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En el corazón del Centro Administrativo Nacional (CAN), en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, se ubica un predio que está avaluado catastralmente en $23.000 millones y por el que la Registraduría Nacional y dos privados están en una fuerte disputa en dos instancias jurídicas diferentes. El terreno de 5.858 metros cuadrados está rodeado por grandes entidades del país, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el Servicio Geológico y el Ministerio de Defensa.
Según documentación en poder de El Espectador, el lío, por lo menos desde lo jurídico, en la Alcaldía de Teusaquillo comenzó en 2006. Pero desde hace un año y medio, cuando falleció Beatriz Calderón, madre de una de las partes involucradas en esta disputa —Argenis Calderón—, quien tuvo durante años el restaurante La Finca, en la mitad del predio, las tensiones han aumentado cada vez más. El pasado 23 de abril, la Registraduría reportó que en el terreno había maquinaria amarilla, con la cual se estaría haciendo uso indebido del predio catalogado como bien fiscal.
Argenis Calderón, quien se enfrenta junto con Mauricio Arias a la Registraduría, argumentó que la intención de las máquinas no era hacer obras en este espacio, sino hacer una limpieza de la maleza, las ratas y las aguas de lluvia. Sin embargo, más allá de las acciones que ha tenido que tomar la Policía en los últimos meses para que ninguna de las partes use el predio, la defensa de los privados argumenta que en el fondo de la discusión está el hecho de si, en efecto, se trata de un bien de la nación y que, en esa medida, sea imprescriptible.
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La historia de este lote data de los años 50, cuando allí llegó Priscilla Polonia Guevara, emigrando desde Huila. En 1956, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla creó el CAN y fue designado exclusivamente para uso institucional. Unos años después, en 1992, mediante la Resolución 01452 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se destinó un terreno en el CAN para el servicio de la Registraduría. Después, mediante el Decreto 1166 de 1993, la Registraduría se convirtió en propietaria de este lote conocido como La Mazorca.
“En el año 92 le entregaron a la Registraduría un acto de administración de los bienes del Estado, pero nunca en posesión”, argumentó por su lado Calderón. Por el contrario, fuentes de la Registraduría explicaron que el predio quedó como propiedad de la entidad desde la liquidación del Fondo de Inmuebles Nacionales, en 1993.
En 2001, Polonia Guevara le entregó unos documentos del inmueble a Argenis Calderón y Mauricio Arias, a cambio de otras dos propiedades. “El negocio consistió en que yo le vendía el derecho de posesión y que ella a cambio me daba […] dos casas […] yo le entregue el terreno y fuimos a hacer la transferencia en una notaría”, explicó Polonia en una diligencia a la que tuvo acceso este diario.
Al parecer, los documentos que le entregó Polonia a Calderón eran de un proceso que cursó en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá y, con base a ellos, se elaboraron dos sentencias que la Fiscalía calificó de falsas e indicaban que el predio se desenglobaría del terreno que se adquirió para la Urbanización La Esmeralda (que es vecina mas no parte del CAN). Así, en 2001, ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, se inscribió la escritura pública y dichas sentencias en el folio de matrícula y, en consecuencia, se registró como propietaria a Polonia Guevara.
Sobre estas sentencias, que dieron pie a un proceso penal, Calderón dijo que ella y Arias fueron compradores de buena fe. “A nosotros nos venden, somos compradores de buena fe porque la señora Priscila nos vende con un certificado de tradición basado en todos estos fallos judiciales (…). La Fiscalía en la parte penal no nos condenaron ni nada porque nunca fuimos partícipes de absolutamente nada”, afirmó ella.
A Mauricio Arias, quien se ha dedicado al negocio de los parqueaderos, le había parecido una buena idea hacer uno en el espacio del CAN y para ello aportó dos inmuebles y un dinero adicional. En 2002, Polonia le transfirió el lote a Arias y Uniorca Ltda., empresa de Calderón y su pareja, Ángel María Ortega. Sin embargo, luego las autoridades judiciales anularon el negocio por las cuestionadas sentencias y porque se trataba de un bien fiscal no transferible, Polonia tuvo que devolverlas. Pero Arias y Calderón pudieron seguir como tenedores del predio porque, según explicó su defensa, en segunda instancia se les autorizó a retener el bien hasta que se cumplieran las indemnizaciones que se habían ordenado.
Fue en estos años que Beatriz Calderón, madre de Argenis, abrió el restaurante La Finca y funcionó por más de una década, hasta que la Alcaldía de Teusaquillo ordenó el cierre.
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En este momento siguen en curso dos procesos legales por la Mazorca: el que se abrió hace 18 años en la Alcaldía de Teusaquillo en 2006, en cuya primera instancia no se falló a favor de la Registraduría, pero sí les pidió a Arias y Calderón restituir un camino público que figuraba como parte del pleito, y el proceso de reivindicación que se abrió en el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, en 2010.
Y mientras esos procesos siguen congelados en los entes judiciales, los encuentros entre la Registraduría y la contraparte se intensifican. Calderón cuenta que en octubre, previo a las elecciones regionales, la entidad “vulneró su posesión quieta y pacífica” al ingresar al predio para ver qué había dentro y dejar parqueados unos vehículos. Incluso, ella impuso una denuncia contra uno de los funcionarios de la entidad, quien la habría agredido físicamente.
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En varias ocasiones durante este año, la Registraduría ha reportado la presencia de maquinaria amarilla en el predio. Ante esto, han impuesto quejas y acudido a la Policía por presunta infracción urbanística. Además, desde la entidad han argumentado que, precisamente por tantas querellas, la tenencia no ha sido pacífica.
Más aún, fuentes cercanas a la Registraduría insisten en que este predio es un bien imprescriptible, como establece la Constitución Política, que son los bienes de uso público, priorizando el interés general y el patrimonio público. Además, en que Arias y Calderón no han ejecutado actos de señoría, como el pago de los impuestos. Según documentación a la que accedió El Espectador, la entidad ha cumplido con el pago del impuesto predial de más de $680 millones.
Por su parte, Calderón aseguró que “la Registraduría jamás ha ejercido posesión de ese terreno” y que “hasta el día de hoy no existe un fallo para determinar que este sea un bien fiscal”. La defensa además argumenta que no se podría desestimar el tiempo que pasó Priscila Polonia en el predio antes de que este fuera imprescindible. Es decir, los más de 20 años que habrían pasado desde los años 50 hasta que el territorio se convirtió en un bien del Estado.
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Por Daniela Cristancho
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