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El país está a punto de entrar en un proceso de recopilación y verificación de todo lo que sucedió durante el llamado estallido social, por cuenta de la conformación de una suerte de comisión de la verdad que es impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que se viene socializando desde hace varias semanas.
Lo que se quiere es darle piso jurídico a un proceso de recolección e interpretación de todos los episodios que se puedan catalogar bajo el precepto de “violaciones de derechos humanos en contextos de protesta social” y que tengan relación con agentes estatales o miembros de la Fuerza Pública. La apuesta política y de reivindicación histórica comenzaría desde febrero de 1999.
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Al menos así está consignado en un documento oficial de siete páginas, conocido en su integridad por El Espectador, el cual establece los parámetros para poner en marcha lo que se denominaría “Comité de expertos para el Esclarecimiento de Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en contextos de protesta social”, cuya vigencia sería de ocho meses sumados a dos más planteados para su estructuración.
La información está plasmada en un borrador de decreto en el que también quedó claro que –de volverse parte del ordenamiento jurídico nacional– se le impondría a quien ejerza la jefatura de la Casa de Nariño la obligación de rendir un informe de todo lo actuado por esta instancia y de divulgar por todos los canales oficiales su reporte.
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“El presidente de la República estará en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere a un (1) año, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobierno Nacional, y sobre las actuaciones de la Policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas”, quedó explícito en el documento que está en fase de comentarios públicos.
En el cuerpo de esos folios –compuestos por 15 artículos (incluyendo el de la vigencia)– también se dejó claro que el reporte oficial debe incluir “las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas”. Y ahí entra otro punto clave en todo el engranaje que se quiere echar a andar.
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La instrucción es que todas las entidades que hacen parte del organigrama del Gobierno Nacional tienen que facilitar sin excepción alguna el acceso a la información que tengan sobre estos asuntos. Además, para darle forma al acceso a los datos que se requieren, se autoriza al comité a que establezca convenios con la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar para poder ingresar a sus archivos.
“Cuando se trate de información, documentos o archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica deberá promover su máximo acceso y divulgación, no podrá calificar esta información como reservada ni establecer restricciones de acceso”, se agregó en otro apartado del borrador de decreto al hacer referencia sobre en dónde reposarán todos los informes finales que presente esta comisión encargada de analizar lo sucedido durante las protestas sociales.
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Este diario también accedido a las actas de los espacios en los que se ha socializado este propósito, al igual que a la memoria justificativa del borrador de decreto, documentos en los que se ahonda en por qué estructurar un proceso de esta naturaleza y en la sustentación judicial que incluye decisiones de las altas cortes colombianas, pronunciamientos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones que han recopilado y denunciado casos de abuso policial en el marco de manifestaciones.
De hecho, se toma como una base fundamental la sentencia 7641 que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió en 2020, en la cual se falló a favor de manifestantes que entutelaron en su momento por el “uso sistemático y desproporcionado de la fuerza”, en especial del antiguo Esmad, que ahora se conoce como Undmo. Con esa decisión judicial se ordenó suspender el uso de armas letales en protestas, entre ellas la escopeta calibre 12, y así mismo se advirtió que “las vulneraciones no eran hechos aislados, sino parte de un patrón estructural”.
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Y es desde ese punto que se toma la decisión de echar a andar el comité o comisión de la verdad, de acuerdo con la misma documentación que elaboró la primera administración de izquierda pura que tiene el país y que, además, entró en una fase electoral para intentar reelegir al proyecto progresista en 2026.
“Iniciar el análisis en 1999 permite identificar las raíces estructurales de la violencia institucional, establecer líneas de continuidad, responsabilidad y omisión estatal, y comprender cómo se han configurado los patrones de abuso que afectan el ejercicio del derecho a la protesta en el país”, se dijo en los folios oficiales, en los cuales también se dejó explícito que en ese año se le dio vida al Esmad y que esta nueva instancia es de carácter extrajudicial.
Todo este contexto es clave porque la fase más dura del llamado estallido social se dio entre 2020 y 2021, durante el mandato del ahora expresidente Iván Duque, y muchas de las reivindicaciones que pedía la gente en las calles se volvieron parte de la campaña electoral de 2022, en la cual finalmente el hoy presidente Petro ganó en segunda vuelta con una diferencia de 700.000 votos sobre el ya fallecido Rodolfo Hernández.
Incluso, tras esos movimientos en urnas –que de acuerdo con algunas voces podrían tener una reedición con la puesta en marcha de este mecanismo–, se han dado varias decisiones penales, constitucionales y disciplinarias en torno a la protesta social, no solo imponiendo decisiones muchas veces menores a los responsables de desmanes, sino también esbozando lineamientos para las propias manifestaciones. De hecho, la discusión judicial y política en torno a la denominada “primera línea” sigue vigente, entre otras cosas porque el actual jefe de Estado había dicho en campaña que podría sacar de la cárcel a sus miembros.
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En la memoria justificativa del decreto que le da vida a esta especie de comisión de la verdad, la cual estaría adscrita al Ministerio del Interior que actualmente lidera Armando Benedetti y que contaría con el respaldo a fondo –entre otras entidades– del Ministerio de Defensa que dirige el general (r) Pedro Sánchez, se le da validez a una iniciativa conformada por organizaciones de diversa índole y cuyo eje es documentar casos relacionados con el estallido social.
“Esta iniciativa, ‘La Justicia es la Verdad en Acción’, documentó que en la actualidad existe un subregistro de casos de agresiones por parte de la Fuerza Pública durante el periodo 2019-2021, manifestando que tienen los siguientes datos en proceso de verificación: la existencia de más de 170 jóvenes asesinados, más de 537 personas con detenciones arbitrarias tras montajes judiciales, la gran mayoría sometidas a tratos crueles y degradantes, más de 150 personas heridas tras tentativa de homicidio, incluidas las que sufrieron lesiones oculares”, se consignó en la documentación oficial.
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De acuerdo con el Gobierno, este comité que se crea para analizar estos hechos desarrollará su propio reglamento y estará conformado por tres personas postuladas por organizaciones de derechos humanos y finalmente seleccionados por la Casa de Nariño a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Se les exigirá idoneidad y conocimiento profundo de esta materia.
Todos estos aspectos y documentación entraron en la fase final de análisis y, según las proyecciones preliminares, su financiación –aún no cuantificada– estará a cargo del Ministerio del Interior. Además, lo que se busca modificar es el Decreto 003 de 2021, con el cual se le dio vida al “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, cuyo origen es posterior a las protestas del estallido social y se enmarcó en el cumplimiento de una orden judicial.
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Hay expectativa por el debate público que se abrirá por este paso que quiere dar el gobierno del presidente Petro y la forma en que la oposición, ambos bandos buscando ganar votantes para los comicios de 2026, querrá sentar un precedente.
Este es el borrador de decreto del Gobierno del presidente Petro:
Conozca la memoria justificativa del borrador de decreto:
Las actas de la socialización del proceso sobre el estallido social:
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