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La portavoz de la OIM, Jemini Pandya, indicó que con ese fin ambas instituciones han suscrito acuerdos, que también les permitirán seguir brindando asistencia a los menores que ya han sido víctimas de esa situación.
Según la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, unos once mil menores están involucrados con grupos armados en Colombia.
Uno de los acuerdos -con un presupuesto que se eleva a 12,3 millones de dólares- beneficiará a 20.000 niños y adolescentes al reducir el riesgo de que sean reclutados a la fuerza por esos grupos armados, mientras que otros 800 recibirán consejo y asistencia directa de los Centros de Referencia y Oportunidad Juveniles.
El segundo proyecto -financiado con 7,8 millones de dólares- consiste en trabajar con niños de hasta seis años para prevenir futuros reclutamientos.
En ambos casos se buscará reforzar los vínculos entre niños considerados vulnerables y sus padres.
Según la OIM, la relación de los niños con los grupos ilegales empieza a través de la visita a sus campamentos clandestinos con el fin de pedirles comida u ofrecerse para realizar pequeños trabajos, pero poco a poco van recibiendo más responsabilidades hasta terminar participando activamente en todas sus actividades.
Ello incluye aquellas que requieren el uso de armas, en general a cambio de la promesa de dinero, o la búsqueda de reconocimiento o aventuras.
En otras ocasiones, su entrada en la violencia armada es resultado de la falta de oportunidades de educación, por venganza ante la muerte de un familiar o para escapar de abusos en el seno de la propia familia.
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