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En menos de 24 horas tres mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia, tras ser asesinadas por sus parejas en el Día de la Madre. La Policía Nacional aseguró que este 14 de mayo de 2023 fue el más tranquilo de los últimos tres años, todavía así, las muertes violentas de Érika Aponte, en el centro comercial Unicentro en Bogotá; de Gloria del Carmen Rodríguez, en el barrio La Paz de Santa Marta, Atlántico, y de Merly Rengifo, en el interior de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, dejaron una jornada violenta para las mujeres.
Sus casos no eran desconocidos por las autoridades: Aponte había sido víctima de violencia durante varios años por parte de su pareja, situación que dio a conocer a la Casa de Justicia de Usme el pasado 11 de mayo, igualmente aseguró que tenía miedo de que el hombre pudiera agredirla e hizo una denuncia formal. En el caso de Rodríguez, autoridades y vecinos tenían conocimiento de que ella no quería vivir más con su agresor, mientras que Rengifo fue asesinada por su pareja en medio de una visita conyugal (condenado por feminicidio), bajo el supuesto de que el hombre estaba vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Por eso, ya hay organizaciones de mujeres que hablan de la corresponsabilidad en los feminicidios y aseguran que el Estado falló en proteger a estas mujeres y a las demás que son víctimas de violencias. De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, con corte al 31 de marzo de 2023, se han presentado 133 feminicidios en el territorio nacional este año. Ante ese panorama, vale la pena revisar la legislación sobre el feminicidio en Colombia y los obstáculos para que sea eficiente, a un mes de que se cumplan ocho años de la promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely.
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La legislación vigente
La norma que puso a hablar al país de feminicidio fue la Ley 1761 de 2015, antes de eso no era considerado un delito y, como insisten algunos medios de comunicación, era tratado como un homicidio por motivos pasionales, lo que conducía a la revictimización y al tratamiento inadecuado de los hechos. El país solo legisló sobre el tipo penal ante el feminicidio de Rosa Elvira Cely; fue un gran avance, pues esa norma no solo tipificó el delito como autónomo, sino que buscó medidas para la prevención de las violencias y para la sensibilización social.
Esa ley se suma a un paquete normativo que incluye una norma anterior, la 1257 de 2008, que establece medidas de protección y atención para las mujeres víctimas de violencias, igual que obligaciones al Estado y demás instituciones formales y no formales (como la familia) para prevenirlas. “La Ley Rosa Elvira Cely es una ampliación a la Ley 1257, porque tipifica como feminicidio el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer”, explica Olga Amparo Sánchez, directora de la organización que promueve los derechos de las mujeres, La Casa de la Mujer.
Así pues, la 1257 es la que determina el accionar del Estado y se activa cuando hay riesgo de feminicidio. Por otro lado están los tratados internacionales acogidos por Colombia, como la Convención de Belém do Pará, que reconoce el feminicidio como la forma más grave de violencia contra las mujeres; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Naciones Unidas (ONU), entre otros mecanismos.
De acuerdo con Linda Cabrera, directora de la organización Sisma Mujer, que trabaja con víctimas de violencias, “ha sido el movimiento de mujeres el que ha logrado todas esas leyes. Ahora, el problema es que no se cumplen porque no somos prioridad (…). Más que un problema de legislación es de cumplimiento. Las leyes, en términos generales, son acordes a las disposiciones internacionales sobre la prevención de violencias”, explica.
En eso coincide Sánchez, quien asegura que en los casos ocurridos el Día de la Madre falló la institucionalidad, aunque la legislación sea fuerte y bastante amplia. “El meollo es que esta sociedad no considera que la vida de las mujeres tenga valor y mientras eso sea así, ninguna ley va a funcionar”. No obstante, sí manifiesta que hay un error en la manera en la que se concibe la prevención: “Hay una mirada muy recortada y general, porque se considera que la protección es solo para el lugar de trabajo o generalmente para la vivienda, pero las mujeres no se pueden quedar encerradas. Para prevenir los feminicidios no podemos encerrarlas”.
De modo que, para ambas directoras, el problema central está en la priorización de la mujer y su protección en el aparato estatal, pues la institucionalidad nunca las ha puesto en el centro, eso se ve reflejado en que “no hay recursos económicos o técnicos”. Para Cabrera, “a pesar de que tenemos suficientes leyes, no hay presupuesto, ni un lugar fuerte en la estructura del Estado para atender las violencias (…). No hay cómo cumplir las leyes, porque no estamos en la prioridad”.
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Emergencia por violencia de género
Lo último en normas respecto a feminicidio y violencias basadas en género fue lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro. En el que el artículo 342 quedó aprobada la declaración de la emergencia por violencia de género en el territorio nacional, por una proposición firmada por alrededor de 40 mujeres congresistas y con el liderazgo de las senadoras María José Pizarro (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (Alianza Verde).
Ese punto no solo reconoce la emergencia, sino que establece nueve medidas para la protección, como: 1. Crear cuerpos élite en la Fuerza Pública para atender y prevenir violencias. 2. Capacitar con enfoque de género a funcionarios que atienden víctimas. 3. Priorizar presupuesto y medios administrativos. 4. Institucionalizar reuniones de entidades para tomar medidas. 5. Diseñar rutas y protocolos. 6. Crear un sistema de registro y monitoreo. 7. Generar una campaña de conciencia social sobre la prevención. 8. Implementar estrategias de movilización social para la prevención. 9. Constituir unidades de atención primaria para la salud mental de las mujeres víctimas.
Por Laura Duarte Sandoval
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