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Ad portas de ser realidad quedó el proyecto de ley que establece un Estatuto Anticorrupción en el país.
Las normas que buscan el ataque frontal a los corruptos fueron aprobadas por la comisión primera de la Cámara y tan sólo le resta la aprobación por parte de la plenaria de la corporación.
El Gobierno y el Congreso con el proyecto buscan establecer que en todos los despachos públicos, la opinión sepa qué sucede realmente.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que el Estatuto reglamenta actividades de cabildeo o ‘lobbysmo’ para que el proceso de formación de las leyes “sea transparente” y los colombianos “estén informados” acerca de quién visita a los legisladores y al propio Ejecutivo.
Según él, el proyecto reglamenta aspectos de orden procidemental. Además, también dota al Gobierno, a los órganos de control y la propia sociedad civil de muchos instrumentos que van a ser útiles en la tarea de enfrentar a los corruptos.
“El interés del Gobierno es poner en el primer plano de la agenda nacional una política pública para realmente acorralar a quienes han encontrado en el erario una manera de lucrarse”, insistió Vargas Lleras.
El proyecto pasará la próxima semana a la plenaria de la Cámara donde se espera sea aprobado.
Dentro de las propuestas más sonadas en el Estatuto está la que establece que sea levantada la reserva bancaria de los contratistas del Estado.
El autor, el representante Guillermo Rivera, explicó que casos como los de Bogotá, donde el contratista terminó manejando irregularmente los recursos públicos de la ciudad, no pueden repetirse; por lo cual, el interventor y las veedurías ciudadanas deben tener acceso a las cuentas de los contratistas.