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Los 16 congresistas que tienen curul en representación de las víctimas de la guerra en Colombia, que se hicieron elegir en 2022 por las Circunscripciones Transitorias de Paz (Citrep), tienen pocos triunfos que puedan atribuirse en los primeros dos años del Congreso, pero sí le han dado varios logros a la administración del presidente Gustavo Petro. Su respaldo ha sido clave para la aprobación de las autodenominadas “reformas sociales” y otras iniciativas de origen gubernamental, pues la mayoría han votado como un bloque unificado junto al oficialismo.
Pero ese no es el único vínculo que tienen con el Gobierno y, como lo pudo establecer El Espectador, a ambos sectores los une una relación contractual, en la que intervienen algunos de los familiares de los parlamentarios en entidades como los ministerios del Interior, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Unidad de Restitución de Tierras y otras. De hecho, la relación de la “bancada de paz” y algunos funcionarios de entidades ha sido bastante cercana, más allá de los encuentros para acompañar la implementación de políticas, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados por el Acuerdo de Paz.
Hay que decir que estas 16 curules son un mecanismo transitorio creado también por el acuerdo que se firmó entre el Estado colombiano y las extintas FARC en 2016, cuyo objetivo es la reparación de los territorios más afectados por el conflicto mediante la participación política de las personas afectadas. No obstante, algunos han recibido cuestionamientos por venir de casas políticas tradicionales y porque no han logrado tramitar los proyectos y políticas que requiere la población reconocida como víctima.
Y este diario conoció, por fuentes consultadas, que ha habido encuentros para determinar la participación política de ese sector en el Gobierno. Una de esas citas se habría cumplido a finales de mayo, cuando la viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano, agendó un evento al que asistieron los congresistas para hablar sobre los programas PDET y que, más allá de eso, tenía como objetivo “facilitar el acercamiento institucional de las entidades a las comunidades y actores sociales”, según información de esa cartera.
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Solano ha mantenido una interlocución directa con esa bancada y en el Congreso se dice que ella sería una de las que les ha “patinado” varias de sus solicitudes. Esa afinidad con la viceministra la han hecho pública los miembros de las Citrep, quienes, por ejemplo, aplaudieron su nombramiento como nueva directora de la Unidad de Víctimas tras la renuncia de Patricia Tobón Yagarí, decisión que aún no ha sido ratificada por la Presidencia. “Es demasiado acertada la designación por las más de 9′500.000 víctimas de nuestro país que representa nuestra curul de la paz”, escribió el pasado 14 de mayo Jhon Jairo González, representante del Bajo Cauca antioqueño, avalado por la Asociación de Desplazados de Briceño.
Este diario contactó a la viceministra, quien aseguró que aunque ella es la responsable del diálogo con todos los sectores sociales, “no estoy encargada de la contratación en el ministerio (…) Aclaro que las conversaciones con los congresistas son estrictamente sobre el acompañamiento territorial de la conflictividad de lo cual me ocupo como viceministra”.
Ahora, pese a esa interlocución y a que los representantes de esas curules han logrado unificarse como una “bancada de paz” en los dos últimos años —desde su posesión—, solo han conseguido la aprobación de una ley exclusivamente de su autoría: la que amplió los plazos para que declaren ante la Personería, Defensoría o Procuraduría quienes se consideren víctimas. Y aunque con su apoyo se aprobó la ley de “paz total” —que le permitió al gobierno Petro entablar conversaciones con grupos armados al margen de la ley—, así como la iniciativa que creó la Jurisdicción Agraria y la que posteriormente le otorgó la estructura, lo cierto es que no alcanzaron el que era uno de sus principales objetivos: la aprobación de la reforma a la Ley de Víctimas, como la querían las organizaciones y sectores afines al Gobierno.
Por el contrario, el Congreso aprobó un proyecto con un objetivo similar, presentado por la Defensoría del Pueblo de Carlos Camargo, que ya pasó a sanción presidencial y sobre el que tenían sus reparos. Además, aunque las 16 curules de paz han presentado alrededor de 10 iniciativas en el Capitolio y han acompañado otras, fue archivado el que buscaba que las víctimas fueran eximidas del pago de los derechos de inscripción y de grado en las universidades públicas, que era una de sus banderas.
¿Quiénes son los miembros de las Citrep?
Los 16 nombres que conforman las curules de paz son William Aljure, Orlando Advíncula, Luis Ramiro Ricardo, Leonor Palencia, Karen López, Karen Astrith Manrique, Juan Pablo Salazar, Juan Carlos Vargas, Jorge Tovar, Jhon Jairo González, Jhon Fredy Núñez, Jhon Fredi Valencia, James Mosquera Torres, Haiver Rincón, Gerson Lisímaco y Diógenes Quintero. Y sus votos han sido cruciales para sacar la agenda legislativa del Gobierno. De hecho, el único que no votó a favor de la reforma pensional en su último debate en la Cámara fue Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien se mueve más con la oposición.
De otro lado, el saliente ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha reconocido en diversos escenarios que sin el respaldo de esa bancada no hubiesen logrado sacar la reforma pensional de la Cámara de Representantes y, mucho menos, pasar la proposición con la que se acogió el texto del Senado. En ese contexto, también fue clave el nombre de Karen López Salazar, quien fue vicepresidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, por donde se tramitó la cirugía al sistema de pensiones en su tercer debate y la reforma laboral, que se salvó tras ser aprobada en primer debate en esa célula legislativa. Junto a María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión y miembro del Partido Liberal, priorizaron ambos proyectos e incluso le negaron una solicitud de tiempo a la oposición para presentar ponencia negativa de la pensional.
Por otro lado, en su momento, 11 votaron a favor en el segundo debate de la reforma a la educación, que se hundió en esta legislatura en su última discusión en el Senado. Y solo se ausentaron Mosquera, González, Tovar, Castillo y Aljure. Y en el caso de la reforma de salud, que también fue archivada el semestre que pasó, la mayoría votó favorablemente, menos Tovar, y se ausentaron Núñez y López.
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Los lazos contractuales
Por lo menos nueve de los 16 miembros de las Citrep tienen vínculos a través de familiares y otros cercanos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y la bolsa más grande está en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y liderada por Luis Alberto Higuera Malaver, quien fue coordinador del equipo programático y de empalme del sector agropecuario entre el gobierno de Iván Duque y el del presidente Gustavo Petro. Aunque se le preguntó por los contratos de cercanos a los congresistas, Malaver no contestó.
Y en esa entidad, que maneja recursos para la cofinanciación y ejecución de planes para actores de la agricultura, son siete los representantes con algunos de sus allegados contratados. Después de la ADR, el Ministerio del Interior es donde mayor representación tienen los miembros de las Citrep, pues cuatro representantes tienen lazos. Los nombres que más se repiten son los de Juan Carlos Vargas Soler, representante de la circunscripción de Bolívar y Antioquia, avalado por Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar (Aprocasur), solo después de William Aljure, de la curul del Meta y Guaviare, con el aval de la Asociación De Campesinos Productores Del Bajo Ariari (Asocamproariari).
Por un lado, con el Gobierno firmaron dos hermanas de Vargas Soler, Leydy Johana Vargas recibió un contrato en la ADR hasta octubre de este año por $71 millones para brindar soporte a la Unidad Técnica Territorial de Cartagena. Y su otra hermana, Luz Miriam Vargas, ha recibido tres contratos. Estuvo vinculada al Ministerio del Interior hasta agosto de 2023 con un convenio por $20 millones y ha tenido dos adicionales con la Unidad para las Víctimas. El más reciente de esos es hasta diciembre por $67 millones.
Aunque este diario encontró un convenio adicional, el de su esposa, Martha Milena Camacho, en el Ministerio de Salud por $79 millones para “prestar sus servicios en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones territoriales prestadoras de servicios de salud”, el congresista explicó con soportes que ese contrató nunca se ejecutó. Y dijo que varios de sus familiares han trabajado con distintas entidades, pero que todos han sido idóneos para ocupar esos cargos. “Ellos no están en esas entidades por recibir adendas, sino por sus hojas de vida”, dijo.
En el caso de Aljure, su hija, Diana Katerine Aljure firmó un convenio por $48 millones con el Ministerio del Interior para trabajar en la Subdirección de Gobierno contra la Trata. Mientras que Elizabeht Benavides, quien llevó las cuentas de su campaña por el Congreso, recibió un contrato en la ADR por $71 millones para asistir la Unidad Territorial de Villavicencio. También, una de las personas que fue miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Luis Antonio Segura, fue nombrado coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio en el Guaviare.
Y es que varios de los miembros de las curules transitorias tienen representación en el Ministerio del Interior, que es la cartera encargada no solo del diálogo social, sino también de generar los consensos necesarios en el Congreso para la aprobación de los proyectos gubernamentales. Allí han ingresado contratados algunos cercanos tanto a James Mosquera, representante de las víctimas del Chocó y Antioquia —afín a la casa política Sánchez Montes de Oca —, así como a Jhon Fredy Núñez, que representa al Caquetá y a quien recientemente la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por presuntamente maltratar a una de las personas de su esquema de seguridad.
En ese marco, Sócrates de Jesús Mosquera, hermano del representante chocoano y quien fue alcalde de Istmina, firmó con el Ministerio del Interior durante el gobierno Petro por $64 millones para apoyar como enlace territorial con las entidades departamentales del Chocó.
Por su parte, la esposa de Jhon Fredy Nuñez, Mónica Perdomo, fue contratada en marzo 2023 por $28 millones para prestar sus servicios en la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Mininterior, como enlace en el departamento del Caquetá; solo seis meses después, la pareja del representante también fue designada directora de la Unidad Técnica Territorial de la ADR para esa misma zona. Y a esa entidad también está vinculado el gerente de su campaña por $71 millones.
Como se mencionó, en la ADR están la mayoría de contratos. Y no los tienen solamente cercanos a Aljure y Vargas Soler, sino a otros cuatro congresistas. Este medio encontró que Edwin Alberto Mosquera, quien hizo parte de la UTL de Orlando Castillo Advíncula (representante de las víctimas del Valle y Cauca) fue contratado por $52 millones en la Unidad Técnica Territorial de Popayán. Por su parte, Juan Francisco Ávila, hijo de Leonor María Palencia, representante de Córdoba y prima del exgobernador de ese departamento, Orlando Benítez (cercano a la casa política del liberal Andrés Calle), firmó un convenio por poco más de $19 millones para apoyar en la Unidad Técnica de Montería.
Por otra parte, Gerson Llanes, cercano al representante Diógenes Quintero, de las víctimas de Norte de Santander, fue nombrado en la dirección de Cúcuta de la ADR. Igualmente, la contadora de su campaña por el Congreso, Andrea Solano, también fue contratada en la misma Unidad Técnica por $52 millones. Y Carlos José Ricardo, hermano del representante Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de las Citrep en Sucre y Bolívar, también entró a esa entidad, pero para prestar apoyo en la ejecución de auditorías por $57 millones.
Ahora, el representante Ricardo Buelvas no solo tiene allegados en la ADR, ya que Mayerlis Angarita, fundadora de Corporación Narrar Para Vivir, que fue la organización que le dio el aval para llegar al Congreso, obtuvo dos contratos con la Unidad de Restitución de Tierras en 2023, el más alto por poco más de $32 millones en la dirección de asuntos étnicos. Y también fue contratada posteriormente en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en la Alta Consejería de la Mujer por $60 millones.
En todo caso, varios de los mencionados consultados aseguraron que tienen las capacidades técnicas y profesionales para asumir esos puestos, así como los congresistas indicaron que no influyeron para que sus cercanos y familiares obtuvieran dichos puestos, mucho menos, que eso cambiara su votación frente a los proyectos del Gobierno. Algunos no contestaron.
No deja de ser destacable que varios de esos convenios se hayan cerrado con el Ministerio del Interior, además, en donde se habla de su cercanía con figuras como la viceministra Solano, quien también negó cualquier relación con ese grupo de parlamentarios más allá de las conversaciones sobre los asuntos que representan. Eso, en lo que tiene que ver con la implementación de los programas PDET.
Aun así, la inversión en los territorios priorizados ha sido vista por la bancada como uno de sus retos principales, pues se necesita materializar los proyectos y promesas en los 170 municipios priorizados por el Acuerdo, que son los que ellos representan y que fueron catalogados como los más golpeados por la violencia en Colombia.
De otro lado, los resultados que puedan demostrar en los próximos dos años que quedan de este Congreso serán claves, pues en las elecciones del 2026 será la última oportunidad para que tengan escaños asegurados en la Cámara de Representantes a través de esta figura. De hecho, han venido negociando con el Ministerio del Interior para resolver algunos problemas que se presentaron en el primer proceso de elección en el 2022. Y la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló hace poco que no hay propuestas desde el Congreso para reglamentar el funcionamiento y que, por ejemplo, se garantice la participación de las mujeres en ese escenario.
Las curules de paz en Colombia enfrentan varios desafíos y han sido cuestionas por la representatividad que ofrecen a las víctimas en materia de aprobación de leyes y otros pendientes. Pese a eso, también han sido un pilar para el gobierno del presidente Petro. Su apoyo ha sido crucial para la aprobación de reformas fundamentales, en una alianza que trasciende las agendas que comparten, como avanzar en el cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz, relacionado con la Reforma Rural Integral. Por eso, se espera que el vínculo entre el oficialismo y las Citrep vaya más allá de la aprobación de los proyectos del oficialismo, para ser más programático, hacia lo que necesitan las víctima de la guerra.
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Por Laura Duarte Sandoval
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