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El gobierno del presidente Gustavo Petro sacudió su estrategia de comunicación en las últimas semanas, con modificaciones en entidades, como en la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y en RTVC, encargadas de diseñar y ejecutar dicha táctica. Pero eso no es todo, pues su administración también fortaleció su base de activistas e incorporó a íconos del petrismo en redes, con cientos de miles de seguidores, para potenciar sus mensajes.
Al menos ocho influenciadores habrían extendido sus hilos al Ejecutivo. Algunos de ellos fueron contratados directamente y otros lograron ubicar a cercanos y a su personal en la burocracia gubernamental, con altos honorarios. Según los convenios, el trabajo de la mayoría será la “creación y edición de contenidos”. Este esfuerzo llega en un momento crucial en el que Petro tiene dificultades para organizar las mayorías en el Congreso y fortalecer el respaldo popular, que él mismo ha reconocido como su principal recurso.
Por un lado, la Casa de Nariño oficializó la llegada de Hollman Morris como nuevo gerente de RTVC tras la renuncia de Nórida Rodríguez. Y la cascada de cambios no se detuvo ahí, ya que María Paula Fonseca dejó su posición como secretaria de Comunicaciones de la Presidencia para volver a trabajar con Morris, su antiguo jefe, en el sistema de medios públicos. Por el momento, la relación entre Petro y la prensa estará a cargo del periodista Juan David Moreno, quien trabajó en la Unidad de Búsqueda.
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Estos movimientos sugieren una reestructuración estratégica, especialmente en los niveles intermedios o “mandos medios”, como los describe Petro. Es en este terreno donde han aterrizado influenciadores y viejos conocidos por figuras como Hollman Morris, Cielo Rusinque y Stalin Ballesteros, quien hace poco renunció como director de Colombia Compra Eficiente por supuestas irregularidades en contratos, que él niega. El 12 de abril, el político atlanticense Cristóbal Padilla fue designado como su reemplazo.
De acuerdo con la saliente jefe de comunicaciones de Palacio, “una promesa de campaña fue democratizar el acceso a la información, esto pasa por incluir a la prensa alternativa y comunitaria”, por eso, “el cubrimiento de las actividades del primer presidente de izquierda en Colombia dejó de ser exclusivo para los medios tradicionales. Por primera vez incluimos medios alternativos en el grupo de periodistas que acompañaban al señor presidente”, dijo a este diario Fonseca sobre esa estrategia.
En ese contexto, con 551.000 seguidores en X y 463.000 suscriptores en YouTube, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido entre los internautas como Wally Opina, se unió a RTVC el pasado 15 de marzo para la “producción de contenidos jurídicos de opinión”. Es uno de los que se ha sumado al Gobierno junto con una parte de su equipo, ya que al menos tres funcionarios que firmaron con la administración de izquierda certificaron en su experiencia laboral su trabajo previo en el canal del youtuber.
Wally certificó la experiencia de Ricardo Andrés Malagón, quien fue investigador y libretista del canal Wally Opina; de Nicolás Javier Garzón, quien no especificó su labor, y de Ricardo Andrés Pajarito, quien aseguró haber sido product manager en el canal. Los firmaron con Colombia Compra Eficiente.
Ahora, el contrato firmado por Wally es por seis meses por un rubro de casi $46 millones, y está justificado por RTVC en que es fundamental que “cuenten con contenidos para informar y educar a la audiencia sobre sus derechos”. Para ocupar este puesto, el adjudicado requería tener tanto título universitario (lo cual cumple, pues es abogado) como un posgrado en la modalidad de especialización, pero no posee este último y su tiempo de experiencia fue equivalente.
Con Colombia Compra Eficiente también suscribió contratos previamente la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis Smile, quien luego fue integrada al equipo de comunicaciones de Prosperidad Social por Cielo Rusinque, quien finalmente se la llevó con un contrato de libre nombramiento y remoción para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el sistema de compra pública, Beltrán había firmado dos contratos entre 2022 y 2023, el más alto por $51 millones para “asesorar y apoyar en el diseño de la estrategia digital”, específicamente en TikTok, en donde ella tiene 157.000 seguidores.
En febrero de este año, Lalis llegó a la oficina de comunicaciones de la SIC como asesora en grado 4; es decir, con un salario de $5,4 millones mensuales. Para eso, certificó entre su experiencia su trabajo en las dos entidades en las que había firmado.
Rusinque también contrató en la SIC a la tuitera y abogada María Niny Echeverry, quien entró el pasado 27 de febrero a la entidad como jefa de la Oficina de Servicios al Consumidor, luego de haber sido asesora jurídica en Prosperidad Social con dos convenios, el más alto por $83 millones. Para eso, la también activista cumple con los requisitos y, de hecho, tiene experiencia como asesora en otras entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y en el Mindefensa. Sobre la llegada de ambas a la SIC, Rusinque aseguró que “los nombramientos se hicieron exclusivamente basados en la profesión y en la experiencia de estas dos funcionarias”.
El que ingresó al Gobierno con un perfil profesional limitado fue el tuitero Jader David Rozo Rojas (Don Izquierdo), quien tiene 287.000 seguidores en X y firmó por $5,9 millones mensuales para “realizar actividades de periodismo digital en RTVC”, sin la necesidad de tener título universitario. El cargo fue diseñado de ese modo en cuanto a los requisitos académicos y el sistema de medios solo le solicitó el título de bachiller y al menos dos años de experiencia.
Rozo solo certificó entre su experiencia laboral su trabajo como community manager de la empresa Colcrit S. A. S. Esta compañía suscribió contratos con la alcaldía de Daniel Quintero para promover pauta publicitaria. Incluso, según una investigación del medio El Armadillo, esa empresa era la encargada de mover información a favor de Quintero a través de cuentas falsas. Don Izquierdo no está radicado en Medellín, por lo que habría dudas sobre esa certificación, pero según explicó a este medio “viajó en varias ocasiones y la mayor parte del tiempo fue teletrabajo, de manera freelance”.
Por otro parte, El Espectador encontró, además, que en el Gobierno también contrataron a por lo menos a uno de los cercanos al youtuber Alejo Vergel Arévalo, conocido también como Colombiano Indignado. Janner Ortega Arévalo ingresó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dirigida por Alejandra Miller, para apoyar a la oficina de comunicaciones.
El que también es familiar del influenciador firmó por $76 millones el pasado 30 de enero y certificó entre su experiencia su trabajo como editor de video y manejo de redes sociales del canal de Vergel. Igualmente, aunque el cargo solicitaba como requisito un título de posgrado en la modalidad de especialización, Ortega solo tiene título profesional en Negocios Internacionales.
De otro lado, Celso Galeano Tete Crespo, quien posee 162.000 seguidores en X, también había hecho parte del Gobierno en el Ministerio de Ambiente, cartera en la que suscribió un contrato por $119 millones en mayo de 2023 por 10 meses, para el seguimiento de la estrategia de comunicación digital. Aunque entre los requisitos del contrato se pedía un título de posgrado en la modalidad de doctorado, Tete Crespo solo certificó título de especialización.
La incursión de influenciadores en el gobierno Petro incluye una estrategia de comunicación premeditada. Incluso, algunos activistas que no tienen contratos, han sido invitados a las jornadas del Gobierno con el Pueblo en las regiones y demás eventos en los que ha participado el jefe de Estado para hacer cubrimiento. Y en medio de la salida de María Paula Fonseca de la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño, Wally comentó: “A los medios alternativos que siempre estuvieron aislados, les abrió las puertas”.
Los influenciadores afines al petrismo no tienen contratos solamente en el Gobierno, sino también en el Congreso con miembros de la bancada oficialista. Es el caso de Juan Camilo Caicedo, conocido en redes como @JuancaElBroky, quien tiene 119.000 seguidores en X y fue jefe de prensa del entonces senador Alexánder López, ahora director de Planeación Nacional. Cuando el Consejo de Estado anuló la elección del congresista, el Broky pasó al equipo del representante Alejandro Ocampo.
Por el Capitolio también pasó Germán Antonio López Álvarez, fundador del medio de comunicación independiente La Oreja Roja, quien trabajó en la UTL de María Fernanda Mafe Carrascal, aunque en febrero de 2023 se incorporó a la administración de Petro en la Unidad Solidaria para “diseñar e implementar una estrategia para la conformación de una red nacional de medios alternativos y comunitarios” por $50 millones por 10 meses de trabajo. Desde entonces, ya no hace parte del equipo de redacción del medio alternativo.
Aunque este diario encontró posibles inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos para la contratación de algunos de los influenciadores, como la falta de títulos requeridos de especialización y maestría, su participación en la comunicación gubernamental no es ilegítima. Además, El Espectador los buscó a todos y si bien algunos no contestaron, en otros escenarios han defendido su idoneidad para ocupar esos cargos, así como la autenticidad de los documentos que presentaron para aplicar.
Aun así, el conocimiento de los convenios es clave, para que la información transmitida por esas figuras sea honesta con el público, ya que están recibiendo remuneración de arcas del Estado, todo en medio de las disputas institucionales y de la renovada estrategia para fortalecer la comunicación gubernamental con activistas y en otros canales, como con el periódico oficial Vida y en RTVC.
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Por Laura Duarte Sandoval
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