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En los tiempos de turbulencia que vive el mundo, muchos ciudadanos se preguntan si la democracia tiene la respuesta a las preguntas esenciales sobre un futuro de paz, bienestar y desarrollo. Colombia no es la excepción. A pesar de que un sector de la población defiende la repetida frase de que somos la democracia más sólida del continente, lo cierto es que el déficit democrático no ha parado de crecer.
Si el descontento sigue aumentando, no será sorprendente que la democracia entre en una crisis profunda y que, a través de las urnas, un populista tome el poder con la intención de desechar el orden constitucional e instaurar un modelo autoritario.
No es exagerado decir que nunca como ahora la democracia ha estado tan amenazada por el vertiginoso surgimiento de liderazgos políticos extremos, tanto de izquierda como de derecha, que promueven el autoritarismo, el desmantelamiento del sistema de frenos y contrapesos, la eliminación del Estado de bienestar, la cooptación de la justicia y el derrumbamiento de las barreras democráticas con constituciones hechas a la medida de sus ambiciones personales, sin el acompañamiento de los organismos multilaterales y sin medios de comunicación libres ni organizaciones de la sociedad civil autónomas. Todo esto con el fin de imponer una visión autocrática en la que las libertades individuales se pierden y el respeto a los derechos humanos se desvanece.
El Salvador con Bukele, Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro muestran una América Latina en la que la democracia ha sido utilizada para llegar al poder y luego desmontada, disminuida, asediada, relegada, ante un planeta que mira para otro lado, intentando solucionar otros problemas como invasiones, guerras, hambrunas, migraciones, violencia, actos de terrorismo y el impacto del cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana.
La crisis de la democracia no es una enfermedad del trópico. En un mundo en constante caos y reconfiguración, las potencias democráticas como Estados Unidos han visto cómo se han ido desvaneciendo las fronteras éticas. La política de manos limpias ha dado paso a un exhibicionismo caricaturesco, pero extremadamente peligroso, de actores absurdos con acceso al poder nuclear, como Donald Trump. Estos actores desprecian a los medios, ridiculizan a las minorías, amenazan al Congreso, desconocen los resultados electorales, atacan a los migrantes, y, sin embargo, gozan del apoyo de millones de ciudadanos que se identifican con sus discursos de odio y los elevan al poder como el símbolo de un nuevo sueño americano marcado por el aislacionismo, sin migrantes, sin medios de comunicación que actúen con plenas garantías y sin derechos para las minorías.
Esa nefasta manera de hacer política, hoy made in USA, se ha exportado a través de los medios masivos y las redes sociales y ha engendrado una nueva forma de ganar elecciones, a cualquier costo, y destrozar la esencia de la democracia, profundizando su crisis.
Ante esa realidad las preguntas subyacentes son: ¿Cuánto se demorará Colombia en vivir un proceso similar a los experimentados en el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Milei o El Salvador de Bukele? ¿Tenemos hoy los suficientes mecanismos de defensa de la democracia? ¿Los conocemos, los estimulamos y protegemos? ¿Estamos ya en ese camino? Este texto busca dar respuestas para que el lector valore la Constitución de 1991, nacida del más importante acuerdo político de la segunda mitad del siglo pasado, impulsado por jóvenes que marcaron la historia y fueron capaces de desencadenar, con su arrojo y valor civil, el derrumbe épico de la muralla centenaria de la Constitución de 1886, que impedía la modernización, la reconciliación y la reconfiguración del Estado para garantizar los derechos fundamentales.
Estas páginas son, asimismo, un llamado a la ciudadanía para que defienda la Carta Política de las aventuras reformistas que, en nombre del pueblo, la justicia social o la seguridad, puedan sumir a Colombia en el abismo del populismo o el autoritarismo. Tales acciones podrían revertir las conquistas políticas que han permitido la modernización del país y la creación de una institucionalidad que ha garantizado el cumplimiento de los acuerdos de paz de la década de los noventa del siglo pasado.
Los acuerdos hicieron posible que los reincorporados de la época vivieran en libertad y con plenas garantías, disfrutando de la paz firmada y conquistando, democráticamente, nuevos espacios de poder, hasta llegar a la presidencia de la República. Gracias a esa constitución también se firmaron los Acuerdos de Paz de La Habana con las extintas FARC, reafirmando su espíritu garantista al blindar su contenido e impedir su anulación por parte de gobiernos futuros.
Esa joven constitución treintañera ha soportado además los embates de los conservaduristas y nostálgicos de la Carta de 1886 de Rafael Núñez, resistiendo la reducción de las garantías y los derechos fundamentales. La tutela ha sido la gran sobreviviente de la mutilación continua del árbol frondoso de la Constitución y el mayor tesoro de una Colombia sumida en crisis recurrentes de la justicia, la economía y la política, en la que el ciudadano de hoy tiene plena consciencia de sus derechos y exige su cumplimiento.
Defender la Constitución es un imperativo ético para impedir el derrumbe de la nación y la pérdida de la libertad, que es la primera condición de la dignidad del hombre y del desarrollo humano.
El estallido social de 2021, que arrinconó contra las cuerdas al presidente Duque, expresó el malestar de la sociedad con un Estado incapaz de resolver la pobreza, la violencia y la corrupción, las tres amenazas más grandes a la democracia y, para algunos, sus tres grandes promesas incumplidas. Precisamente ese estallido popular consolidó, en la postpandemia, el arribo al poder del primer presidente de izquierda, firmante de un acuerdo de paz, cuyo objetivo supremo era reformar a profundidad las instituciones, sin que hoy nadie conozca con exactitud cuál será el punto de llegada de sus ambiciones políticas.
Por eso, ante la amenaza de un nuevo proceso constituyente o un referendo popular al margen del orden constitucional, que es ciencia ficción en una mente hipercreativa que no concreta sus propuestas y confunde a la sociedad, hay que hacer pedagogía constitucional. Es necesario contarle al ciudadano común que los mecanismos de defensa de la democracia están a la vista de todos y que son herramientas que se deben usar para garantizar que sea la razón, y no la locura reformista a ultranza, la que guíe el destino de los colombianos.
De ahí la idea resaltada en el título del presente prólogo: salvar la democracia sin miedo al cambio. Pero el cambio debe respetar líneas rojas imposibles de cruzar, como construir acuerdos, respetarlos, acatar la Constitución y no revivir la reelección presidencial. Tampoco se deben poner en entredicho libertades públicas o derechos, ni imponer reformas corrompiendo el Congreso, ni avivar un estallido social que se lleve por delante la Carta Política y tiña de incertidumbre el futuro.
Otras herramientas para defender la democracia son el contrapeso del poder judicial y el control constitucional. Baste recordar que, sin la existencia de la Corte Constitucional y el valor democrático de sus integrantes, en el período 2002-2010Colombia hubiera sucumbido al delirio reeleccionista que cambió un artículo de la Constitución, creyendo que lo autorizaba a permanecer de manera indefinida en la Casa de Nariño, lo cual retrasó a Colombia en el tránsito hacia acuerdos de paz que pusieran fin a sesenta años de conflicto armado interno. Además, sin la valerosa acción de la Corte Suprema de Justicia, el Cartel de la Toga habría continuado demoliendo la confianza en la justicia y denostando la dignidad del máximo tribunal.
Son esenciales también para defender la democracia el Poder Legislativo, tan desprestigiado por la histórica baja representación de sus integrantes y su sumisión al Ejecutivo, y los partidos políticos, que se multiplican en Colombia a gran velocidad sin que signifiquen un aporte sustancial a la hora de construir gobernabilidad o acuerdos que permitan tramitar las reformas aplazadas por décadas.
De hecho, una pregunta fundamental que surge es con quiénes se logrará un acuerdo nacional que desbloquee la política e impulse esas reformas si los partidos políticos son excluidos del diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Para lograr profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que fortalezcan la democracia no basta con llenar la plaza pública ni con salir a la calle a ganar aplausos de benefactores de los subsidios públicos. Se necesitan consensos políticos, pactos de largo aliento con diversos actores, que se traduzcan en caminos menos empedrados para profundizar la democracia y garantizar los derechos ciudadanos. Acuerdos que incidan en la desactivación de la polarización, la cimentación de la reconciliación y la estabilidad democrática. Acuerdos que conduzcan, además, a la superación del estancamiento legislativo, a la reforma de la justicia, la salud y la educación, al silenciamiento definitivo de los fusiles, a la protección de la vida y al fin de la larga noche de horror de la violencia, cuyas cenizas, después de acuerdos de paz, siempre vuelven a encenderse hasta formar llamaradas que arrasan con todo, incluso con la esperanza en la democracia.
Para ello, además, es necesario resignificar la importancia de luchar contra el exacerbado centralismo que domina todos los escenarios en un país hiperpresidencialista, que desprecia los liderazgos en los territorios y concentra el manejo del Estado en Bogotá. Como ministro de Justicia, ministro del Interior y procurador general de la nación, constaté el peso desproporcionado del centralismo, que ahoga la democracia y el poder local en los territorios, limita la autonomía de los mandatarios locales y socava la integración nacional.
Todo esto ocurre mientras se ignora el reclamo ciudadano por un nuevo modelo administrativo, como el sistema de autonomías territoriales, sin que se acate el mandato constitucional de descentralización y regionalización. Asimismo, para la defensa de la democracia es vital el papel de los medios de comunicación, tan incómodos y molestos para quienes buscan gobernar sin contrapesos, bloqueando a
la sociedad civil en su legítimo derecho a la verdad y la justicia.
En un mundo repleto de desinformación, sin medios de comunicación libres no hay democracia. Es una máxima escrita en piedra, que en un país como Colombia se renueva todos los días, cuando son los periodistas y no los funcionarios judiciales quienes desenmascaran la corrupción y obligan al aparato judicial a actuar para derrotar la impunidad y fortalecer la democracia. Aferrarnos a un periodismo de calidad es la única salida a una bonanza tecnológica que, hasta el momento, va favoreciendo a quienes han convertido los espacios digitales en terrenos de confrontación y noticias falsas.
La corrupción, hay que decirlo alto y claro, es el peor enemigo de la democracia. Mata más que la guerra y siembra desconfianza en el sistema político, fomentando entre los electores una sed de venganza que favorece el ascenso de discursos totalitarios.
En nombre de la transparencia y la probidad, han alcanzado el poder muchos de los líderes más oscuros del mundo. En Colombia, por ejemplo, un exalcalde acusado de corrupción llegó a la segunda vuelta presidencial y estuvo a punto de ganar. Sin embargo, tras su derrota, fue condenado por el Ministerio Público y la justicia penal.
¿Cómo se explica ese fenómeno en el que la ciudadanía vota, algunos con la nariz tapada y otros llevados por el fanatismo, por un líder que hace de la grosería, la ignorancia, el machismo y la chabacanería el símbolo del poder? La falta de cultura política, la implantación del modelo Trump, Milei, Bolsonaro, y el desprecio por la democracia están en el centro de esos fenómenos tropicales que avergüenzan a los verdaderos demócratas. La lección es evidente: no se defiende la democracia votando por quienes encarnan su demolición ética.
En defensa de la democracia, son vitales además la libertad de empresa y el sector privado, y cabe subrayar que el Estado no es un enemigo del mercado ni de la iniciativa privada. Cualquier estrategia para involucrar al sector privado en las metas del desarrollo debe ir acompañada del fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado, especialmente frente a la enorme deuda social provocada por la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Sin un Estado sólido y orientado hacia el bienestar humano, habría sido imposible superar los desafíos planteados por la pandemia y otros retos críticos que la humanidad y las democracias han enfrentado. Tampoco se puede defender la democracia sin el monopolio legítimo de la fuerza pública y el control territorial, elementos cruciales que lamentablemente han sido deficientes en la consolidación de nuestra democracia y el cumplimiento efectivo de la Constitución en vastas áreas del país, donde impera la fuerza de la ilegalidad ante la inexistencia de un Estado cada vez más débil, acorralado e irrelevante.
Colombia ha sido incapaz de resolver el fenómeno permanente de violencia protagonizada por actores armados ilegales como narcos, guerrillas o paramilitares, que ha dejado un trágico saldo de más de trescientas mil personas muertas, más de once millones de desplazados y miles de fosas comunes y desaparecidos, según la Comisión Nacional de Memoria Histórica. Tampoco se ha podido derrotar la pobreza que golpea a más del setenta por ciento de la población, copar los territorios ni impedir que la corrupción se enquiste y se robe el destino colectivo.
Defender la democracia debe ser un imperativo para los jóvenes. No está garantizada y hay que conquistarla todos los días. Como en décadas pasadas, las nuevas generaciones están llamadas a ser la barrera protectora contra quienes invocan contrarreformas conservaduristas o populistas y pretenden perpetuar la política del oscurantismo, la corrupción, las redes clientelistas, el tráfico de influencias, los partidos de papel y la concentración de poder.
Hoy, nuevamente, son los jóvenes quienes están llamados a renovar la política. Al igual que en los años noventa, cuando el narcotráfico amenazó la supervivencia de la democracia al asesinar a Luis Carlos Galán y acabar con la esperanza de cambio y los jóvenes se alzaron pacíficamente y mostraron la salida al bloqueo centenario a la reforma de la Constitución. Son los jóvenes quienes deben reinventar la política, revitalizar la democracia, abriendo caminos a la reconciliación, la justicia social y un régimen político marcado por la rectitud y la transparencia.
Por ello, es fundamental fortalecer desde la escuela y en todos los ámbitos posibles una cultura ciudadana que valore la Constitución, promueva su espíritu reformista y garantista, defienda la democracia sin temor al cambio y entienda que defender la democracia no implica la derechización, para lo cual es necesario ignorar las voces extremistas que proliferan en las redes sociales y propagan el miedo.
El gran reto es revalorizar la democracia venciendo el escepticismo, promoviendo un diálogo permanente intergeneracional, con enfoque étnico y de género, para vencer el silencio de las mayorías que prefieren dejar pasar y no actuar. Hay que aprender del pasado para construir el futuro. Es imperativo renovar los liderazgos e impulsar aquellos caracterizados por la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, que deben ser la marca imborrable de quienes buscan el poder y ejercen el servicio público.
La dignidad es el núcleo de la ética ciudadana, como concluye siempre Adela Cortina. Y son esos liderazgos los convocados a reconstruir la política luego del derrumbe ético de nuestras sociedades y la permanente confusión entre lo público y lo privado.
Este libro es un llamado urgente a la población a defender la democracia, que es la única capaz de garantizar la superación de las seis trampas del desarrollo de la región latinoamericana: baja productividad, creciente violencia, desigualdad crónica, debilidad de las instituciones, amenaza del cambio climático y profunda brecha digital. Es una invitación a no hacer caso a quienes proponen salvar la democracia destruyéndola. Salvaguardarla es la misión urgente del mundo postpandemia.
El megafraude realizado en Venezuela el pasado 28 de julio nos desafía a todos a tomar cartas en el asunto. Demos el primer paso juntos. Todos somos fundamentales. Dondequiera que nos alcance la noche, es el momento propicio para decir “presente”.
* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial. El libro ‘Sin miedo’, de autor Fernando Carrillo Flórez, será presentado en Bogotá el próximo 18 de octubre, a las 6:00 p.m., en la Biblioteca Los Fundadores del Colegio Gimnasio Moderno, carrera 9 #74-99. El autor charlará con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.
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