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Acaba de ser radicado en la Secretaría General de la Cámara un proyecto de ley de siete artículos que busca ordenar medidas de protección para los usuarios de internet y redes sociales, lo que en otras palabras implica regular las plataformas que a diario usan cerca de 39 millones de colombianos. Esto último es según datos de la firma DataReportal.
Se trata de una idea que no es nueva en el Congreso y que incluso acapara la atención en todo el mundo, pues tan solo en Estados Unidos actualmente se vive una intensa discusión por la iniciativa que, con el apoyo de varios demócratas y republicanos y la eventual firma del presidente Joe Biden, prohibiría el uso de TikTok. Eso sí, cabe aclarar, buena parte de lo que ocurra con la red social en ese país dependerá de las tensiones políticas con China.
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En Colombia, aunque la propuesta presentada este jueves en el Legislativo quedó bajo las sombras de las reformas del Gobierno, como le ha pasado a los demás proyectos, algunos congresistas que manejan el tema y expertos del sector han llamado la atención sobre posibles impactos negativos en la libertad de información o la protección de datos personales. Otros incluso aseguran que el debate de la regulación depende más de asuntos globales y de educación, más no del diseño de las redes.
Por esta razón, es necesario revisar detalladamente el proyecto radicado. La propuesta es del representante por el Meta Carlos Vallejo (Alianza Verde), que se está estrenando en el Congreso en reemplazo de Juan Diego Muñoz Cabrera, quien renunció a la curul por temas de salud. Además, cuenta con otras dos firmas, las de los representantes José Eliécer Salazar (La U) y Germán Rozo (Liberal). Según el autor, de ser aprobado se convertiría en la “Ley Ana María Chávez Niño”, en honor a la joven estudiante de 19 años que en 2009 fue asesinada por dos hombres que se ganaron su confianza a través de Facebook.
Lo que plantea, en primer lugar, es crear nuevas condiciones de acceso a las redes sociales para evitar la suplantación de identidades y la creación de perfiles falsos con los que se pueda cometer delitos. Así las cosas, le deja la mayoría de la responsabilidad a las empresas proveedoras de esos servicios en el país.
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La primera obligación que tendrían es detectar si se crea un perfil con una foto que ya exista en la red social, situación en la cual deberán notificar al posible dueño de la imagen. Así mismo, la plataforma tendría que avisar al usuario cuando alguien, desde otra cuenta, descargue una de sus fotos. Hasta este punto se puede decir que en el país ya hay varias leyes que regulan el uso de imágenes y videos que contengan datos biométricos, pues la Corte Constitucional ha garantizado en sus sentencias el derecho a la propia imagen.
Sin embargo, el proyecto también incluye otros aspectos que parecen más complejos de aplicar, como la “identificación de la escritura de dirección geográfica o nomenclatura domiciliaria” para enviar alertas de precaución cuando se comparta ubicación. A esto se suma que obligaría a registrar el nombre, correo y celular de un familiar para notificarle esa misma acción, esto sin especificar si se trata de un requisito solo para menores de edad o en general para todos los usuarios.
Así mismo, en el artículo tres señala que “las empresas proveedoras de redes sociales acondicionarán en el diligenciamiento de datos para la apertura de la cuenta o página, la opción para que el usuario registre de manera obligatoria su reconocimiento biométrico de huella digital y rostro”. De esta manera, nadie más podría crear otro registro biométrico igual. De hecho, el proyecto prevé que si se trata de una persona jurídica el registro biométrico debe hacerlo el representante legal.
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En este punto ya le surgen contradictores a la iniciativa. En diálogo con El Espectador, el senador David Luna, quien fue ministro de las TIC en el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró que no conoce a fondo la propuesta, pero que “en principio” se puede considerar como “un atentado a la libertad de expresión y de prensa”. Para él, lo que las redes sociales deben hacer es “entrenar sus algoritmos” contra el acoso, el bullying y la pedofilia, lo que para él es un tema que debe llegar al Congreso.
Luna ha dicho en diferentes espacios que no es partidario de la sobrerregulación porque va en contra de la innovación y ha señalado que en los casos de amenazas, discursos de odio y calumnias la justicia, a través de las herramientas que ya existen y se han utilizado, levante el anonimato de los usuarios y los juzgue penalmente.
Carolina Botero, consultora en temas de derecho y tecnología y exdirectora de Karisma, aseguró que el proyecto persigue una función loable, pero complicada. “Hay cosas que técnicamente no se podrían hacer, como la descarga de la foto, porque existen las capturas de pantalla. Y efectivamente hay un conflicto con la libertad de expresión porque prohíbe el anonimato”, le dijo Botero a este diario.
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Al Congreso han llegado al menos cinco proyectos que han intentado regular el uso de las redes sociales, ya sea para evitar delitos contra niños, niñas y adolescentes o para prohibir la creación de cuentas falsas o anónimas; sin embargo, todos han terminado archivados.
Para la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es que estas propuestas tocan derechos fundamentales como la intimidad personal, el buen nombre y la libertad de expresión, por lo cual deberían tramitarse como ley estatutaria. Así mismo, advierte que no se puede plantear el bloqueo de contenidos en parte porque internet no es propiedad una persona o grupo particular, sino un sistema cooperativo.
La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) también señala que no es posible prohibir el anonimato, ya que “es un recurso para que muchas personas puedan expresarse libremente sin ser objeto de retaliaciones injustificadas, por lo que, al eliminar el anonimato, se vulnera el derecho mismo a la expresión”.
El representante Vallejo reiteró que su proyecto combate la suplantación de identidad y, por esa vía, el bullying, las estafas, las extorsiones y el ciberacoso. La propuesta empezará a hacer cola con cientos de iniciativas que esperan que la agenda Legislativa se libere tras la discusión de las reformas sociales; sin embargo, los tempranos comentarios que ha despertado vislumbran un debate que llamará la atención de muchos en el Congreso y fuera de este.
Este es el proyecto de ley que busca regular las redes sociales
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