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La revelación de posibles nexos de altos funcionarios del primer gobierno de izquierda, al mando del presidente Gustavo Petro, con una de las narcodisidencias que hoy negocia en la estancada “paz total”, la de “Calarcá Córdoba”, sacudió al Ejecutivo a un punto que dejó en silencio al jefe de Estado por más de 22 horas. La razón es que no solo golpea la credibilidad de desarmar a las estructuras criminales recicladas de las extintas Farc con su estrategia de varias mesas, sino que repercute en su círculo interno, en su agenda legislativa e, incluso, en la ruta electoral trazada por el Pacto Histórico para 2026.
El presidente Petro, después de casi un día de conocerse la información, salió en defensa de Wilmar Mejía –funcionario de su entera confianza dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia– y del general Juan Miguel Huertas –a quien Petro reintegró en el Ejército a mediados de 2025–, quienes terminaron salpicados por una serie de archivos digitales en los que se habla de sus posibles nexos con ese grupo ilegal. El mandatario argumentó que los informes de inteligencia revelados por Noticias Caracol son “falsos” y que, supuestamente, se trata de una persecución a funcionarios que “me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”.
En medio de esto, Petro aseguró que el supuesto origen de esta información sería la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA): “Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno. No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se de cuenta que los informes que recibe vienen es del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones”.
Y aunque la vicepresidenta Francia Márquez ya se había referido a través de un comunicado sobre los chats en los se habla de su presunta ayuda para hacer un puente entre los ilegales y la campaña presidencial de 2022, este lunes reiteró su rechazo “a estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mivínculo con grupos ilegales […] Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales”.
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El tema llevó a que el presidente comenzara a hacer consultas con sus asesores cercanos para definir cómo responder. De ahí que se haya demorado casi un día en reaccionar, mientras que en la Casa de Nariño se estudiaban los alcances del nuevo escándalo que sacude a esta administración, a nueve meses de entregar el poder. Pero no es la primera vez que un episodio con eslabones y alcances judiciales pone en jaque los intereses del gobierno.
Cuando estalló el escándalo con el caso de corrupción del millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que cobró la cabeza del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y hoy tiene imputados a dos congresistas, el exsenador Iván Name y el exrepresentante Andrés Calle, por presuntamente recibir coimas, el presidente se tomó casi un año para admitir que funcionarios de su entraña habrían cometido delitos. En varias ocasiones, el presidente ha insistido en que fue una situación que ocurrió a sus espaldas e, incluso, ha acusado directamente a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, de “traicionar” los intereses del gobierno. El pasado 20 de julio, ante el Congreso, el presidente reconoció la “responsabilidad política” por el nombramiento de López.
También ocurrió con el contrato para adquirir 16 aviones Gripen a la sueca Saab por COP 16,8 billones, en el que han surgido dudas sobre por qué la Casa de Nariño escogió a esa empresa para reemplazar los aviones Kfir. Al respecto, el presidente ha defendido la transparencia del acuerdo e, incluso, ha pedido que se levante la reserva del contrato para que se conozcan todos los detalles del billonario proceso contractual. Esto también terminó tocando a la primera Dama Verónica Alcocer, quien, desde hace varios meses, reside en Suecia, sede de la casa matriz de la fabricante de las aeronaves.
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Y cuando Estados Unidos lo incluyó a él, a Alcocer y al ministro del Interior, Benedetti, en la lista Clinton, argumentando que fue porque la política de “paz total” permitió el fortalecimiento de grupos armados, Petro ha insistido en que se trata de una persecución en su contra desde el gobierno de Donald Trump.
Ahora, en el caso de la supuesta relación con disidencias, la atención se ha enfocado en otra entidad fortalecida desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta ha sido clave para el discurso del presidente de una presunta persecución en su contra. De esa entidad salió, por ejemplo, la información sobre el software Pegasus que, según el jefe de Estado, se utilizó para espiarlo durante su campaña. Esa priorización de la DNI se ve también con quienes han sido su cabeza: Manuel Alberto Casanova, el imputado por corrupción Carlos Ramón González –por el desfalco a la UNGRD– y Jorge Lemus. Los tres que han dirigido la inteligencia nacional compartieron filas con el presidente Petro en el M-19.
Además, ha habido un crecimiento presupuestal. En 2022, la DNI tenía recursos para inversión y funcionamiento por el corte de COP 108.070 millones. En 2025, la cifra es de COP 193.820 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 80 %. En 2023, sus recursos aumentaron a COP 143.829 millones y en 2024 escalaron a COP 190.585 millones. Para 2026, tendrá una reducción de unos COP 20.000 millones hasta COP 177.658 millones, que se entiende, sobre todo, por la crisis fiscal que enfrenta Colombia.
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Que un alto funcionario de la DNI, como es el caso de Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia de la entidad, haya sido señalado como una ficha en la supuesta relación del ejecutivo con las disidencias de “Calarcá”, ha generado cuestionamientos en el fortalecimiento que le ha dado el presidente a esa agencia. En todo caso, sobre la llegada de Mejía, la DNI ya indicó a través de un comunicado de prensa que “los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación a la DNI”.
El otro frente que golpea el escándalo de la supuesta entrega de información a las disidencias es el de la agenda legislativa. Congelados en medio de los debates por el nuevo escándalo quedan las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, como lo son el proyecto de ley de financiamiento, el de sometimiento –que, además, está frenado por la interinidad en el Ministerio de Justicia y es clave para la política de “paz total”– e, incluso, el que busca garantizar la existencia del Ministerio de la Igualdad más allá del 20 de junio de 2026 y que, precisamente, está agendado para discutirse desde este martes en las comisiones primeras de Senado y de Cámara.
En todo caso, desde la oficina de prensa del ministro Benedetti señalaron que las tensas relaciones con el Congreso se han visto afectadas es por otros factores y no por el nuevo escándalo: “Los problemas en la agenda legislativa no obedecen al informe periodístico de Noticias Caracol. Esas mismas dificultades se vienen presentando desde la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Nada tiene que ver lo recientemente informado”.
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También buena parte de los esfuerzos del Ejecutivo se han ido en defender la legalidad de los recursos de la campaña de 2022. Las presuntas violaciones a los topes de campaña se relacionan con dinero que no habría sido declarado en medio de las dos vueltas presidenciales de Petro. Algunos de estos recursos corresponden a ciertas donaciones recibidas de varios sindicatos como Fecode (COP 500 millones) y la Unión Sindical Obrera, USO (COP 600 millones) y a préstamos de partidos políticos el Polo Democrático por COP 500 millones y fondos de la campaña del Pacto Histórico para el Senado por más de COP 200 millones. Así como inconsistencias en gastos de transporte aéreo y pagos a testigos electorales.
Lo anterior hará que, a apenas 104 días de la primera cita en las urnas, el petrismo deba responder al escándalo con algunos, como el representante Alfredo Mondragón, calificándolo de “montaje” y otros, como la senadora María José Pizarro, llamando a que se esclarezca si existe tal vínculo entre el Estado y la disidencia: “La infiltración criminal es una amenaza grave que debe investigarse con el máximo rigor, sin importar el gobierno de turno. Ningún funcionario está por encima de la ley”.
Así las cosas, este nuevo escándalo se suma a otros que ha puesto en entredicho el alcance del cambio que quiso impulsar el presidente Petro. Pero este, en particular, pone los ojos sobre una política que fue clave para el jefe de Estado, como la de la “paz total”, y pone al Pacto Histórico en una posición defensiva de cara a las elecciones de 2026.
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