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Dentro de seis meses Colombia escogerá nuevas autoridades territoriales y miembros de corporaciones públicas: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Con el inicio del calendario electoral, está habilitada la inscripción de cédulas, los cambios por lugar de residencia, el registro de comités de grupos significativos de ciudadanos (GSC) —que buscan recolectar apoyos con firmas— y próximamente, el 29 de junio, iniciará el período de inscripción de candidatos y listas de candidatos para las elecciones regionales de octubre de 2023.
Con el inicio de esa inscripción, ciudadanos, partidos y movimientos políticos quedan listos para la campaña electoral, que empezará formalmente el 29 de julio (un mes después de la inscripción), cuando quedará habilitado el uso del espacio público para la propaganda. Al tiempo que las organizaciones políticas tienen puestos sus esfuerzos en la campaña, las autoridades electorales y organizaciones plantean recomendaciones con respecto a las garantías para las campañas y la preparación de las elecciones.
En sesión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, se reunieron este 20 de abril, el Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la fuerza pública, los partidos políticos y la plataforma Misión de Observación Electoral (MOE), entre otros, con el fin de establecer el plan para proteger los próximos comicios de posibles irregularidades. La MOE advierte que hay riesgos en la financiación de las campañas y la contratación de la logística.
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La financiación de las campañas 2023, en riesgo
El Espectador habló con Alejandra Barrios, directora de la MOE, quien asegura que en este momento la preocupación central está en los recursos para financiar las campañas. “Las organizaciones políticas tienen un interés en poder tener acceso a cuentas en los bancos, para que los candidatos puedan tener una financiación absolutamente clara”. Según Barrios, que esto no se haya solucionado, ad portas de empezar las campañas, hace muy difícil controlar los recursos, su origen y destino. Además el seguimiento se complica por la gran cantidad de partidos existentes, que ya son 34 con personería jurídica.
Con corte al 18 de abril de 2023, la MOE encontró que apenas tres de los 243 grupos significativos de ciudadanos inscritos hasta el momento han registrado sus gastos; por ende, no se sabe cuánta plata han invertido en la recolección de firmas, cuál es el origen de esos recursos ni a qué se están destinando; pese a que el CNE exige a los GSC “registrar en el aplicativo ‘Cuentas Claras’ la totalidad de los movimientos”.
Así pues, los grupos no han cumplido con el registro, pero los gastos en publicidad en redes sociales de solo 24 GSC ya suma casi $200 millones. “Es particular el gasto en publicidad en redes de los grupos para la Alcaldía de Medellín, que concentran el 58 % de los gastos en redes sociales”, cuenta Barrios, quien agrega que se necesita preparación y que pronto queden registradas las cuentas bancarias. De lo contrario, “vamos a ver la más grande lavandería de recursos ilegales. Hay que tener identificados los territorios y las organizaciones políticas, igual que los intereses que están representado”, fue la recomendación.
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La contratación de la logística: no hay cronograma
Otro de los temas preocupantes es la contratación de la logística de cara a las elecciones, que está en manos de la Registraduría. Según Barrios, todavía no se ha hecho público el cronograma de contratación. Lo último que dijo la organización en manos de Alexánder Vega fue que no tenía certeza, en febrero de 2023. Ahora, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esos gastos podrían ascender a $1,4 billones.
“No hay un cronograma claro y es muchísima plata. Hay que contratar muchas cosas y se necesita definir cuáles van a ser los mecanismos de auditoría y las nuevas tecnologías que se van a incluir, pues la Registraduría está hablando de inteligencia artificial (AI) para alternar la verificación de la inscripción de las cédulas” con sistemas y softwares, dice Barrios.
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Las medidas del Gobierno y la organización electoral
Precisamente, tras la sesión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el ministro de Interior, Alfonso Prada, dijo que les pidió información a los partidos, pues han diseñado “un mecanismo para hacer control del giro de capitales en el territorio (…) es fundamental la creación de una mesa, yo accedí a ello, para crear canales de denuncia” y destacó la necesidad de “trabajar contra la corrupción electoral y el flujo de dinero ilegal alrededor de las campañas, producto del narcotráfico. Hemos creado una instancia para que los colombianos puedan tener la posibilidad de denunciar presiones”, se trata de una nueva plataforma llamada Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).
El registrador Alexánder Vega no se refirió al cronograma de contratación (El Espectador intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta), pero sí reconoció que recibieron denuncias sobre presunta financiación del narcotráfico en algunas campañas electorales. “Se debe garantizar que esos dineros del narcotráfico no entren a las campañas. La Fiscalía y el Ejército tienen desplegada toda la fuerza pública para evitar que esa financiación llegue al certamen electoral”, aseguró.
Otros riesgos
De acuerdo con la MOE, las elecciones de autoridades locales son los periodos con mayor nivel de violencia política. Cauca, Nariño, Santander, La Guajira, Antioquia y Norte de Santander son los territorios más afectados. Entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de marzo de 2023, se registraron 231 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, 76.3% más que en 2019. Por otro lado, los hechos letales (asesinatos y atentados) incrementaron en un 11.1%.
Del mismo modo, durante el periodo de inscripción de candidaturas se pueden intensificar los casos de violencia política por razón de género porque “es el momento en el que se escogen los candidatos y el lugar que se ocupa en las tarjetas electorales. (…) A las mujeres las ubican en lugares en las listas en los que no tienen oportunidad o no tienen mecanismos para financiar las campañas”, explica Alejandra Barrios, la directora de la plataforma que promueve los derechos políticos.
Por Laura Duarte Sandoval
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