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Ya van 45 días de sesiones en el nuevo Congreso y el balance que deja hasta ahora este periodo, que coincide con el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella, es un desborde de proyectos de reforma constitucional y de ley que hacen fila para ser discutidos tanto en Senado como en Cámara. Alrededor de 535 iniciativas han llegado al Capitolio y en su mayoría son de autoría de los legisladores.
Pero su avance es prácticamente nulo en medio de prioridades que los intereses del Ejecutivo y el propio Legislativo toman fuerza. Las más inmediatas son el presupuesto de 2027, una ley de ajuste fiscal y el retorno de la reforma pensional, entre otros asuntos.
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Y es que atravesando la séptima semana de labores en el Congreso, más del 90 % de estos proyectos siguen esperando por dar inicio a su trámite en las comisiones. La agenda del Legislativo se ha marcado por momentos puntuales que finalmente llevaron el foco de los debates a otras orillas. La posesión presidencial, las elecciones de contralor General y magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero –especialmente– el terremoto del pasado 10 de agosto dejaron en segundo renglón esos trámites.
La agenda dispuesta desde las dos cabezas de la Rama Legislativa, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) y el representante Nicolás Barguil (Conservador), se ha condicionado por la coyuntura nacional, las peleas entre bancadas y la confección de acuerdos en los que, además, se ha tratado de mantener al margen el gobierno del presidente De la Espriella. De hecho, tan solo dos veces se la ha visto en los pasillos del Congreso al ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Por Senado son: 250 proyectos los que se han radicado desde el pasado 20 de julio. El último en llegar al escritorio del secretario General, Diego González, es de origen uribista con el senador Hernán Cadavid que promueve una eliminación a la reposición de votos en los procesos de consultas internas y consultas interpartidistas. Según explicó el congresista, se busca un equilibrio en los procesos electorales, pues este mecanismo en instancias previas a las elecciones habría desajustado las condiciones de esos procesos en los últimos años.
En contraste, el primer texto presentado tuvo su origen en Alianza Verde con la senadora Andrea Padilla, quien busca reforzar los estándares de responsabilidad contra el maltrato animal y se bautizó como “Ley Ángel 2.0”. A la fecha ninguno de esos proyectos ha iniciado sus respectivos trámites en la Comisión Primera. El panorama se repite con otros 214 proyectos, pues solamente 13 ya han sido agendados o han tenido su primer debate. Los tres restantes fueron retirados.
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Centro Democrático, La U, Partido Conservador y Alianza Verde resaltan como los que mayor cantidad de proyectos tienen bajo su autoría. Todos ellos superan la franja de 30 iniciativas presentadas ante el Senado, aunque algunas de ellas fueron radicadas de forma conjunta entre dos o más colectivos. El Pacto Histórico tampoco se queda atrás, siendo la bancada mayoritaria con 26 senadores en sus filas y que, además, mantienen en su agenda más de una decena de proyectos que presentó el gobierno Petro previo a su salida del poder. El Pacto también supera la barrera de los 30 proyectos radicados.
En las últimas dos semanas –desde el 25 de agosto a fecha de publicación– más de 50 proyectos llegaron al Congreso. De ellos, más de una decena tiene como componente primario atender la crisis derivada del terremoto que tuvo su origen en San José del Palmar (Chocó) en iniciativas que van desde la eliminación de impuestos, incentivos para las víctimas e incluso la regulación de los estándares de construcción en el país.
Sin embargo, uno de los principales reparos durante estas semanas ha sido el alto déficit fiscal y la necesidad que requiere el Estado para un ajuste severo de sus finanzas. Este argumento choca con la intención de atender esa crisis, pues ya desde el gobierno De la Espriella se proyecta la necesidad de al menos COP 30 billones para la reconstrucción de los principales departamentos afectados; todo ello sin contar la carga que implicaría la aprobación de esas nuevas iniciativas.
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De hecho, de forma conjunta las comisiones económicas (terceras y cuartas de Senado y Cámara) discuten el presupuesto del 2027 y en el que tanto las bancadas de gobierno como de oposición llegan a un punto en común: realizar un recorte a la burocracia. El déficit del proyecto que dejó la administración Petro ascendía a un aproximado de COP 30 billones, pero que tras la presentación del primer proyecto de presupuesto del gobierno De la Espriella se habría disparado a más de COP 60 billones.
En los cerca de 250 proyectos que parten desde el Senado y que fueron revisados por El Espectador, más del 70 % promueven iniciativas que tendrían un impacto fiscal significativo en caso de su aprobación. Esa lista arranca por las modificación propuestas desde el Centro Democrático para el Sistema de Salud en el que se busca un ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y que tendría que ser revisado anualmente para un incremento que no afecte a ese sistema. Esto directamente representaría una nueva carga fiscal para el sector salud. Asimismo sucede con la formalización del personal médico o la modernización de insumos.
En el mismo contexto también se han presentado textos con los que se busca la eliminación de tributos como el impuesto al patrimonio –también de origen uribista–; condonación de créditos y subsidios a la tasa de interés en el Icetex; e incluso el aumento en los pagos del programa adulto mayor ligado al incremento del IPC. Todos ellos necesitarían, en caso de ser aprobados, una disposición desde las finanzas públicas, pero que no corresponden con la realidad fiscal del Estado.
Otros proyectos que han generado un ruido significativo son: la ley anticapuchos, la prohibición de la maternidad subrogada –alquiler de vientres–, la prohibición de uso de redes sociales para menores de edad, ajustes en el sistema de peajes en Colombia. En tanto, otros de alta importancia como la modificación en el proceso de elección para los presidentes de Ecopetrol, Dane o la Nueva EPS han pasado de agache, pero ya se alistan para sus primera ronda de debates en el Senado.
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Por otro lado, el panorama en la Cámara no es muy diferente. En esa corporación se han presentado alrededor de 290 iniciativas en el lapso de estos primeros 45 días. En el recinto del que el conservador Nicolás Barguil marca el ritmo se han protagonizado numerosos choques entre partidos y los debates también han pasado a segundo plano. El último proyecto en entrar a la oficina del secretario Miguel Ángel Sánchez es la denominada “ley anticapuchos” que pretende imponer sanciones e incluso, convertir en delito que en medio de protestas los manifestantes cubran sus rostros para cometer actos vandálicos. La iniciativa la presentaron los representante Jaime Arizabaleta (Centro Democrático) y Julio César Triana (Cambio Radical).
Allí también se ha puesto el foco en la eliminación de cargas tributarias para los colombianos, en donde los partidos Conservador y el Centro Democrático han tomado esas bandera con propuestas como la eliminación del impuesto saludable o la eliminación al impuesto al patrimonio. Y caso contrario al Senado, es el Pacto Histórico el proyecto que tiene un mayor número de iniciativas presentadas. Eso se debe, entre otras, a que proyectos como la reforma integral al sistema de salud, una reforma política e incluso una reforma tributaria, fueron heredadas del gobierno Petro y presentadas por congresistas de esa colectividad.
Pero en ese trámite legislativo tendrá varios frenos en la que promueven los congresistas, pues es esa la corporación la que debe recibir los principales proyectos que en este primer año de mandato presentará la administración De la Espriella. Es allí por donde parte el Plan Nacional de Desarrollo, así como ya lo ha hecho el presupuesto y lo que tendría que hacer la ley de ajuste fiscal que anunció durante la discusión del presupuesto de 2027 el ministro Miguel Gómez.
Y no suficiente con ello, los 181 representantes tendrán que dar trámite por tercera vez el proyecto de reforma pensional de la administración Petro. Eso se debe al ordenamiento de la Corte Constitucional de devolver nueve artículos que se habrían viciado durante el trámite que dieron los presidentes Jaime Raúl Salamanca (2025-2025) y Julián López (2025-2026). Esa discusión debe tener lugar en máximo 30 días, de acuerdo al mandato del alto tribunal.
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Y todo este panorama tendrá un condicionante adicional. Tras su primer mes de mandato el gobierno De la Espriella se ha mantenido al margen de estrechar lazos con el Congreso. Sin embargo, ya en los pasillos de la Casa de Nariño y en el despacho presidencial de Barranquilla se ha emitido la directriz de presentar las primeras iniciativas con origen del Ejecutivo. Una modificación al código de tránsito, la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista serán los primeros proyectos que presentará la nueva jefatura de Estado.
El discurso, de momento, se mantiene en presentar las iniciativas y que todo tipo de negociación sea “transparente” y “sobre la mesa”. Así lo definió desde campaña el presidente y así ya lo advirtió el ministro del Interior, Rodrigo Lara, previo a la presentación de esos primeros articulados.
Finalmente, de seguir con la tendencia de los últimos años, la transformación de esos 535 proyectos en leyes será mínima. De hecho, según cifras reportadas por la firma Orza, en 2022-2023 se radicaron 644 proyectos, de los cuales 117 se convirtieron en ley y 527 terminaron archivados. De esas iniciativas, 43 llegaron del gobierno Petro y 27 se convirtieron en ley. No obstante, el índice fue empeorando con el paso de la legislaturas, al punto que entre el 20 de julio de 2025 y 20 de junio del 2026 solamente 11 leyes fueron aprobadas, de 795 radicadas, pero con la salvedad que 161 fueron la herencia para el Congreso que tomó posesión hace 45 días.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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