Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En Quibdó, la capital departamental con más desempleo en Colombia y una pobreza multidimensional del 44,4 %, a pocas cuadras de las escuelas sin baños y las casas de tabla donde algunas familias comen una o dos veces al día, se levantan ostentosas mansiones enrejadas, de cuatro o cinco pisos, con fachadas de mármol y acabados impecables.
Están ubicadas en el sector de El Jardín, en una zona específica que los vecinos han bautizado como el “barrio del Estado”. Allí viven o invierten alcaldes, concejales, contratistas y funcionarios públicos; una muestra de la clase política chocoana, la misma que se puede resumir en unos cuantos apellidos que se pronuncian con frecuencia en los tribunales por casos de corrupción y parapolítica.
Lea también: Gobernadora de Chocó se reencuentra en Tadó con su tío tras liberación
Son ellos quienes durante más de medio siglo han manejado este departamento que hoy está marcado por la pobreza y la violencia, problemas que motivaron al presidente Gustavo Petro a llevar todo su gabinete a la región el fin de semana pasado. Una situación que también se refleja en el secuestro de dos figuras reconocidas de la política local: Jefferson Murillo, registrador departamental, y Sócrates Curí Perea, tío de la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba. Aunque ambos ya están libres, en todo el Chocó hay miedo por la fuerte presencia del Clan del Golfo, el ELN y un ramillete de bandas como Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, grupos con los que el Gobierno busca dialogar en el marco de la paz total.
Para los chocoanos, además de la desatención del Estado, los males de su departamento tienen como responsables, en buena medida, a sus dirigentes. Una radiografía de los últimos años permite identificar a los llamados clanes familiares que mandan en la política: los Torres, los Palacios, los Sánchez Montes de Oca y los Córdoba.
Los dos últimos son los que actualmente se disputan el poder en cada elección y, de hecho, quienes están ocupando las dos curules que le corresponden al Chocó en el Congreso, con Astrid Sánchez Montes de Oca y Jhoany Palacios Mosquera, respectivamente. Los partidos que los avalan —Liberal y La U— han mantenido al margen a los alternativos o progresistas. Solo el triunfo de Petro en 2022, con unos 128.000 votos en la segunda vuelta, se podría contar como una excepción.
No se pierda: Congreso se anticipó: reforma a la salud, moción a Mindeporte y metro ya se estudian
El “cordobismo”
El apellido Córdoba en Chocó es sinónimo de Partido Liberal. Se trata de una relación que tiene más de 90 años de historia y se remonta a Diego Luis Córdoba, pionero del activismo político afrodescendiente en el país. Este grupo político ha sido el dueño de la gobernación durante la última década y, según voces de la región, es liderado por el condenado excongresista Nilton Córdoba.
Con una trayectoria como concejal y tesorero del municipio de Bajo Baudó, alcalde de Medio Baudó y representante a la Cámara, Córdoba intentó dar el salto al Senado en las pasadas elecciones, pero se quemó, por lo que al movimiento lo tocó conformarse con la curul de su fórmula en la Cámara, el ya mencionado Jhoany Palacios.
Este Córdoba, Nilton, en 2018 fue salpicado en el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, pues según los expedientes, para intentar detener una orden de captura relacionada con una de las varias investigaciones que tenía en la Corte Suprema de Justicia, pagó cerca de $400 millones, a través de Luis Gustavo Moreno. Por estos hechos, hace dos semanas fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión.
Lea: Economía del Pacífico en crisis: las cifras detrás de la intervención del Gobierno
En alianza con otros políticos, estuvo detrás de la victoria de los últimos tres gobernadores del Chocó antes de la actual: Efrén Palacios, Jhoany Palacios y Ariel Palacios, quienes además del apellido comparten los cuestionamientos a sus carreras políticas. Al primero la Procuraduría le formuló cargos por irregularidades en contratación, al segundo —actual congresista— la Corte Suprema le abrió una investigación en noviembre pasado, y el tercero fue suspendido por presunta corrupción en contratos para atender el covid-19.
La pregunta que muchos se hacen es si la actual gobernadora, Carolina Córdoba, también del Partido Liberal, es una ficha más de este clan. Además de su apellido, lo cierto es que ella fue gerente de la campaña a la Gobernación de Ariel Palacios y posteriormente su secretaria del Interior y Gobierno. Su familia también es cercana al liberalismo de la región, pues es hija del fallecido congresista Darío Córdoba —primo de la también fallecida Piedad Córdoba— y sobrina del exrepresentante Carlos Alberto Escobar, quien fue vinculado a un proceso por parapolítica.
En diálogo con El Espectador, la gobernadora aseguró que, aunque haya varios Córdoba en el Partido Liberal, no todos son familia y menos aliados, por lo que incluso ella tuvo que “darse una pela” en el interior de esa colectividad para conseguir el aval. “Yo no gané por los clanes, yo gané por la ciudadanía”, dijo.
Los Sánchez Montes de Oca
Aunque derrotada en las pasadas elecciones regionales, pues apostaban por la gobernación con uno de sus líderes principales, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, esta familia mantiene su influencia política en el Chocó. Desde los años 90 han tenido victorias en alcaldías, gobernación, concejos y asambleas, lo que les ha permitido incluir sus fichas en varias entidades públicas.
Las caras visibles de este grupo son los tres hermanos: Odín, Patrocinio y Astrid. El primero inició en la política como concejal de Quibdó, luego diputado y congresista hasta 2009, cuando lo capturaron por nexos con el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, comandado por Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien dijo haberlo financiado en sus campañas
Patrocinio Sánchez fue alcalde de Quibdó y gobernador, cargo del que fue destituido en 2011 por irregularidades en contratos de salud. Muchos lo recuerdan porque estuvo secuestrado más de dos años por el ELN y solo fue liberado cuando su hermano Odín se ofreció en canje y estuvo privado de su libertad más de 10 meses. En el departamento, varios dicen que esa tragedia familiar les hizo perder terreno en la política.
Le puede interesar: Las promesas del gobierno Petro al Pacífico cuestan $200.000 millones
La tercera integrante, Astrid Sánchez, fue senadora entre 2012 y 2014 y actualmente ocupa una curul en la Cámara de Representantes. Aunque son ellos tres los que más figuran, han ubicado a amigos y familiares en puestos públicos, como a sus otras tres hermanas: Orlene, Siri y Sony.
En el Congreso tienen otro aliado, James Hermenegildo Mosquera, uno de los representantes de las curules de paz que, a propósito, ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en su acreditación como víctima. Según él, aunque ha votado en el pasado por los Sánchez Montes de Oca, no se considera parte de su estructura.
Chocó, con un Índice de Necesidad Básicas Insatisfechas del 65 %, donde solo el 28 % de las viviendas tienen acueducto y el 13 % internet, seguirá bajo la sombra de estos grupos políticos cuestionados, amos y señores durante años de la contratación y la burocracia. Por ahora, muchos de sus habitantes esperan que la visita que acaba de hacer el presidente se traduzca en decretos, giros y programas contra el hambre y la violencia. Y que quienes controlan el poder político no terminen desviando esos recursos.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.
Por David Efrén Ortega
Conoce más