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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) dio a conocer este lunes el informe final de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Se trata de un documento que analizó estos comicios y que servirá de base para que la organización entregue una serie de recomendaciones a Colombia para avanzar en la transparencia de los procesos electorales.
El informe destaca que las elecciones de 2022 fueron las “más plurales jamás celebradas en el país”, sin embargo, también llama la atención algunos temas para mejorar los procesos de participación electoral, como el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la paridad política y la prevención de la compra de votos. El Espectador habló con Javier López Fernández, diputado al Parlamento Europeo y jefe de la Misión sobre estas recomendaciones.
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¿Cuál es la conclusión general que deja el informe?
A grandes rasgos, el informe habla de un proceso electoral muy positivo, en un país con una larga cultura democrática y con instituciones sólidas; sin embargo, durante el proceso surgieron algunas dificultades, especialmente en el pre conteo de las elecciones legislativas, lo que se dio en medio de una fuerte tensión política.
De modo que, si bien vimos escenarios de polarización, la democracia colombiana se supo sobreponer y superar ese clima de confrontación política tan elevado, lo que dio como resultado una alternancia histórica del poder, a un gobierno de características progresistas.
¿Cuál es el paso a seguir de la MOE-UE, ahora que el informe fue entregado?
Lo que viene ahora son las recomendaciones, que son muy importantes en este momento, pues el país vive un debate sobre reformas electorales y políticas. Nos parece muy pertinente que esas reformas sean hechas ahorita, al inicio del mandato de Gustavo Petro, pues así no da en mensaje de que se intentan modificar las reglas de juego cerca a la partida para obtener algún beneficio.
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Según dijeron, esas recomendaciones serían compartidas al presidente de la República, así como al del Congreso, Roy Barreras. ¿Qué sugerencias les harán?
A ojos de los estándares internacionales, hay varias mejoras por hacer. Lo primero tiene que ver con la financiación de las campañas electorales y los mecanismos de control: hablamos del dinero que llega a la vida política del país, en donde creemos que se requieren mejores herramientas, revisar las campañas y asegurar que no llegue dinero de zonas oscuras.
También creemos que se debe hacer pedagogía sobre el voto secreto, aunque es claro que es un derecho, se podrían mejorar cuestiones como la colocación de las cabinas para ejercer el voto, así como la formación de los jurados y trabajos de concientización de lo que significa el voto secreto para los ciudadanos, con ello, podría darse la lucha contra la compra de votos, que fue un fenómeno que vimos durante las elecciones legislativas.
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También se pueden hacer cambios legislativos por la paridad de género. Otra cosa que notamos fue el papel de la Procuraduría durante la campaña, en la suspensión de alcaldes. A ojos de los estándares internacionales, que los alcaldes participen en las campañas, hace parte de la libertad política. Otra cosa son funcionarios como militares, policía o jueces, a quienes sí se les puede limitar la partición.
¿Cómo consideran que fue el papel de la Registraduría Nacional en las elecciones legislativas?
La Registraduría, como institución, tiene una enorme capacidad técnica y, para los problemas que surgieron existían mecanismos de trazabilidad para subsanarlos. Por lo tanto, tuvimos gran colaboración y cooperación con órganos territoriales y centrales; la Registraduría tiene muy buenos profesionales. Ahora bien, lo que sí advertimos es que es muy importante que los portavoces de la Registraduría y de cualquier órgano electoral sean muy cuidadosos con enviar mensajes que puedan parecer politizados.
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Precisamente, cursan dos proyectos de ley en el Congreso para quitarle la naturaleza política al CNE y crear una Corte Electoral, ¿cree que esta pueda ser una solución?
Son mecanismos razonables, que forman parte del debate, pero la idea es reforzar las instituciones electorales, asegurar su autonomía y que tengan herramientas para cumplir sus funciones para asegurar que no haya injerencia política en su funcionamiento: esa debe ser la lógica que hay que perseguir.
¿Por qué incluir entre las medidas prioritaritas el voto secreto?, ¿qué encontraron en ese punto?
Tiene que ver con su relación con la compra de votos. En términos generales, el país es muy consciente de que su voto puede ser secreto y hay una infraestructura para garantizarlo, pero, creemos que se podría pensar en un mejor diseño y que debe haber mayor pedagogía sobre la importancia de eso. Probablemente, más allá del combate directo contra la política criminal de la compra de votos, la concientización del voto secreto es uno de los mejores mecanismos para combatir ese problema.
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¿Conocen los proyectos de reforma política y reforma electoral que cursan en el congreso?, ¿qué opinan de esas propuestas?
Sí, de hecho, hablaremos con una parte de los interlocutores y protagonistas de esos debates. En muchas de las cuestiones que hoy se están discutiendo no existen estándares internacionales o solo parten del debate público y político. Sin embargo, hay decisiones soberanas que los países toman y hay otras cuestiones que técnicamente se puede mejorar.
¿En esos textos ya ven reflejadas sus recomendaciones o debería incluirse algo?
Los temas que nosotros tratamos en nuestras recomendaciones forman parte de la conversación política del país, especialmente por lo que se ha planteado en la reforma electoral. Nos alegra en tanto queremos ser respetuosamente útiles y aportar con nuestras sugerencias a este debate que está teniendo el país sobre la soberanía de sus órganos y sus cámaras legislativas.
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¿Por qué hacen tanto énfasis en el asunto de la Procuraduría y la suspensión de alcaldes durante la campaña, por ejemplo lo que pasó con Daniel Quintero?
Nos parece muy anómalo lo que ocurrió, y, también a ojos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue equívoco. Un órgano administrativo no debería suspender, sin un proceso judicial, a una persona de un cargo público. Es anómalo democráticamente y de hecho, que los alcaldes participen de la vida pública durante las campañas electorales hace parte de la libertad política.
En segundo lugar, cualquier suspensión de una persona de un cargo público lo debería hacer el poder judicial, con todas las garantías que eso conlleva. Así que nos parece razonable que haya una reforma en este sentido.
Hablan de acabar con la pérdida de derechos políticos ante los condenados, ese es uno de los pilares del sistema político colombiano, ¿por qué cambiar este punto?
Nos parece que la inhabilitación para cargos públicos debería ser proporcional a la pena y, en el caso colombiano, cualquier delito con dolo da una limitación de forma permanente. Los códigos penales en términos internacionales dan una pena de inhabilitación proporcional al delito y a la pena de privación de la liberta. Obviamente, es razonable y lógico que haya inhabilitaciones, pero no debería haber una inhabilitación absoluta frente a cualquier forma de delito, porque eso puede llevar a injusticias.
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Ustedes hablan de crear una Unidad de Monitoreo de Medios de Comunicación, ¿eso no podría limitar la libertad de prensa?
No, para nada, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la vida pública del país y hay que ser profundamente respetuosos ante sus posiciones y opiniones, pero, como juegan un papel fundamental, nos parece razonable revisar su transparencia.
Una de las funciones que teníamos desde MOE-UE era el monitoreo de los medios tradicionales y de las redes sociales, pero, eso no iba en contra de la libertad de prensa; simplemente se trata de buscar datos y transparencia frente a la conversación pública.
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