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Alexander Vega será registrador nacional hasta el próximo 5 de diciembre de 2023, cuando termina su periodo constitucional de cuatro años. El concurso de méritos para la escogencia del nuevo registrador, liderado por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ya arrojó a los diez preseleccionados de 39 aspirantes. Entre los que continúan en el proceso, hay cercanos a la actual cabeza de la entidad, al presidente Gustavo Petro, y algunos provenientes de la academia.
Las altas cortes ya dieron a conocer los resultados de las pruebas de conocimientos y competencias generales, realizadas el pasado domingo en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de Bogotá. Allí, los candidatos tuvieron que presentar una prueba constituida por 50 preguntas; para aprobar dicho examen y continuar en el proceso debían acertar un mínimo de 30 preguntas.
Los que lograron sacar el mayor puntaje, en orden descendente, fueron Virgilio Almanza Ocampo, Joaquín José Vives, Carlos Mario Isaza, Jaime Hernando Suárez, Armando Novoa García, Orlando Muñoz Neira, José Darío Castro, Hernán Penagos Giraldo, William Mauricio Ochoa y Nerio José Alvis. De esos diez nombres tendrá que salir el reemplazo de Vega, que asumirá la dirección de la Registraduría para el periodo 2024-2028. Entre los preseleccionados no hay ninguna mujer, solo cuatro presentaron la prueba de conocimiento y ninguna la aprobó.
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El cargo de registrador tiene alta incidencia política y electoral, pues tiene la función de dirigir y organizar las elecciones. Además, hay cuestionamientos alrededor de la posible repartición de puestos, es más, uno de los puntos que más incomodó en el reciente proyecto de Código Electoral, liderado por el registrador Vega y el Misterio del Interior del gobierno Petro, fue la creación de más burocracia en el nivel departamental. Actualmente, la Registraduría cuenta con 4.747 puestos y para el periodo 2023-2024, de aprobarse el Presupuesto General de la Nación (PGN) en el Congreso, le serían asignados más de $ 1 billón de pesos.
La lista de preseleccionados la encabeza Virgilio Almanza Ocampo, quien sería uno de los cercanos a Vega, según le contaron a El Espectador. Es abogado y especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Libre, el alma mater del registrador actual. Fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por postulación de los partidos Cambio Radical, Liberal y la U. Por otro lado, apoyó a Vega en su aspiración como registrador y fue uno de los abogados que acreditó extra-juicio su cuestionada experiencia en una declaración juramentada.
El otro que tendría el apoyo del registrador es José Darío Castro, quien ocupó el puesto octavo en las pruebas de conocimiento. Es uno de los viejos conocidos de Vega, quien lo designó como Gerente en la Registraduría y, posteriormente, como secretario general. De hecho, mientras estuvo en ese puesto, el columnista de la revista Cambio, Camilo Enciso, reveló un video de una reunión de talento humano, en la que un funcionario a cargo de Castro dice que para preservar el trabajo en la entidad se necesitan “amistades, conexiones políticas, y lo más importante, dinero”.
Entre los diez preseleccionados, aunque no son necesariamente cercanos a Vega, sí son percibidos en el continuismo tanto Nerio José Alvis, quien fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) durante el gobierno de Iván Duque y en ese periodo seleccionó a Vega como uno de los galardonados del premio Alta Gerencia 2021; y también Jaime Hernando Suárez, que fue registrador delegado para lo Electoral en el segundo periodo de Juan Carlos Galindo en la Registraduría.
¿Cercanos al Gobierno?
Entre los aspirantes afines a Gustavo Petro resalta Armando Novoa, quinto en la prueba de conocimiento. Últimamente, trabajó como asesor de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y también fue magistrado del CNE en representación de los partidos Polo Democrático y Alianza Verde en el mismo periodo que Alexander Vega (2014-2018). Precisamente, Novoa ha sido uno de los principales críticos del registrador: lo ha señalado a él y al actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por supuestas irregularidades en la investigación a Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht en el CNE.
Ahora, si bien no es de la línea directa del presidente Petro, Hernán Penagos Giraldo sí es cercano a Mauricio Lizcano, ministro de las TIC y exdirector del DAPRE de Petro. Penagos fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, fue presidente de esa corporación y magistrado del CNE en representación del Partido de la U. Aunque su padrino político fue Óscar Iván Zuluaga durante la fundación de esa colectividad, terminó en el sector cercano a Juan Manuel Santos.
Por otro lado, Joaquín José Vives, el segundo en la prueba de conocimiento, también tendría cierta cercanía al petrismo, pues ha representado a congresistas del Pacto Histórico en demandas por presuntas inhabilidades ante el Consejo de Estado, como a Gloria Arizabaleta. Vives también fue representante a la Cámara y magistrado del CNE, postulado por el Partido Liberal. En 2019 aspiró por el cargo de registrador, pero no quedó. Hay que decir que en 2012 la Corte Suprema abrió una investigación en su contra por presuntos nexos con paramilitares, pero fue archivada en 2015 por falta de pruebas. Hace parte del poderoso grupo político Vives en Magdalena.
Desde la academia, la lista de los preseleccionados la completan Carlos Mario Isaza, quien fue conjuez del CNE; Orlando Muñoz Neira y William Mauricio Ochoa. Los tres han sido profesores de derecho en universidades del país. En Colombia, el registrador es escogido por las altas cortes, de modo que haya una elección independiente y lejos del plano político. Precisamente, uno de los requisitos para los aspirantes, según el artículo 266 de la Constitución Política, es “no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año anterior a su elección”. Además, la elección es “exclusivamente por concurso de méritos”.
En todo caso, los aspirantes ya mueven sus apoyos para el proceso de entrevista, pues vale el 30 % del puntaje total, mientras que la hoja de vida solo suma el 20 %. Y el 50% restante se divide, con mecanismos poco claros, entre las pruebas de conocimiento y de competencias. Una fuente dentro del proceso aseguró a este diario que ya hay “lobby y movimientos” para las entrevistas, que son realizadas por los presidentes de las cortes y están programadas para la semana del 1 al 8 de noviembre, cuando hayan sido resueltos los recursos contra los resultados de las pruebas. Dentro de los tres días siguientes a la entrevista, sale una nueva lista de elegibles para la decisión final.
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Por Laura Duarte Sandoval
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