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Tres propuestas para la construcción de un nuevo pensamiento sobre drogas
Una nueva visión sobre cómo tratar las drogas debe construirse reforzando dos ideas básicas:
• El consumo de drogas psicoactivas no es deseable para el individuo que lo realiza, ni para su familia —que se destruye cuando hay un adicto en ella— ni para la sociedad. No por razones morales, sino médicas y de salud pública. (Le recomendamos un editorial de El Espectador sobre el tema).
• Las drogas son adictivas y su disponibilidad en un ambiente social y el consumo recreativo, así sea ocasional, en especial por parte de jóvenes, pueden llevar a desarrollar una adicción. Por tanto, la disponibilidad de estas sustancias es indeseable y debe evitarse en lo posible. Eso no se discute. Lo que sí se discute es si el estatus legal de las drogas y las penas por poseerlas, producirlas y traficarlas son la mejor alternativa para evitar el consumo, la adicción y la disponibilidad.
1. La mejor política antidrogas es atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas, el contexto en el que operan.
En primer lugar, se debe poner en práctica una política de sustitución de cultivos efectiva, que promueva desarrollo alternativo, aislada de la política general de desarrollo rural. Subsidiar a los agricultores que cultivan amapola o coca para incentivar el abandono del cultivo ilícito, sin intervenir el ambiente general del desarrollo rural, tendría solo resultados parciales, pues nuevos cultivadores entrarían a producir en reemplazo de quienes dejan el cultivo.
De los acuerdos con las Farc surgió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el plan de sustitución más grande del mundo. Mientras que en Tailandia no más de 7.000 mil hectáreas han sido sustituidas —después de 30 años, en 2002, ese país fue declarado libre de cultivos ilícitos—, el PNIS, en un año, logró sustituir 40.000 hectáreas, y puede llegar a 130.000 si se cumple con su aplicación integral.
Cultivar es complicado: acarrea las sanciones que llevan hasta privación de libertad. Según la ley colombiana: “El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana, o cualquier otra planta de la que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier droga que produzca dependencia, más de un kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce años (12) y multa de cuatrocientos salarios mínimos vigentes (400)”.
Ahora bien, que no se judicialice, sino que se brinde la opción de sustitución, conlleva al menos un dilema: todos los involucrados saben que están haciendo algo ilegal, o sea, son conscientes de su condición, pero precisamente por eso están dispuestos a realizar la sustitución. Saben que implica en la actualidad una responsabilidad penal y quieren apostarle a la legalidad. Quienes cultivan coca, precisamente quienes están en la base de la pirámide, están sometidos a la judicialización. Por eso, se ha planteado al Congreso la Ley de Tratamiento Penal para los Pequeños Cultivadores de Coca, aunque sin resultados positivos. Lo que se busca es que quienes participen en el PNIS, y hayan cumplido con la erradicación y no hayan resembrado, puedan ser eximidos de la ley vigente, del castigo penal. Y en cambio, se aplicaría para los que no cumplan con las condiciones que el programa establece.
Un segundo dilema radica en distinguir al campesino, que siembra coca para sobrevivir, del que usa grandes extensiones de tierra para lucrarse. Por eso se debería considerar un área máxima de cultivo, a partir de la cual se aplicaría la ley. En el proyecto de ley citado, se consideró viable aceptar que el campesino con una extensión menor a 1,6 hectáreas, que ha erradicado y se ha comprometido a no resembrar, no sea sometido a la ley. A partir de superficies mayores de 1,6 hectáreas, esta se aplicaría con todo el rigor.
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Ahora, y por el acuerdo de paz, se abre una ventana que no había existido en los últimos veinticinco años, un programa de sustitución voluntaria de cultivos, con las siguientes características:
1. Es negociado a escala de veredas o de núcleos de productores.
2. Es participativo: incluye alcaldes, organizaciones campesinas y juntas comunales.
3. Cuenta con compromisos explícitos tanto del Gobierno como de los cultivadores.
4. Tiene a las Farc como promotor activo de la sustitución, lo que marca una diferencia con su comportamiento en los años del conflicto.
Hoy tenemos la oportunidad de transformar e integrar regiones marginadas, de incorporar miles de campesinos productores a la producción legal, de incrementar la producción de café y, sobre todo, de dejar atrás una historia trágica que ha atrasado a Colombia por más de tres décadas. Esto, en circunstancias en las que las drogas ilícitas hacen parte de la financiación de grupos armados en conflictos internos; es decir, es iluso pretender resolver o eliminar el componente de financiación de dineros de las drogas en un conflicto. La prioridad debe ser ponerle fin al conflicto, y no ponerle fin a la financiación con drogas. Si el conflicto termina, el ambiente que permite la producción y el tráfico también termina.En los esfuerzos por combatir a las mafias de drogas, de nuevo la prioridad debe ser el desmantelamiento de las organizaciones de crimen organizado, pues estos grupos buscan rentabilidad en cualquier tipo de negocio ilícito en el que encuentren ventajas, y no exclusivamente en el tráfico de drogas. Su negocio es hacer dinero en las rendijas de la legalidad, en las filtraciones de las regulaciones, en las porosidades de las fronteras. Y si las drogas son rentables, estarán ahí. Por eso, la prioridad debería ser combatir las organizaciones criminales, en lugar de enfocarse exclusivamente en las mafias de drogas.
En cuanto al tratamiento a las adicciones, también el enfoque debe ser amplio, es decir, centrarse en el propósito de reducir o evitar la adicción, y no solo enfatizar en el consumo de drogas. Campañas como Di No a la Droga o Solo Diga No dejan un campo abierto al consumo de otras sustancias, como alcohol o tabaco, que también producen adicción y que, en muchos casos, llevan al consumo y subsecuente adicción a las drogas.
Un enfoque amplio, que no se restrinja verticalmente a la cadena del negocio de las drogas ilícitas, tendría más posibilidades de éxito. Un enfoque más horizontal, que se centre en cada eslabón del negocio, puede ser más efectivo en términos de política pública.
2. Romper la esquizofrenia.
A pesar de la predominancia del régimen de prohibición, cada día más ciudades, provincias, estados y naciones han adoptado regímenes que no penalizan a quienes poseen, para su propio consumo, cantidades o dosis pequeñas de estupefacientes. No hay una clasificación uniforme de cuáles son las sustancias permitidas, en unos casos llamadas drogas “suaves”, ni de las cantidades no penalizadas.
Las motivaciones que han impulsado esta tendencia son, esas sí, uniformes. Se trata, por un lado, de reducir la criminalidad asociada con la necesidad imperiosa de obtener droga por parte de los adictos, que los impulsa a cometer delitos con el fin de conseguir recursos para adquirir la droga. O el uso médico, por el otro, en el caso de la marihuana, por ejemplo, recomendada para reducir los efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia.
Pero lo que no ha sido resuelto por ninguna de estas legislaciones es la esquizofrenia que causa la tensión entre la permisividad en la tenencia de las dosis permitidas y la manera en que la droga llega a estos mercados. Los famosos coffee shops en Holanda, por ejemplo, tienen autorización para vender marihuana o hachís, pero las autoridades miran para otro lado cuando se las cuestiona sobre cómo y a quien compran estos establecimientos las sustancias que venden a sus clientes.
Tampoco hay reglamentación para los casos en los cuales, en tratamientos de tipo agonista de desintoxicación, en especial de opiáceos, se utilizan otros opiáceos, cuyo suministro no está regulado. El hecho es que un porcentaje de consumidores ocasionales de drogas, y también de adictos, reside bajo legislaciones que no proscriben pequeñas dosis de estupefacientes.
Un nuevo camino podría ser incentivar a las ciudades, estados o países que mantienen legislaciones en las cuales la posesión de algún tipo de drogas está descriminalizada a que diseñen canales controlados de suministro para aquellos adictos que tengan una identificación emitida por el Estado, que los autorice a acudir a medios autorizados de suministro. Así se ligaría el tratamiento de desintoxicación o contra la adicción, según sea el caso, a una evidente salida del mercado negro de un porcentaje significativo de la droga ilegal. Este canal quedaría únicamente para el mercado de los consumidores ocasionales.
Un camino podría estar en el suministro por parte del Estado de marihuana o hachís. Una variante que debe ser examinada es una especie de concesiones, altamente controladas, como las de la marihuana medicinal, que aseguren el suministro adecuado a las necesidades de los adictos, a un precio regulado y compradas por el Estado. Los diferentes sistemas de salud podrían comprarlas, a precios controlados. Un requisito sería que el adicto tenga una fórmula que especifique el tratamiento y las cantidades de droga.
3. Una agenda internacional que enfatice en los programas de salud pública, de tratamiento a las adicciones, de reducción del daño y de financiación a tratamientos y terapias contra la adicción.
La cooperación internacional que se ha mostrado tan activa, eficaz e intrusiva en la aplicación de medidas de represión, en la colaboración judicial, en la colaboración militar y policial, tendría que volcar sus intereses en complementar, no en sustituir, este esfuerzo para tener un mejor intercambio internacional. Intercambio de investigaciones sobre adicción, sobre tratamientos, sobre posibles vacunas contra la adicción, sobre controles al consumo, sobre campanas de disuasión.
Con el costo de un solo helicóptero usado en operaciones antinarcóticos podría financiar cientos de investigaciones en tratamientos de desintoxicación. Intercambio internacional sobre nuevas iniciativas que reduzcan el consumo, de iniciativas que permitan tratar la adicción, que eliminen los daños colaterales, que den apoyo a las familias de los adictos, que financien los tratamientos, que hagan que este negocio ilegal deje de ser el factor de criminalidad, corrupción, desestabilización y distorsión de valores en estas sociedades.
Esta agenda internacional podría complementar la agenda judicial/policial que ha marcado los puntos de contacto del régimen internacional antidrogas.
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Ante tantas y tantas anomalías, ante tantas preguntas e inquietudes, ¿no habría que revisar el paradigma que sustenta la política antidrogas? ¿No habría que sentarse a mirar en detalle, con los mejores académicos y analistas, qué es lo que está pasando? ¿Qué funciona y que no? Volviendo a Kuhn, cuando una teoría pierde la capacidad explicativa y aparecen tantas anomalías inexplicables, ha llegado el momento de otro paradigma.
* Cortesía Penguin Random House Grupo Editorial.
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