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El debate legislativo traspasó los muros del Capitolio y llegó hasta los estrados judiciales. Por lo menos 10 congresistas fueron demandados ante el Consejo de Estado por perdida de investidura tras haber aportado a la “vaca” por las vías 4G en Antioquia, convocada por el gobernador Andrés Julián Rendón. Además, otro del Centro Democrático, Alirio Barrera, será demandado por Wilson Arias porque supuestamente habría “estado impedido para votar la Reforma a la Salud (archivada) en la Comisión Séptima y aun así lo hizo”.
La relación entre los congresistas está en su punto más alto de ebullición, de hecho, las discusiones han pasado del plano político al personal y este 10 de abril este diario conoció que desde el equipo de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) presentarían una queja en contra del senador uribista Honorio Henríquez ante la Comisión de Ética por haberse referido a la también presidenta de esa célula legislativa como “payasa”, en la sesión en la que nueve congresistas hundieron al reforma a la salud.
Esa queja estaría sustentada en la “ejecución de actos que afectan la moralidad del Congreso y la dignidad y buen nombre de los parlamentarios”, consagrada en el Código de Ética. Por el momento, Henríquez está buscando conciliar con la senadora para que su caso no se eleve a esa comisión, en donde el Gobierno tiene las mayorías y podrían sancionarlo con amonestaciones escritas o hasta, de ser el caso, la suspensión de su ejercicio como congresista.
Precisamente, el senador del Centro Democrático manifestó sus disculpas a través del presidente del Senado, Iván Name, quien se reunió este miércoles con comunidades wayú que llegaron hasta Bogotá para defender a Peralta y que participaron en una sesión de la Comisión Séptima en la que pidieron al senador que se someta a la justicia indígena y escuche a sus palabreros. “Mi pueblo ha dicho que no solo yo fui ofendida, también las mujeres indígenas. Buscamos fijar un precedente”, dijo la senadora.
Pero ese es el caso menos grave, pues quienes sí tienen su curul en riesgo son los demandados por perdida de investidura, en su mayoría del Centro Democrático. El Consejo de Estado ya aceptó las demandas en contra de los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y los representantes Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio y el liberal Julián Peinado, por haber aportado en la “vaca” de las 4G.
Los congresistas tendrán cinco días a partir de los dos días siguientes de la notificación, es decir, a partir de hoy, para manifestar sus argumentos. Entre los demandados hay mucho hermetismo y miran con preocupación la demanda admitida y presentada por abogado Carlos Mario Patiño, quien sería cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y habría presentado el recurso en su nombre y en el de congresistas del Pacto Histórico. Aunque desde el uribismo ya se han reunido y el partido contrató a un abogado para su defensa, la primera estrategia fue solicitar a la Gobernación la devolución del dinero aportado.
Según lo conoció este diario, varios de ellos pidieron personalmente a Rendón la reintegración del dinero para saltarse el lío jurídico. De hecho, así lo reconoció el gobernador antioqueño en medio de la sesión plenaria de la Cámara de este 10 de abril, en la que se adelantó un debate de control político al ministro de Transporte, William Camargo, por los recursos de las vías 4G. “Con el ánimo de no involucrarlos en un problema judicial y respetando a nuestras autoridades, vamos a proceder a regresarles los recursos que genuinamente donaron a la ‘vaca’”, dijo Rendón.
La demanda de Patiño a los congresistas se fundamentó en que las donaciones pueden ser interpretadas como un contrato con el Estado, lo que está prohibido según el numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política. Pero la donación plantea una cláusula relacionada con su aceptación, por lo que los congresistas están a tiempo de revertir la donación, que aún no habría entrado formalmente a las arcas de la Gobernación.
De no salir librados por esa vía, ya tienen lista su defensa que se basaría en el principio de buena fe, con lo que argumentarían que no actuaron para obtener beneficio de la donación, como lo supone el demandante. “En la jurisprudencia del Consejo de Estado hay un elemento subjetivo, que es el aprovechamiento o beneficio que uno haya querido tener sobre el contrato estatal. Ahí es donde no se debería configurar, pues ninguno pretendió beneficiarse”, explicó uno de los congresistas demandados.
Pero ese no es el único golpe que ha recibido el partido uribista, pues la aceptación de las demandas por la “vaca” coincidieron con el llamamiento a juicio a su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró en la mañana de este 10 de abril que “no hay pruebas contundentes” en su contra, pese desde la Fiscalía de Luz Adriana Camargo señalaron tener nuevos elementos probatorios. Precisamente, tanto por las demandas por perdida de investidura, la posible queja contra Honorio Henríquez en la Comisión de Ética y el llamado a Uribe, desde ese partido hablaron de una “persecución jurídica”.
(Lea: “Reforma a la salud: presidentes de las comisiones constitucionales estudiarán apelación”)
El caso de Alirio Barrera
Por el presunto conflicto de interés para votar la reforma a la salud, Barrera afirmó que “lo quieren destituir y cercar frente a la opinión pública” y se mantuvo en que sobre él no recae ninguna irregularidad, pues “no se constituye conflicto de interés mientras el voto sea a favor de que se mantenga la normatividad vigente (…) lo que hicimos los nueve senadores al votar de forma negativa fue eso. No estamos beneficiando a nadie”.
Pero, Wilson Arias, quien presentaría la demanda en los próximos días indicó que tiene todas las pruebas en contra de Barrera y una “telaraña de los financiadores de su campaña con contratos en el sector salud”, para demostrar el conflicto de interés.
Arias no es el único de la bancada oficialista que buscaría demandar a Barrera. El representante David Racero también anunció que esta trabajando en esa solicitud y que “es la primera de una serie de demandas en las cuales pediremos a los jueces que determinen si ciertas actuaciones particulares del Senado obedecen a un régimen democrático, o si por el contrario, siguen creyendo que esto es una finca”, fueron sus palabras en redes sociales.
Pero la demanda contra Barrera todavía no ha sido presentada, porque estarían ajustando los últimos detalles para tener la certeza de que ganarán el proceso. De hecho, contrario a lo que señaló Racero, desde el equipo de Arias aseguraron que, por el momento, esta sería la única demanda que presentarían contra miembros de la Comisión Séptima, pues no tendrían pruebas contundentes del conflicto de interés en los demás casos. De otro lado, hay voces en el Congreso que aseguraron que si Arias o Racero presentan la demanda abrirán una puerta que nadie quiere abrir, pues romperían con el colegaje parlamentario.
Por ello, desde la oposición mencionaron que, aunque esa “no es su actuación”, no descartan emprender contra congresistas del Pacto Histórico en el marco de la guerra jurídica. Eso sí, la oposición nunca ha estado quieta y Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, demandó en nombre del partido la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas. “No podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos”, señaló Córdoba.
De otro lado, hace un mes congresistas de la oposición conformaron un movimiento autoproclamado como “Promotores de la Legalidad”, exclusivamente con el objetivo de demandar políticas de Gobierno y tumbar decretos. El primero fue el programa Jóvenes en Paz, que da una transferencia de $1 millón a jóvenes en riesgo de entrar a la delincuencia, y que fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con 1.500 firmas, por la supuesta “violación de la moralidad administrativa”, según dijeron, porque no es posible entregar recursos del Estado a menores de 14 años “sin ningún tipo de supervisión”. De acuerdo con ese sector, el proceso está en curso y están esperando su pronto estudio.
En suma a la avalancha de procesos jurídicos, la Corte Constitucional falló en contra del Gobierno y devolvió el Plan Nacional del Desarrollo (PND) al Congreso por vicios en su trámite. El magistrado Juan Carlos Cortés presentó una ponencia que pidió que la ley aprobada el 5 de mayo de 2023 regrese al Legislativo para que se corrijan los errores, que incluyen una nueva votación de la conciliación, pues es su momento, se sometió sin que el informe hubiese sido publicado un día antes en la gaceta de la Cámara, como lo pide la ley.
Por ende, la Corte ya ordenó al presidente del Senado, Iván Name, someter otra vez a votación el articulado conciliado. El alto tribunal aclaró que “hasta tanto no se profiera decisión sobre la constitucionalidad de la ley demandada, una vez regrese del Senado, esta sigue vigente y surte efectos”.
La tormenta de demandas tienen al Congreso volcado sobre su resolución, pero al tiempo se calentó el ambiente político. Name levantó la sesión plenaria en la que se iba a discutir la reforma pensional este miércoles en un acto de protesta contra el presidente Petro, luego de que asegurara que los senadores que archivaron la reforma a la salud se habían dejado influenciar por grupos económicos. Por el momento, hay expectativa por la decisión de las diversas instancias, en medio de las disputas políticas y la que sería la ruptura del colegaje entre los miembros del Congreso.
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Por Laura Duarte Sandoval
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