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El Partido Conservador, que ha sido piedra en el zapato de varios proyectos del Gobierno, lleva al menos un año pedaleando, junto al Ministerio de Transporte, en la creación de una nueva entidad llamada Instituto Nacional de Vías Rurales (INVIR). Se trata de una dependencia similar al ya existente Invías, pero que busca administrar y contratar únicamente lo que concierne a transporte rural en Colombia, como las vías terciarias, a través de Juntas de Acción Comunal.
Aunque el INVIR todavía no entra en funcionamiento ni se ha definido a un director, en los pasillos del Congreso y en los partidos de la oposición y de Gobierno dicen que es un secreto a voces que esa cabeza la definirán los godos. “El INVIR fue la cuota burocrática que les dio el Gobierno para que ellos no rompieran el quórum a la reforma a la salud”, le dijo a este diario una congresista cercana al Partido Conservador.
No sería la primera vez que los godos se quedan con las direcciones o puestos de entidades en el sector de transporte. El Espectador encontró que bajo el mandato del presidente Petro, el Partido Conservador ha manejado entidades como la Aeronáutica Civil, el Invías, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Un congresista que militó en el Partido Conservador afirmó que, más allá de la burocracia, “el verdadero poder está en la contratación”.
Por eso, lo que advierten algunos legisladores es que el riesgo de corrupción en el INVIR radica en que, según el decreto que se firmó el 15 de noviembre pasado, la nueva entidad de transporte tendría menos veeduría y no tendría en cuenta las normas de contratación en Colombia. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, ya demandó ante la Corte Constitucional la creación del instituto. “Es gravísimo, además de inconstitucional, que hayan creado una entidad que solo permita la contratación directa y sin topes máximos de cuantía”.
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El artículo 35 del decreto establece que para los contratistas serán “comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social”. Pero, además, establece que “se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine el Manual de Contratación”.
Lo cierto es que el mismo día que surgió el INVIR, el presidente invitó públicamente a los líderes del Centro Democrático a tomarse un tinto para debatir sobre la reforma a la salud. Fuentes cercanas a ese encuentro le aseguraron a este diario que, por esas fechas —incluso desde finales de octubre— ya tenían definida la fecha para una reunión de ese tipo, pero con representantes conservadores. Esa cita finalmente se cumplió, a puerta cerrada, el 29 de noviembre.
Uno de los que asistió al llamado de Petro fue el representante conservador Wadith Manzur, quien, además, fue ponente de la creación del INVIR junto al senador Marcos Daniel Pineda. Sin embargo, Manzur ha sido crítico con la forma en la que se pretende crear el instituto. En diálogo con este diario, advirtió que “es ilógico que se pretenda contratar de manera directa sin importar la cuantía”.
También aseguró que ni su partido ni él están buscando cuotas burocráticas con el Instituto. “Nosotros no hemos hablado de que eso vaya a quedar en manos de algún conservador, y si alguien lo ha hecho, ha sido a mis espaldas”. El senador Marcos Daniel Pineda también negó que el Gobierno les hubiera ofrecido la dirección de la entidad.
Y aunque el tema central en la agenda ese día fue reforma a la salud, lo cierto es que en los pasillos del Congreso quedó un sinsabor después del encuentro. “La intención no era reunirse para convencerlos de votar positivamente la iniciativa, sino de convencerlos de que no rompieran el quórum para que la reforma pasara”, dijo una fuente de la Casa de Nariño.
En la votación de la Cámara, los conservadores se dividieron y 16 de ellos se salieron del recinto para no hacer quórum, mientras 11 permanecieron en el Salón Elíptico y aunque votaron negativamente, su presencia contribuyó a que la reforma pasara. Con el proyecto ahora en el Senado, donde los conservadores tienen 15 asientos, el panorama puede variar porque Efraín Cepeda, presidente del partido y senador, tiene una posición más distante con el presidente.
Otro de los funcionarios cercano a los conservadores es Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, viceministro de Transporte, y quien es hijo de la representante Ruth Caicedo, quien lidera el grupo político de Nariño de Eduardo Enríquez Maya.
La burocracia en la Aeronáutica
La iniciativa de asumir la vocería del nuevo proyecto de vías del petrismo viene desde que Guillermo Reyes, del Partido Conservador, dirigía la cartera de Transporte, cargo que ocupó del 11 de agosto de 2022 al 26 de abril de 2023. Recién posesionado, uno de los puestos que los conservadores le pidieron al Gobierno fue la dirección de la Aeronáutica Civil.
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En ese momento, los godos eran parte de la coalición petrista y este diario pudo corroborar que el partido le envió varias hojas de vida al jefe de Estado para que las tuviera en cuenta. Finalmente, quien llegó a la cartera fue Sergio París Mendoza, aunque varias personas cercanas al Partido Conservador quedaron en otros cargos —y no de menor relevancia—. Una de ellas es Olga Lucía Buelvas, quien ahora ocupa la dirección de concesiones aeroportuarias y ha trabajado junto a David Barguil.
Uno de los contratos que más ha encendido las alarmas y en los que sale salpicada Buelvas es el de la concesión del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), pues las obras están retrasadas, aunque desde hace más de un año tienen presupuestado invertir más de $125.800 millones en gastos de operación y otros $60.000 millones en mantenimiento. También está Daniel Cuello Baute, quien hasta el año pasado fue jefe de la Oficina de Control Disciplinario y es hermano del congresista Alfredo Ape Cuello. El nombre de Daniel salió a flote cuando comenzaron las denuncias de una presunta red de narcotráfico en la entidad que, supuestamente, apagaba algunos radares para enviar o recibir cargamentos de droga.
En los directivos también está Luis Abelardo Díaz, asesor de la secretaría técnica de la entidad y hermano de Luis Eduardo Díaz, representante a la Cámara. Y estaba Jhon Jairo Morales, cercano a Carlos Andrés Trujillo y quien fungía como secretario técnico, pero renunció en marzo de este año.
Aunque varios de estos funcionarios llevan años en la Aeronáutica, lo cierto es que tienen relación directa con personajes decisivos del Partido Conservador, lo que podría configurar un conflicto de intereses. Sobre este tema, el senador Trujillo no negó conocer a tres de los funcionarios que trabajaron en la Agencia, y confirmó que dos de ellos ya no están al interior de la entidad.
Los contratos de la seguridad vial
Para algunos congresistas de la bancada de oposición, la llegada de Mariantonia Tabares Pulgarín a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en agosto de este año, fue una clara muestra de acuerdo político. La abogada, cercana al senador Carlos Andrés Trujillo, reemplazó en el cargo a Juan Carlos Beltrán, también cuota de Trujillo y quien salió de su cargo en medio de cuestionamientos por la baja ejecución presupuestal.
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No es un secreto que Trujillo es uno de los hombres que más tiene poder de decisión sobre las entidades del sector de transportes. En el Instituto Nacional de Vías, por ejemplo, el nombre que más llegó a sonar era el de Ricardo Corredor, político boyacense, también cercano a los godos, quien apoyó a Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández en las presidenciales; lejos del petrismo.
La directora Tabares, antes de llegar a ese cargo, era asesora de la Oficina de Contratación cuando Ariel Ávila, senador verde, denunció irregularidades de un contrato por $14.000 millones que entregó la Agencia en recursos destinados a prevenir siniestros en vías del país. Lo grave es que apenas dieron 26 horas para que los convocados se postularan y quien se quedó con el multimillonario contrato fue el Consorcio Gestión Vial, conformado por las empresas Vías y Viviendas S.A.S. y Asfaltos y Construcciones Sur.
Una de las funcionarias mencionadas en el caso, por ser quien aprobaba el proceso licitatorio, es Ivana Carolina González Murcia, de la dirección de infraestructura y vehículos de la Agencia, cuyo cuñado es Álvaro Andrés Jaime, que es el representante legal suplente de la empresa Vías y Viviendas; es decir, quienes ganaron el millonario contrato de seguridad vial.
La burocracia conservadora en la Agencia también está en otros cargos administrativos como la secretaría general, la asesoría de la secretaría general, la dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la oficina de asesoría jurídica, la coordinación institucional y de dos asesores de la dirección general.
Este diario conoció un listado de personas que entraron a la Agencia y en las que se menciona que habrían sido cuota de senadores como Germán Blanco y Carlos Andrés Trujillo, que tienen —o han tenido— personas cercanas en esos puestos. El senador Blanco aseguró que ha sido uno de los mayores opositores al Gobierno Petro.
La entrega de la administración de esas entidades a un partido que se declaró abiertamente independiente al Gobierno progresista ha dejado suspicacias en el resto de legisladores, que afirman que hubo acuerdos bajo la mesa pactados en reuniones con varios ministros.
Aunque ellos en muchos proyectos del Gobierno han buscado ser más oposición, hay otras iniciativas que han votado de manera positiva y se han alejado de la estrategia de la oposición de romper el quórum para impedir el paso de las reformas. En los pasillos del Congreso hay quienes dicen que “la extorsión por puestos ahora será en el Senado con la reforma allí”. Todo está por verse el próximo año.
Por Valentina Parada Lugo
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