperantes, sin desconocer la importancia de sus apoyos técnicos, financieros y políticos, una decisión de este tipo nos mostraría como un país sin estabilidad jurídica, en el que no se puede confiar porque no respeta el dolor de sus víctimas, no honra sus compromisos ni valora el respaldo que ha recibido durante más de diez años para construir la paz. Colombia perdería credibilidad como interlocutor político en el mundo.
Si el retiro del país de esos organismos se implementa, sería un tiro en el pie: ¿qué sucedería con la participación del Estado, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Colombia preside en la actualidad y hasta el año entrante, 2027?
Con su eventual retiro de los escenarios multilaterales, Colombia perdería el actual reconocimiento internacional como país comprometido con los derechos humanos y la paz el cual nos ha valido, entre otros, las recientes elecciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos y como miembro y actual presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano cardinal en materia de paz y seguridad internacionales. El país perdería una oportunidad única para participar e influir en los debates y las decisiones más relevantes de la diplomacia global actual, lo cual no solo resultaría inconveniente para la imagen y la credibilidad del país, sino que sería poco estratégico.
“Seríamos el primer país del mundo en salir de la ONU”
Además de la eliminación de la JEP, el presidente electo ha insistido en que Colombia se retire de la ONU, OEA y del Sistema Interamericano. De la Espriella calificó esos organismos como “directorios políticos de izquierda que no sirven para nada”. Esa pretensión, ¿es benéfica y realizable?
La idea de retirar a Colombia de los principales escenarios multilaterales nos llevaría a marginarnos internacionalmente. Con todas las dudas y reparos que puedan existir en la actualidad frente a la eficacia de esos organismos, seríamos el primer país del mundo en optar por apartarse de la ONU, algo que ni siquiera el presidente Trump ha hecho. En cuanto a la OEA, compartiríamos con Nicaragua el deshonroso lugar como los únicos países que estarían fuera de esa organización; y frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos ubicaríamos en la esquina de la Venezuela de Chávez. Ahora bien, hacer realidad la intención de retirarse de la ONU o de la OEA y de su Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no es tan sencillo. Como reza el dicho, “en derecho, las cosas se deshacen como se hacen”: el gobierno tendría que seguir una serie de procedimientos que incluyen su paso por el Congreso para conseguir su aprobación.
Conoce más