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El presidente Gustavo Petro ha dicho más de una vez que no le gusta leer sus discursos y que a veces piensa con la “cabeza caliente”, por lo cual algunas de sus intervenciones en plaza pública y en redes sociales le han valido líos en materia política, económica y hasta diplomática. Ese rasgo también lo ha llevado en varias oportunidades a comprometerse con comunidades o sectores a los que les ha anunciado proyectos y programas que a la fecha no han trascendido más allá del discurso, esto según los mismos datos de su administración.
En los 24 meses que cumple este 7 de agosto en la Casa de Nariño, Petro ha sumado una larga lista de promesas difusas, de las cuales tres parecen armar el podio de las más polémicas, por las cuales sus opositores aprovechan para pasarle factura constantemente: en educación superior, está la construcción de 26 sedes universitarias y la apertura de 500.000 nuevos cupos en el cuatrienio; en transporte, la recuperación de al menos tres líneas férreas y la estructuración de un tren por el Darién y otro que conecte Buenaventura con Barranquilla; y en turismo, la llegada al país de 12 millones de visitantes.
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Los números muestran que la mayoría de estas avanzan a cuentagotas, lo que para expertos y políticos de diferentes orillas obedece al desconocimiento de cada sector y al planteamiento de unas metas acompañadas por una narrativa efectiva, pero poco realista. Para la oposición, se trata de otro elemento que comprueba la mala ejecución del Ejecutivo, un tema que seguramente le cobrarán en el próximo debate del Presupuesto General del 2025, con el que el Gobierno busca $523 billones, una cifra que solo alcanzará con otra reforma tributaria.
Este miércoles, desde el Puente de Boyacá, el mandatario conmemorará sus primeros dos años de mandato, seguramente con un discurso en el que resaltará los triunfos y trazará una ruta para afianzar su agenda, mostrar gestión y de paso consolidar una apuesta del progresismo de cara al 2026.
Las sedes y los cupos universitarios están en veremos
La educación no ha sido un tema sencillo para el presidente Petro en estos dos años. Aunque fue eje central de su programa de Gobierno, hoy reflejado en el Plan de Desarrollo, le ha generado duros encontronazos políticos, particularmente el distanciamiento con un sector de centro y académico que hoy no está de acuerdo con su gestión. La muestra está en que durante lo corrido de su administración suma tres ministros de esa cartera, dos de los cuales salieron del gabinete en medio de diferencias programáticas.
“No se puede decir que están haciendo una gran gestión educativa cuando los funcionarios del Ministerio de Educación esconden el dinero para hacer sedes universitarias públicas, porque están arrodillados ante los dueños de la universidad privada”, dijo a principios de julio el jefe de Estado, en un mensaje que muchos leyeron como una pulla a sus exministros Alejandro Gaviria y Aurora Vergara.
La molestia del mandatario obedece a esa razón específica, no haber logrado ejecutar su propuesta de construir decenas de universidades en todo el país. Como lo dijo en su declaración, para él se trata de una responsabilidad de sus ministros, quienes aparentemente no se habrían comprometido con el programa. “Alejandro Gaviria en el primer año dejó perder $1 billón y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata, por estar cuidando el negocio a las EPS, que no era su competencia”, aseguró en marzo, generando incluso que el exministro le pidiera una retractación.
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El Plan Plurianual de Inversiones del Gobierno habla de construir 26 nuevas universidades o sedes universitarias en 16 departamentos, una cifra que pasa de los 50 si se incluyen otro tipo de complejos educativos, como los del SENA. A todo esto se suma que en esa cuenta no entran las que el mandatario ha propuesto en sus eventos y que aún no están en los planes estratégicos, como una universidad indígena Wayúu para La Guajira.
Al margen de esto último, de las 26 sedes consignadas en la hoja de ruta de inversiones, solo una muestra avances concretos, la del Catatumbo, en El Tarra (Norte de Santander). El proyecto, ya adjudicado, cuenta con una asignación presupuestal de más de $35.000 millones y busca beneficiar a más de 3.200 estudiantes. En varias imágenes difundidas por las entidades a cargo de la obra se observa que ya se han levantado varios muros del complejo.
Sin embargo, las 25 restantes están lejos de ese estado e incluso varias no cuentan con más información además de su mención en el plan. Expertos consultados por El Espectador aseguran que el problema está en que de entrada la meta fue extremadamente ambiciosa, al igual que la promesa de crear 500.000 nuevos cupos universitarios, lo que en parte, según ellos, demostraría una desconexión de esta administración con las realidades del sector.
“Las dos ideas no solo eran totalmente irreales, sino producto de un desconocimiento de lo que es el sistema y sus necesidades. La universidad no es un edificio, el presidente ha llegado a muchos lugares a decir que ahí construirán una, pero en realidad se trata de construir programas, consolidar equipos de trabajo y eso es un proceso complejo, no un contrato de obra”, dice el profesor e investigador Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, quien agrega que el constante cambio de ministros de Educación también demuestra que el Gobierno no ha logrado estabilidad para manejar el sector.
Para Edna Bonilla, profesora y secretaria de Educación de Bogotá entre 2020 y 2023, la promesa no va acorde con la capacidad institucional y financiera del país, por lo cual hoy se ven los resultados negativos. De hecho, resalta que, de los 500.000 mil nuevos cupos prometidos para educación superior, apenas se han logrado 64.729, de acuerdo con los datos más recientes. Bonilla agrega que proyectos como el del Catatumbo no están bien estructurados, pues dice que se estaría construyendo una sede con capacidad para un número superior al de egresados de bachillerato en la zona.
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Los reparos llegan incluso de sectores afines a la agenda del presidente Petro. “El Gobierno se puso metas muy ambiciosas, aunque se reconoce el avance en temas como la gratuidad, en materia de infraestructura hay mucho por hacer. El nuevo ministro (Daniel Rojas), debe trabajar con las universidades públicas y privadas para lograr esas metas”, afirma Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, elegido con el guiño de la Casa de Nariño.
Otros actores del sector aseguran que el Gobierno también tiene deudas en temas de legislación, pues siguen pendientes las reformas a la Ley 30 o la ley estatutaria, esta última hundida en la pasada legislatura a pesar de haber generado un primer acuerdo con la oposición, el cual no prosperó por las presiones de sectores sindicales y del ala más fuerte del petrismo.
A pesar de este balance, el Ejecutivo saca pecho con otras cifras; habla de 65.000 estudiantes beneficiados con la política de gratuidad y de más de 100 colegios nuevos, así como la financiación de ocho proyectos de infraestructura y dotación de espacios educativos, entre esos la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga, el Edificio de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá y la ya mencionada Universidad en El Tarra.
¿Se descarriló la promesa del tren?
No sería exagerado afirmar que el presidente Gustavo Petro tiene una suerte de obsesión con los trenes y los metros. Así lo demuestra su Plan de Desarrollo, en el que se habla de las líneas férreas como prioridad de la estrategia de transporte multimodal. “Le hemos apostado en este Gobierno a que vuelva el tren, que desde hace varios meses adorna semanalmente el paisaje de varios municipios”, se lee en el informe que Presidencia les entregó a los congresistas el pasado 20 de julio.
Además, el propio mandatario ha dejado claras sus ideas al respecto en los choques con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por la modalidad del metro de la capital, o con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con quien ha reñido por el debate de priorizar o no las inversiones para vías 4G. Y es así como entre sus promesas también hay varias relacionadas con el tema.
Antes de llegar a la Casa de Nariño, Petro habló de construir un tren elevado y eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla, idea que vendió como una alternativa al Canal de Panamá, para conectar el Pacífico con el Atlántico. Su planteamiento fue objeto de críticas de sus detractores y de sectores ambientalistas que cuestionaron el eventual impacto de una obra de esa magnitud sobre varias zonas de reserva natural.
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Ya en el poder, a finales del 2022, el mandatario insistió en la idea y dijo que no era “ingenuidad”, que su Gobierno ya había recibido solicitudes para crear una Asociación Público-Privada (APP), empezar los estudios y concertar con las comunidades. Incluso el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó que el ahorro para la vejez de los colombianos podría servir para financiar la obra. Las declaraciones lo único que lograron fue la molestia de los gremios y la oposición, que cargaron contra la reforma pensional.
A partir de ese momento, la idea no tuvo mayor eco y poco a poco el presidente la sacó de su discurso. El pasado mes de julio, antes de dejar su cargo, el entonces ministro de Transporte, William Camargo, sepultó la propuesta al anunciar que, luego de dos años, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la descartó por sus altos costos de operación.
Sin embargo, el presidente no ha abandonado la idea de una línea férrea que una a los dos océanos que rodean a Colombia, por lo cual lanzó un plan B, para algunos analistas más sensato que el anterior, pero también complejo. Se trata del tren del Darién, una línea entre Cupica (Chocó) y Turbo (Antioquia). Hace un mes, el jefe de Estado aseguró que la obra sería elevada y que se pagaría con los peajes de los mismos contenedores; sin embargo, aclaró que todo el proceso implica una consulta y que la construcción no tendría luz verde “si la población indígena y negra que habita el territorio no lo decide”.
El Espectador habló con la nueva ministra de la cartera, María Constanza García, quien dijo que el proyecto está en un estudio de prefactibilidad que terminaría en diciembre y que, al final de cuentas, la apuesta sigue siendo crear “una alternativa para la carga que en la actualidad hace uso del canal de Panamá”. García agregó que hay tres opciones de ruta, que van desde los 233 hasta los 269 kilómetros. Tomando en cuenta el estado de la iniciativa, de llegar a conseguirse la totalidad de los recursos, una inversión inicial cercana a los $25 billones, el tren sería una realidad a partir de 2050.
La ministra y el propio presidente resaltan que, al margen de esas dos promesas, el Gobierno le ha apostado al transporte férreo y ha logrado grandes avances en la reactivación de varias líneas. “Hoy operamos con eficiencia 1.024 kilómetros, garantizando su óptimo rendimiento comercial y logístico (…) a lo largo del Gobierno del Cambio hemos destinado cerca de 465.189 millones, para garantizar y mejorar la operación de los corredores ferroviarios”, dijo García.
Aunque seguramente la apuesta sentará las bases para consolidar el regreso de este modo de transporte, desde la oposición seguirán cobrándole al presidente Petro sus declaraciones. “Charlatán profesional. Prometió un tren eléctrico elevado de Buenaventura a Barranquilla. ¿En qué va el disparate? ¿Con plata de dónde?”, dijo el mes pasado la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.
Sin tiempo para 12 millones de turistas
“Yo propongo un cambio: pasar de una economía extractivista, que ha dejado a Colombia arruinada, a una economía productiva que desarrolle agricultura, industria y turismo”. Esa frase, con algunas variaciones, ha sido una constante en los pronunciamientos del presidente, quien ha intentado consolidarse como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático y precursor de la transición energética en el país.
El tercer elemento de esa apuesta, el turismo, arrancó con otra meta para algunos exagerada, alcanzar los 12 millones de visitantes extranjeros, cifra que, según el propio Petro, sería la fórmula, junto a la agricultura, para reemplazar los recursos que Colombia recibe por el petróleo.
Sin embargo, en este caso, la aspiración también fue cayendo con el paso de los meses. En septiembre de 2023, el jefe de Estado reconoció que los 12 millones son un “ideal” y que la cifra real sería de 7,5 millones, que en un “escenario optimista” podría llegar a los 9,4 millones.
Lo cierto es que, a diciembre de 2023, ingresaron al país 5,9 millones de turistas, lo que representa un aumento del 29 % en comparación con el mismo período del año anterior. Entre enero y marzo de 2024, llegaron 1,6 millones visitantes no residentes; es decir, un 26,80 % de la meta para el presente año (6 millones de turistas).
Para María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y turismo, el tema de los 12 millones es otro error de falta de conocimiento de las realidades del sector, pues a su juicio “el tema no es el número, sino la capacidad de gasto de los mismos”. Lacouture, ahora presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, le dijo a este diario que el Gobierno debería replantear su intención de cambiar el petróleo por turismo. “Deberían ser complementarios para lograr aportar ingresos relevantes para un país que requiere crecer a más de 7 % y se estima en el 2024 un crecimiento del 1,7 %”, dijo.
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José Manuel Restrepo, también exministro de esa cartera, aseguró que el Gobierno tiene avances interesantes en diseño de instrumentos de política pública, pero que se rajó en ejecución, no solo en materia de turismo, sino también en comercio exterior y reindustrialización. “En turismo hay dos caras, porque si bien es cierto que los turistas extranjeros han llegado en cifras récord, el turismo interno ha tenido varios meses en negativo”, aseguró a este medio Restrepo, quien además agregó que la meta de 12 millones también se verá truncada por los problemas de inseguridad.
En la Casa de Nariño ya preparan un nuevo informe sobre los logros del Gobierno en todas las áreas, el cual seguramente será la base de la intervención del presidente Gustavo Petro este miércoles, en el Puente de Boyacá. Sin embargo, las grandes promesas que avanzan a paso lento seguirán pasándole factura y seguramente se convertirán en una carta que jugará la oposición para oponerse en esta tercera legislatura a las reformas sociales y al paquete de reactivación económica. Con un escenario así, surge nuevamente la pregunta sobre el futuro del llamado acuerdo nacional.
Y es que además de educación universitaria, trenes y turismo, en el tintero hay otra serie de promesas incumplidas a las que distintos sectores le pondrán la lupa, como la priorización de los funcionarios de carrera en los cargos diplomáticos, la contratación masiva de profesionales con doctorado en las entidades públicas, la construcción de aeropuertos y más.
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Por David Efrén Ortega
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