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Ya son por lo menos tres las denuncias contra el presidente Petro tras el episodio de los audios del destituido embajador Benedetti. Una se la interpuso el excandidato presidencial Fico Gutiérrez, otra el senador Miguel Uribe Turbay y una más el representante Miguel Polo Polo. A su vez, contra el fiscal Francisco Barbosa también se interpuso una: la de la bancada del Pacto Histórico por una afirmación suya en la que invitaría a los directores de la Policía, la DIJIN y la SIJIN a desobedecer órdenes.
Todas esas denuncias confluirán en el mismo escenario: la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa célula es la que tiene el mandato de conocer las denuncias penales contra los altos dignatarios del Estado: no solo el presidente de la República y el fiscal general, sino también contra magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
La comisión acusa ante la plenaria de la Cámara, que decide si la investigación precluye o avanza a juicio. En el segundo caso, acusa entonces ante la plenaria del Senado, encargada del juicio al señalado. Esto último nunca ha ocurrido en el país. En realidad, esa célula ha sido inoperante al punto que, como lo contamos en El Espectador, en este momento tiene 1.600 expedientes acumulados sin resolver. Entre ellos, procesos antiquísimos que ya no tienen fundamento jurídico para continuar.
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Por eso, la corporación ha sido fuertemente criticada y, de hecho, Alirio Uribe, uno de sus integrantes, ha venido promoviendo una profunda reforma. “No es posible que para ser miembro no se necesite ni ser abogado. Cualquier representante a la Cámara, sin siquiera ser profesional, puede llegar a la Comisión de Acusaciones. Eso ha ocasionado que la comisión sea inoperante, no tiene procedimientos claros, no hay recursos humanos ni técnicos”, dice el senador.
Actualmente, la comisión la integran 18 representantes de todos los partidos políticos. Quien ejerce como presidente es el representante Wilmer Carrillo, que de hecho en este momento es investigado por la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción en Norte de Santander. Entre los delitos por los que se le investiga en diferentes procesos está tráfico de influencias, interés indebido en contratos, peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El vicepresidente de la célula, representante Jorge Tovar, le dijo a este diario que “esa comisión no es política sino judicial. Se han recibido varias denuncias, se hará el reparto normal de dichos expedientes, siempre garantizándoles todos los derechos procesales de las partes”. Y agregó: “La comisión debe investigar a fondo, de manera responsable y tomar una decisión ajustada en derecho”.
Sin embargo, adentro funciona el mismo juego político de los partidos. Esta es la composición de la comisión:
Cada denuncia que llega a esta comisión debe surtir un proceso de reparto a cargo del presidente Carrillo. De allí sale designado un coordinador para la investigación (máximo dos) que debe desarrollarla y presentarla ante el pleno de la comisión. Recientemente, esa corporación estuvo en el ojo del huracán luego de que a ‘pupitrazo’ decidiera archivar una investigación contra el fiscal Barbosa, incluso con votos de miembros del Pacto como Alirio Uribe.
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