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Los ojos de la justicia —y del país— están sobre Ricardo Roa, el exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol. Sobre sus hombros recaía toda la responsabilidad a nivel operativo, logístico y, sobre todo, financiero. Una de sus funciones era administrar los dineros que entraban a la campaña presidencial que, según Transparencia por Colombia, costó casi $ 13.200 millones solo la segunda vuelta. Esto, a pesar de que Petro sólo reportó ingresos por $ 11.638 millones.
El nombre de Roa ya está en el expediente judicial del caso Nicolás Petro, luego de que este confesara ante la Fiscalía que sí recibió dineros irregulares y que, además, parte del dinero se utilizó para la financiación de la campaña del hoy presidente, sin que fueran reportados en la contabilidad. Esta declaración puso los ojos de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral sobre quienes administraron los recursos económicos en la campaña Petro Presidente.
Lo cierto es que la responsabilidad financiera no estaba sólo sobre Roa. El Espectador encontró que las dos tesoreras de la campaña en primera vuelta fueron la contadora Lucy Aydée Mogollón Alfonso y la ingeniera Stephanie Bornacelli Barreneche. Esta última, de hecho, se posesionó en noviembre de 2022 como gerente de Bonos y Cuotas del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de la alcaldía de Bogotá. Lo curioso es que, según la información que reportaron en Cuentas Claras, para la segunda vuelta presidencial no se nombró a nadie como tesorero y, en cambio, Mogollón apareció como la encargada de los honorarios de arrendamiento de otras sedes políticas en el país.
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Otra de las mujeres que podría tener responsabilidad, en caso de que se llegue a comprobar que los dineros entraron con conocimiento del gerente de campaña, es el de la contadora María Lucy Soto Caro, auditora interna del movimiento Colombia Humana y de la campaña presidencial. Su nombre aparece en varios documentos junto al de Roa, como la responsable de revisar toda la documentación y de garantizar la transparencia. De hecho, Soto también ha trabajado en Transparencia por Colombia y actualmente es la secretaria general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En el escándalo de Nicolás Petro, que está concentrado en la Costa Atlántica, se repite varias veces el nombre de Máximo Noriega, un cuestionado político cercano a la familia presidencial y a quien denominan como el “padrino político” de Nicolás. De hecho, fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro en el Atlántico en su candidatura de 2010. También trabajó con el hoy mandatario en su campaña para ser alcalde de Bogotá, y aunque su nombre no aparece en los reportes oficiales de la campaña de 2022, la cercanía de Noriega con Nicolás es irrefutable: financió su campaña a la gobernación del Atlántico en 2019.
Para ese proceso, Petro Burgos reportó que Noriega le entregó $ 11.305.000 de financiación privada. Sin embargo, ese dinero se le multiplicó en los últimos cuatro años, pues aunque no fue elegido como gobernador, se quedó con un escaño en la Asamblea del Atlántico, tras haber sido el segundo candidato con más votos. En ese cargo, Petro Burgos le dio cuatro contratos a su amigo Máximo Noriega, que suman $ 134 millones, para que fuera su asesor financiero.
Según las versiones que han entregado a la Fiscalía Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, —su exesposa—, Máximo Noriega habría sido quien sirvió de intermediario para recibir y gestionar los dineros irregulares del exnarco Samuel Santander Lopesierra (conocido como el Hombre Marlboro, hoy candidato a la alcaldía de Maicao) y del megacontratista cuestionado Alfonso “Turco” Hilsaca. Aunque todavía no se conoce el monto exacto, se dice que habrían sido unos $ 1.600 millones.
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En las personas que también podrían terminar involucradas en el proceso judicial está el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien está en la mira de la justicia por la filtración de unas conversaciones, supuestamente, con la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia. En esas grabaciones, que son material de la Fiscalía, se oye decir a Benedetti que si se enteraran “de quién fue el que puso los $15.000 millones en la Costa (para la campaña presidencial), nos jodemos todos”.
El poder de Benedetti en la campaña de Petro en el Atlántico fue tal, que también involucró a Euclides Torres, un contratista poderoso en Barranquilla, cercano al exembajador. Una de las revelaciones que hizo la Fiscalía en la audiencia del 3 de agosto, es que el “Clan Torres”, un poderoso grupo de empresarios del que hace parte Euclides, habrían sido los principales financiadores en ese departamento. El fiscal Mario Burgos, de hecho, aseguró que existe un relacionamiento entre Nicolás Petro, Euclides Torres y Armando Benedetti.
El nombre de Alfonso Prada, exjefe de debate de la campaña presidencial y actual embajador en Francia, también fue mencionado en las audiencias luego de que el fiscal revelara unos chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez en el que, aparentemente, le estaría contando a su expareja que Prada le dio unos “cupos” en el Ministerio del Interior. Según el fiscal, en los chats Nicolás decía: “Me dio diez cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga (Magdalena), uno para ayudar a mi mamá, otro para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”.
No es la primera vez que Prada es salpicado por el escándalo. En marzo de 2022, cuando se destapó el caso de la niñera de Laura Sarabia, Semana reveló unos audios en los que se escucha al exembajador decir que Prada y su esposa “se robaron el Ministerio del Interior”. Por ese hecho, la Fiscalía abrió tres líneas de investigación por presunta corrupción en el Gobierno, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de los topes electorales. Prada fue llamado a declaratoria el pasado 23 de junio, antes de que el escándalo de Nicolás Petro permeara al Alto Gobierno.
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Por Valentina Parada Lugo
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