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A la secretaría de la Comisión Primera del Senado llegó el pasado 14 de mayo un documento de 12 páginas con recomendaciones de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de ley ordinaria que regularía el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, un tribunal para resolver los conflictos por tierras en Colombia, creado por el Congreso en 2023 con un acto legislativo que dejó pendientes su estructura y sus competencias.
El acto legislativo que creó la Jurisdicción otorgó un año al Congreso para tramitar y expedir las leyes necesarias que definan su estructura, funcionamiento y competencias, así como el procedimiento especial agrario y rural. Esto permitiría poner en marcha lo que, según el presidente Gustavo Petro, es el mecanismo más importante para cumplir la reforma rural integral, concebida en el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas FARC durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
“Si el Congreso no aprueba la jurisdicción agraria, se va a generar el calentamiento de la olla a presión”, fueron las palabras del primer mandatario el pasado 16 de mayo, durante el encuentro del congreso del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Eso, solo dos días después de que al Legislativo llegaran las recomendaciones de la Corte sobre el proyecto y con las cuales la oposición ha ratificado sus propias observaciones. “Nos preocupa mucho lo que ha dicho la Corte y mi ponencia alternativa ya tocaba varios de esos aspectos”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
(Lea: “Acuerdo de Paz: Congreso no avanza en normas clave a un mes de que termine la legislatura”)
El documento que envió el tribunal a la comisión y al que tuvo acceso El Espectador se compone de 16 recomendaciones sobre el proyecto de ley ordinaria del Gobierno. Y abarca varios aspectos relacionados con la autonomía y los fines de la Jurisdicción Agraria, sus competencias, el apoderado de oficio, el manejo de las pruebas, el seguimiento del posfallo, la acumulación procesal, el recurso extraordinario de casación, entre otros.
La principal preocupación de la senadora Valencia y en la que coincide la Corte es que el proyecto, como está y en sus palabras, sería “una desmembración del derecho civil colombiano”. Al respecto, el tribunal recomendó que la ley respete la autonomía de la jurisdicción, especializada en el derecho agrario y regida por sus propios principios y normas. Pero, punto y seguido, sugirió que las reglas de derecho común, las del Código Civil, sean aplicables de manera subsidiaria. Es decir, que cuando no haya normas agrarias específicas para un caso, se pueden aplicar las normas generales del derecho civil.
Además, en ese mismo sentido, la Corte también pidió que la ley defina con mayor claridad la competencia de la jurisdicción agraria para evitar conflictos con la jurisdicción ordinaria civil. Por eso, solicitaron aclarar conceptos como los conflictos de “naturaleza agraria”. Lo cierto es que la implementación de la Jurisdicción Agraria es un mandato que dejó la aprobación del acto legislativo y aunque varios sectores reconocen su necesidad, el proyecto está hoy en riesgo, pues el Gobierno y la oposición no se han puesto de acuerdo respecto a los puntos que pidió modificar el alto tribunal.
“La Jurisdicción Agraria facilitaría el acceso a la tierra de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero, los jueces pueden fallar ultra petita”, dijo la senadora del Centro Democrático, quien también presentó una ponencia alternativa que no ha sido discutida. Ahora, en palabras del senador David Luna, de Cambio Radical, esto quiere decir que con el proyecto del Gobierno “los jueces pueden otorgar más de lo que los demandantes piden y eso, desde el punto de vista jurídico es un contrasentido”. Ese es uno de los puntos que genera molestias, pero en el que la Corte no profundizó.
Pero sí se refirió a la admisión y valoración de las pruebas en la Jurisdicción Agraria. Se solicitó cambiar el término “pruebas verdaderas”, que puede resultar ambiguo, por “pruebas auténticas”, para que sea más preciso y pueda alinearse con el Código General. Según Luna, de mantenerse como está, esto podría llevar a que los jueces puedan fallar sin claridad sobre la calidad de las pruebas. “Podría haber pruebas falsificadas. Nos parece gravísimo, y si no se corrige, claramente no acompañaremos el proyecto”, dijo.
De otro lado, la Corte se refirió a otros temas que ya habían sido mencionado por congresistas, como que la justicia agraria proteja a las personas más vulnerables en cuestiones de propiedad, pero excluya lo vinculado con las relaciones de trabajo. De hecho, la ponencia alternativa de Valencia pidió sacar del proyecto la enajenación cuando estos contratos constituyan o tengan origen en relaciones laborales. “Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un contrato de arrendamiento y entra en un litigio, el juez puede decidir que ahora la tierra cambia de dueño. No hay claridad”, dijo.
En otros puntos, la alta Corte pidió claridades sobre la asesoría legal gratuita para personas en situación de pobreza. Y se sugiere que solo abogados designados oficialmente puedan representarlas. Además, sobre el seguimiento de posfallo, señalaron que las sanciones por desacato no debe limitarse a las sanciones solo en los casos de “extrema gravedad”. Y sobre la acumulación procesal, pidieron incluir un límite temporal para dicha acumulación.
En otro sentido, sobre el recurso de casación, la Corte consideró conveniente incluir todas las causales de casación previstas en el Código General. “No se entiende la finalidad de suprimir algunas de las causales si lo que se busca es, precisamente, revestir de garantías el proceso agrario y rural”, explicaron. El proyecto solo incorpora tres causales: primero, la violación directa de la ley sustancial; segundo, la violación indirecta por errores de hecho y de derecho y por último, la existencia de decisiones que hagan gravosa la situación de la parte más débil de la relación agraria.
En total son 16 recomendaciones que tienen a la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural en veremos, pues uno de los dos proyectos que buscan ponerla en marcha está estancado en la Comisión Primera del Senado, donde también se discute la reforma a la educación del gobierno Petro. De otro lado, la ley estatutaria que crea la infraestructura judicial está a un debate en la plenaria de la Cámara de ser aprobada en su totalidad, pero debe rendirlo antes del 20 de julio.
Las recomendaciones de la Corte han dejado un sinsabor, y desde el Congreso ya advierten que existe la posibilidad de que, al menos el proyecto que determina las competencias de la jurisdicción, se hunda por falta de tiempo. De hecho, cuando se iba a iniciar la discusión hace dos semanas, una proposición del partido Cambio Radical la aplazó. Por otro lado, el equipo de Gobierno y la mesa directiva de la comisión priorizaron este 21 de mayo la reforma a la educación, que también se tramita en esa célula legislativa.
No obstante, la bancada oficialista ha insistido en la necesidad del proyecto, ya que habría una orden directa desde la Casa de Nariño para que sea aprobado y además porque el acto legislativo le exige al Congreso la expedición de ambas normas adicionales. De hecho, Petro dijo hace unas semanas, durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, que si el Legislativo no las aprueba, no tendrá otra opción que acudir a las Naciones Unidas (ONU) para denunciar que “definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”.
El Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales, así como de la coordinación de estos despachos en función de la demografía rural y de las zonas PDET, donde se demanda justicia sobre estos asuntos. De hecho, ya se crearon los primeros cinco juzgados del circuito y una sala de tres magistrados con competencia nacional.
Este diario habló con la senadora y coordinadora ponente del proyecto, María José Pizarro, quien aseguró que el Gobierno ya se comprometió a incluir todas las recomendaciones de la Corte. De hecho, ese compromiso lo habría ratificado tras un desayuno hace casi dos semanas en la Corte Suprema, al que asistieron alrededor de 11 senadores de la Comisión Primera del Senado.
De acuerdo con Pizarro, ella misma se comprometió a incluirlas, y así lo habrían expresado también los ministros de Justicia y de Agricultura, Néstor Osuna y Jhenifer Mojica. “No entiendo, francamente, si hay reparos de otro tipo. Nosotros tenemos un mandato, a partir de que se aprobó la ley estatutaria había un año para poder desarrollar la ley que creó la Jurisdicción Agraria. Estamos pasados de tiempo”, dijo la senadora.
Además, pidió que se desarrolle lo antes posible para que el Consejo Superior de la Judicatura pueda implementar los juzgados agrarios. “Miles de campesinos están a la espera de una solución mucho más expedita y profunda a los problemas agrarios, que son el origen del conflicto armado en Colombia”, señaló. Por su parte, Luna indicó que habrá que solucionar varios de los puntos mencionado pues, “no es que la Corte nos haya dado la razón, pero coincidimos respecto a las preocupaciones”. Y aclaró que su partido no se opone a la Jurisdicción.
Lo cierto es que el debate sobre las competencias sigue atascado en la Comisión Primera del Senado, al menos hasta que no haya acuerdo sobre esos puntos, mientras que la ley que le daría estructura está a un debate de ser aprobado en la Cámara. Y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, dijo este martes que las prevenciones con la Jurisdicción Agraria parten de miedos infundados, y es que hay sectores, especialmente del Centro Democrático, hablan de “expropiación por vía judicial”.
No obstante, Harman aclaró que “se ha planteado que, sea el juez, amparado por el estado social de derecho, quien determine las pruebas, los alcances y las condiciones en el trámite de estos procesos. No son los jueces quienes harán la reforma agraria, eso es tarea del ejecutivo, pero sí serán quienes garanticen que los conflictos en el campo (…) Ni el presidente ni nadie en el Gobierno nombra jueces, y por el contrario, las medidas cautelares que establece el proyecto están en armonía con lo consagrado en el Código General del Proceso”.
Por otra parte, la ministra Mojica le dijo a este medio que las demás instituciones del Estado, lo que incluye al Congreso, no pueden seguir “haciéndole el quite a apuestas como la reforma agraria, la Jurisdicción, la sustitución de las economías ilícitas o la transformación de nuestras políticas de drogas, como la reparación a las víctimas”, ese fue su llamado.
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Por Laura Duarte Sandoval
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