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Para evitar que se hundiera el proyecto que lidera la Fiscalía, que acogió el punto dos de la Consulta Anticorrupción sobre la eliminación de los beneficios a los corruptos «de cuello blanco», el senador de la U, Roy Barreras, convocó a los partidos políticos, al fiscal encargado, Fabio Espitia, y a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para buscar un acuerdo que salvara al proyecto que está a un debate de pasar a sanción presidencial.
“Estuvimos revisando con los ponentes de reforma al estatuto anticorrupción en materia penal y en materia administrativa. Ya hay un acuerdo y esperamos que para la próxima semana sea incluido en la plenaria”, dijo la ministra sin entrar en muchos detalles.
El pasado 20 de mayo, la iniciativa estaba de primera en el orden del día de la plenaria para surtir su último debate, sin embargo, tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, algunos parlamentarios pidieron que la discusión de la iniciativa concluyera una vez se eligiera al nuevo encargado del ente investigador. “Quisiéramos saber qué piensa sobre este proyecto de ley el fiscal que sea designado”, comentó en plenaria el senador de Cambio Radical, José Luis Pérez.
“En realidad ya va avanzada la aprobación de varios artículos, quedaron pendientes 20 artículos, entre ellos varias iniciativas de la consulta anticorrupción que fueron incluidos dentro de este proyecto”, recordó por su parte la jefa de la cartera política.
Uno de los puntos esenciales de la iniciativa, y que promovió la consulta, fue la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos. Frente a este tema, el fiscal encargado manifestó que es “importante que se excluya la detención domiciliaria. Hay argumentos en contra, hay otros serios a favor, pero el acuerdo es que la situación se solucione en plenaria”, dejándole la última decisión al Senado.
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Entre otros temas, el proyecto incluye la terminación unilateral de los contratos en casos de corrupción, la eliminación de beneficios penales y la prohibición para que aquellos que financien campañas políticas no se beneficien de contratos públicos.
“Esta es una norma bastante gruesa, tiene varios mecanismos de lucha contra la corrupción, incluso incluidos por la Fiscalía y por diferentes partidos, tiene dos orientaciones, en materia penal y administrativa, eso quiere decir que modifica algunos puntos de la ley 80”, explicó la ministra. Si el acuerdo al que se llegó es fructífero, este sería el primer proyecto anticorrupción que ve la luz.
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