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En medio del atropellado trámite de las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso, se desató una guerra jurídica entre congresistas de diversos partidos por presuntamente no haberse declarado impedidos para debatir y votar algunos de esos proyectos.
Y, al ahondar en la discusión, las voces de oposición y oficialismo coinciden en que detrás de todo estarían supuestos conflictos de interés por los que fueron los benefactores de sus campañas, así como por las donaciones de empresas privadas para el sostenimiento de los partidos.
Además, en ese mismo contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se alista a definir el expediente administrativo por presuntas irregularidades en la campaña del presidente Gustavo Petro. Por ello, el país político abrió nuevamente el debate sobre los recursos que financian la política en Colombia y a las organizaciones partidistas.
(Lea: “Cámara prohibió el préstamo de espacios institucionales para eventos privados”)
Es claro que la entrega de recursos de privados a candidatos y partidos no es ilegítima ni ilícita –la ley colombiana permite esas contribuciones con límites individuales del 10% en el caso de campañas–, y a falta de una norma que abra el camino a la financiación estatal es una de las vías para hacer política.
Aunque los congresistas usan varios caminos para esquivar los posibles conflictos de interés, como la presentación de impedimentos, el tema se ha extendido a múltiples interpretaciones y más en un momento de polarización como el que agita por estos días al Capitolio. Tan solo esta semana se conoció que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) radicó tres demandas, que todavía no han sido admitidas, contra tres congresistas de Cambio Radical por una supuesta “vulneración del régimen de conflicto de interés”.
Pero, más allá de esas batallas legales, en el aplicativo Cuentas Clara del CNE figuran las donaciones de empresas privadas a partidos para su sostenimiento. Por esto, ese diario (también lo hizo La Silla Vacía) revisó los reportes que por ese rubro hay entre 2022 y 2023, periodo del actual Congreso y en el que se han tramitado proyectos claves como la tributaria, la frustrada cirugía al sistema de salud, la pensional –que avanzó en la plenaria del Senado-, y, entre otras, la reforma laboral.
Así pues, la organización Ardilla Lülle encabeza la lista y por lo menos cinco de sus empresas fueron donantes de partidos políticos entre 2022 y 2023: Gaseosas Lux o Postobón (fusionadas), RCN Televisión, Incauca, Ingenio Providencia e Ingenio Risaralda. La suma de los aportes en 2022 fue de $16.288 millones, distribuidos entre nueve partidos: la U, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, entre otros.
Y el que más recibió donaciones de ese grupo para su funcionamiento fue el Partido de la U, con $4.435 millones, seguido por el Liberal, al que le entraron a sus arcas en 2022 por parte de esa organización $4.250 millones. En 2023, la Organización Ardila Lulle ratificó su respaldo a varias de esas colectividades con una donación que sumó en total $6.744 millones, siendo el aporte más alto para el Partido Liberal.
Además, la Cervecería Bavaria donó a nombre propio en 2022 un total de $4.740 millones y en 2023 subió ese valor a $5.911 millones. En ambos periodos el mayor beneficiario fue el Partido Liberal, que recibió, por lo menos en 2023, $1.100 millones para su funcionamiento. Pero en el más reciente año la compañía dividió en partes iguales lagunos de sus aportes y le entregó $1.000 millones al Conservador y a la U.
Ahora, entre los donantes también hay dos empresas relacionadas al conglomerado económico de la familia Sarmiento Angulo: Adminegocios e Inversiones Escorial, la primera donó $9.452 millones en 2022, siendo la partida más alta para el Centro Democrático ($3.000 millones) y la segunda accionista $2.529 millones en 2023; en partes iguales al Partido Liberal y al Centro Democrático con $600 millones.
Aunque esos tres grupos económicos son los mayores donantes en Colombia, en el top en 2022, cuando fueron los comicios que escogieron al actual Congreso, también estuvieron el Grupo Bolívar y Davivienda ($1.932 millones donados en total), Mercantil Colpatria ($1.765 millones) y el grupo Valorem ($1.557 millones). Ninguna de las empresas hasta ahora mencionadas donó dineros para el sostenimiento de los partidos que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico.
De hecho, el único gran conglomerado que le aportó a la coalición petrista fue Coca-Cola Femsa en 2022, que le destinó a la Colombia Humana $60 millones a través de su empresa comercial, Atencom. Aunque en 2023 la compañía no le aportó, sí repartió su donación de $2.123 millones entre la U, Alianza Verde, Cambio Radical, Nuevo Liberalismo y otros.
La gran mayoría de los partidos que integran el Pacto Histórico no reportaron donaciones de privados en el portal Cuentas Claras en 2022 y 2023; no lo hizo ni el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el MAIS, ni otros. Y el único que aseguró haber recibido ingresos en ese sentido fue la Colombia Humana, que reportó la donación de Atencom, así como los $500 millones de Fecode que habrían estado destinados para la campaña presidencial de Petro, pero que según sus directivos nunca ingresaron al proceso electoral.
Además de eso, Colombia Humana reportó en 2022 ingresos de la empresa Dansgold, fundada por el exdirector del DAPRE y ahora cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, en calidad de préstamo. Igualmente, en los últimos dos años se repite el nombre de Negocios Varvill, dedicada a actividades veterinarias, que en 2022 le reconoció a la Colombia Humana $650 millones y en 2023, $929 millones.
Las cifras muestran que los principales donantes privados en Colombia no habrían aportado a una parte de los partidos afines a Petro. Además, ingenios azucareros como Riopaila, Manuelita, Mayagüez y otros son aportantes importantes del general de los partidos políticos, al igual que constructoras como Jaramillo Mora y Capital Bogotá.
De otro lado, entre los datos recogidos, Sanitas EPS –Keralty-, recientemente intervenida, sí donó en pequeña proporción en 2022 a por lo menos 6 partidos: Centro Democrático ($35 millones), Alianza Verde ($25 millones), la U ($15 millones), Liberal ($10 millones), ASI ($10 millones), Colombia Justa Libres ($5 millones).
Este diario consultó a los grupos mencionados en el artículo, y a representantes de los partidos, que coincidieron en aclarar que no hay relación alguna entre las votaciones en el Congreso y los aportes a los partidos. En todo caso, la financiación privada es completamente legal y, de hecho, es usual que los grandes grupos económicos contribuyan a todas las colectividades, a veces en la misma proporción. Según los empresarios, es una forma de “respaldar el sostenimiento de la democracia”.
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Por Laura Duarte Sandoval
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