Fedemunicipios aboga por debido proceso ante corrupción por coronavirus

El organismo, que agrupa a los alcaldes del país, manifestó que, aunque es consciente de la necesidad de sancionar cualquier conducta contraria a la ley, pidió a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación respetar el debido proceso en sus intervenciones ante los medios de comunicación. 

“Con ocasión de los procesos de compra de mercados e insumos necesarios para atender la emergencia generada por el Covid-19 en las regiones del país, hemos visto, con preocupación, intervenciones en las que ya se da por cosa juzgada la actuación de los mandatarios locales, sin respetar el debido proceso”, reclamó el organismo.  

De acuerdo con Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios, si bien aplauden el papel que realizan los entes de control por velar por el buen uso de los recursos, no puede pasar que en Colombia primero se da la noticia de apertura de investigación a los medios de comunicación que a los mismos investigados. 

“Hemos enviado una comunicación a los encargados de los órganos de control en el que les manifestamos nuestra preocupación por lo que está pasando con las declaraciones a medios por causa de las denuncias que se han dado en la compra de alimentos. La premura de los comentarios hechos en diversas intervenciones va en contra del debido proceso y el derecho a la legitima defensa”, dijo Toro.  

La Federación Colombiana de Municipios reiteró su compromiso y el de sus asociados en la defensa de los recursos públicos y se declaró consciente del papel que juegan los entes de control en esta defensa en pro del bienestar de los colombianos. 

Justo este miércoles, la Procuraduría abrió indagaciones preliminares a funcionarios por determinar de la Gobernación del Tolima por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la compra de mercados, kits de aseo y difusión de información sobre la pandemia, por más de $11.500 millones.   

El organismo también inició un proceso disciplinario en contra del presidente del Concejo de Ibagué, Cesar Eugenio Franco, por presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias vulnerables de la ciudad, ya que, según denuncias, el cabildante habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas.  

También se abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado; la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Lannini, y el concejal de Ibagué, Brayan Alfonso Escandón Castellanos, por presunta violación del aislamiento preventivo obligatorio, al participar en una reunión social en época de cuarentena.  

En Cesar, por ejemplo, se investigan aparentes sobrecostos de hasta el 50 % en decenas de contratos para comprar mercados, por valor de $13.000 millones, y que ni siquiera figuran en la página de contratación pública. En Arauca se ha visto la compra de latas de atún a la cínica cifra de $19.000 y bolsas de leche a $13.000. Y en San Andrés se descubrió un contrato por $500 millones para elaborar piezas publicitarias en el marco de una campaña de prevención del virus, pero que escondería supuestas intenciones de hacer política con las ayudas.