“Estado aplicó justicia”

La presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, quien participó hace tres años en la discusión y aprobación de la Ley de Justicia y Paz, se mostró de acuerdo con la extradición a Estados Unidos de los jefes paramilitares, quienes incumplieron lo pactado y siguieron delinquiendo. También hizo un balance de la actual legislatura, que para ella “fue tiempo perdido” durante el cual el Legislativo quedó en deuda con el país. Y aunque se negó a hablar de la investigación preliminar que tiene en la Corte por presuntos nexos con grupos paramilitares, asegura que está “totalmente tranquila”.

Con la extradición de los jefes ‘paras’, ¿se acabó la Ley de Justicia y Paz?

La Ley se aplicó en toda su integridad. El Gobierno había sido claro en que iba a evaluar el proceso si los desmovilizados no cumplían con las obligaciones a las que se habían comprometido.

Pero esa ley fue hecha en consenso con los paramilitares y se acordó que si no cumplían pasaban a ser juzgados por la justicia ordinaria…

La norma tenía tres pilares fundamentales: verdad y reparación a las víctimas, y que el Gobierno tuviera la posibilidad de aplicar la justicia. Los dos primeros no se cumplieron. La reparación se convirtió en un chiste, porque no hubo sinceridad por parte de quienes no entregaron sus bienes, luego el Estado tuvo que acudir a la aplicación de la justicia, por medio de la extradición.

¿Y si no repararon aquí, será que van a hacerlo desde allá?

Hay que hacer un seguimiento para que cumplan y que Estados Unidos garantice que los bienes de estos jefes ‘paras’ se queden en Colombia para que se alcance lo que nunca se logró en cinco años.

¿No es un mensaje equivocado el que los extraditados sean juzgados por narcotráfico y no por los delitos de lesa humanidad que cometieron?

Ellos no pueden escapar a este juzgamiento. Las penas que se les impongan por narcotráfico deben ser vigiladas por las asociaciones de víctimas en el sentido de que correspondan también a los delitos de lesa humanidad.

El Congreso sigue en el ojo del huracán, ¿qué balance hace de la actual legislatura?

Esta legislatura fue un tiempo perdido. Ha sido lamentable tanto por la parapolítica como por los discursos radicales que se generaron y no permitieron avanzar en la aprobación de la reforma política. El Congreso quedó en deuda con el país.

Entonces, ¿cómo recuperar su legitimidad?

Desde la mesa directiva diseñamos un programa llamado ‘Piensa Colombia’, para que el país nos cuente qué está pensando sobre grandes temas, como las víctimas o el narcotráfico, y que ahí tengamos material para los debates de control político y los proyectos de ley.

¿La reforma electoral es el plan B de la reforma política?

De ninguna manera. Desde el año pasado se conformó un comité para tratar ese tema e identificamos varios aspectos que inciden sobre la falta de transparencia en los procesos electorales. El proyecto de reforma electoral es complementario a la reforma constitucional, la cual todavía no está hundida y estamos tratando de salvar.

¿En algún momento se pensó en tratar de incluir en la reforma electoral el tema de la silla vacía?

La silla vacía implica necesariamente una reforma constitucional. Por eso el Congreso tiene la obligación de sacar adelante el proyecto de la reforma política.

¿Se siente tranquila?

Totalmente.