Extraña bodega en la Cámara de Representantes

El pasado 15 de marzo, durante una visita de la Contraloría General de la República a la Cámara de Representantes, en un sótano ubicado en el costado sur del edificio nuevo del Congreso tuvo lugar un extraño hallazgo: una serie de bodegas con múltiples elementos de consumo, la mayoría sin la legalización pertinente, sometidos a la humedad y al deterioro de los años, al margen de los inventarios y los registros. Hoy, ese descubrimiento se ha convertido en una función de advertencia del organismo de control para que la Cámara asuma sus deberes con estos elementos.

¿Qué encontró la Contraloría que motivó esa acción? Resmas de papel, carpetas, perforadoras, pegantes, esferos, marcadores, resaltadores, legajadores, ganchos… toda una papelería sin uso. Pero lo más sorprendente fue hallar una caja de municiones con más de 2.000 cartuchos 9 mm, una subametralladora, chalecos blindados, teléfonos celulares, souvenires, equipos de cómputo, sillas, escritorios, neveras, una variedad de elementos en aparente buen estado de conservación pero cuyo abandono no está debidamente justificado.

La presencia de la Contraloría se debió a que la nueva directora administrativa de la Cámara, Gloria Inés Raigoza, advirtió, cuando apenas pasaba revista a los bienes de la corporación y se aprestaba a promover una licitación para la compra de insumos de oficina, que el almacenista manipulaba unas cajas que contenían papelería. Al preguntar para dónde iba con ese material, se enteró de la existencia de las bodegas. Como ella venía de la Contraloría, asumió que lo correcto era poner en conocimiento de los órganos de control el increíble descubrimiento en el Congreso.

El reporte llegó a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública, cuya titular, Ligia Helena Borrero, ordenó hacer la visita de rigor. De esa manera no sólo se verificó la existencia de los elementos referidos, muchos de ellos guardados por más de ocho años, sino también la ausencia de una base de datos confiable, consolidada y organizada para establecer la importancia y el destino de los mismos. En otras palabras, se encontró que no hay un diagnostico claro entre los estados contables y los inventarios físicos de la corporación, ni tampoco acatamiento de los convenios administrativos.

En especial el contrato de cooperación interadministrativo 043 de 2009, suscrito con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia para la actualización del inventario físico de la Cámara y la depuración de las cuentas de propiedad, planta y equipos de las corporación legislativa. En la actualidad sólo queda un saldo pendiente de pago de $39,7 millones, de un acuerdo suscrito por un total de $397 millones. Hoy, este negocio está sometido a un litigio porque la Cámara sostiene que hubo incumplimiento de contrato.

Lo cierto es que tampoco la Oficina de Control Interno de la corporación parece acatar sus deberes. La Ley 87 de 1993 ordena que esa dependencia vele por la funcionalidad de la Cámara y, según la Contraloría, lo que hasta ahora parece claro es que existe un riesgo inminente de pérdida de muchos recursos públicos, cuyo valor no se ha podido establecer. En otras palabras, existe un alto riesgo en materia de protección del patrimonio del Estado en el Congreso.

En su función de advertencia, la contralora delegada Ligia Borrero, en documento conocido por El Espectador, sostiene que al no tener un adecuado control y seguimiento de sus inventarios y al carecer de datos confiables de valorización de los elementos con los que hoy cuenta, la Cámara puede estar corriendo el riesgo de suscribir contratos para adquirir bienes que ya tiene en sus bodegas. De esta manera, añade el documento, se está obrando en contravía de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal que siempre propenden por el buen uso de los recursos públicos.

Pero el asunto no termina ahí. En una segunda visita de la comisión de la Contraloría, el pasado 20 de marzo, se encontraron otras tres bodegas en las instalaciones del Edificio Santa Clara, con muchos otros elementos en mal estado, sin condiciones adecuadas de conservación y sin que se hayan adelantado los procedimientos de baja de estos bienes. Una vez más la Contraloría dejó en evidencia el riesgo económico que produce la ausencia de controles que hoy parece imperar en diferentes procesos operativos de la corporación legislativa.

No es la primera vez que la función administrativa de la Cámara de Representantes queda en entredicho. Del pasado reciente se puede recordar la mediocre gestión del exdirector administrativo de la Corporación, Jairo Jaramillo Matiz, quien fue destituido por la Procuraduría General de la Nación el pasado mes de octubre e inhabilitado durante 14 años para el ejercicio de funciones públicas, por irregularidades en un convenio bajo su vigilancia. Fue precisamente en su remplazo que se designó a Gloria Inés Raigoza, quien ya advirtió que va a limpiar la casa para devolverle la confianza a la corporación.

Consultada la nueva directora administrativa de la Cámara a propósito de la función de advertencia y los hallazgos de la Contraloría en las bodegas de la célula legislativa, recalcó que fue ella quien interpuso la denuncia y aseguró que no es cierto que se hubiera encontrado una subametralladora, como dice el informe del organismo de control. Por el contrario, insistió la funcionaria, va a ordenar un severo registro de todos los bienes de la corporación, no sólo para que descubrimientos como éste no vuelvan a darse, sino para que quede claro cuál es hoy el inventario de armas, carros y demás elementos de que dispone la Cámara de Representantes.

Entre tanto, como quedó escrito en el documento del organismo de control, la Cámara quedó advertida de la necesidad de corregir sus procesos operativos y eliminar los riesgos a los que hoy está sometida la administración pública por su falta de cuidado en el uso de los recursos. Por eso exhortó a la corporación legislativa a que aporte las explicaciones de su desorden en el acopio de bienes y a que adopte de inmediato las medidas que se requieren para corregir sus deficiencias, antes de realizar nuevas adquisiciones de elementos o incurrir en un inminente detrimento al erario, como hoy es evidente.

Estas irregularidades en la administración de la Cámara de Representantes no son una novedad. Precisamente, el presidente de la corporación, Simón Gaviria, al asumir este cargo y conocer de problemas con el manejo presupuestal, de mantenimiento y adquisición de vehículos y la pérdida de armas de dotación que fueron asignadas a parlamentarios, firmó un convenio con el hoy exdirector de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, para investigar qué había pasado con las armas. Además se reunió con la contralora Sandra Morelli y con el procurador Alejandro Ordóñez para solicitarles que hicieran vigilancia especial a la entidad. Los resultados de estas solicitudes se están dando y todo parece indicar que el manejo administrativo de la corporación se ha convertido en una caja de sorpresas.

Preocupaciones de la Contraloría

Para la Contraloría existen riesgos económicos explícitos, debido a la ausencia de controles en los procesos operativos de la entidad, que se pueden traducir en pérdidas para el patrimonio público. Por este motivo, le pide explicaciones y medidas inmediatas a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, además de la falta de control en materia de insumos y papelería, llama la atención que en los hallazgos de la Contraloría se encuentren cajas de municiones con más de 2.000 cartuchos calibre 9 mm, una subametralladora y chalecos blindados. Elementos que no aparecen en ningún registro o inventario de la corporación legislativa.