Garantías para la Fuerza Pública

Así las cosas, será hoy en el encuentro que se llevará a cabo en la Casa de Nariño, entre el presidente Juan Manuel Santos y los jefes de los partidos de la coalición de gobierno, donde se dicte la última palabra, teniendo en cuenta que los partidos de la U y Conservador se niegan a retirarlo.

Y es que a juicio del presidente de la colectividad azul, senador Efraín Cepeda, “hemos sido los abanderados del fuero penal militar y por eso continuaremos enriqueciendo el artículo 12 de la reforma a la justicia. Su retiro generaría inseguridad en las Fuerzas Militares”.

Idea que comparte el senador Juan Lozano, presidente de la U, quien afirmó que “estamos de acuerdo en que los temas nuevos sean tramitados en la reforma a la justicia penal militar, pero no retiramos el artículo 12 de la reforma a la justicia”. Lozano manifestó que su propuesta es que se tramiten de forma paralela los dos actos legislativos para garantizar la certeza jurídica para las Fuerzas Militares.

Además de estas dos reformas constitucionales, otro objetivo del Gobierno es que se tramite simultáneamente una ley estatutaria que reglamente y defina con claridad los pormenores del funcionamiento del aparato de la justicia penal militar.

El exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, miembro de la comisión de alto nivel para el estudio del proyecto, explicó que la finalidad es “crear un marco que les dé garantías a todos, a la acción efectiva de la Fuerza Pública, a la población civil y que, frente a cortes internacionales, sea evidente que la justicia colombiana ha sido fortalecida y no es necesaria su intervención”.

En cuanto al retiro del fuero militar de la reforma a la justicia, Cepeda se declaró respetuoso de la decisión política que tomen Gobierno y Congreso. Sin embargo, afirmó que la recomendación es que “la presunción incluida en la reforma a la justicia no es una solución a los problemas que se vienen presentando y puede suscitar más conflictos de los que pretende resolver. La sugerencia es una reforma integral con los temas que ha sugerido la comisión”.

De hecho, son varios los puntos que se proponen en ese sentido: el primero busca la creación de un tribunal de garantías penales que se encargará de controlar y vigilar la acción penal contra los miembros de la Fuerza Pública.

Para evitar conflictos entre la justicia penal militar y la ordinaria se creará una comisión encargada de conocer en primera instancia las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, que debe realizar una investigación pronta y coordinada que constate los hechos y concluya cuál justicia es competente para conocer de la investigación.

Será una ley estatutaria la que defina la composición de dicha comisión y la forma en que será apoyada por los diferentes órganos de policía judicial de la justicia ordinaria y militar. También indicará los plazos y la manera de solucionar los desacuerdos entre las dos jurisdicciones.

Además, la reforma define claramente los delitos que no serán investigados por la justicia militar: “Crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento, violación, abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento de menor”.

Para garantizar la defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública se creará “un fondo destinado específicamente a financiar la defensa pública técnica y especializada” de ellos, en cualquiera de las jurisdicciones, bajo la orientación de la autoridad que determine la ley.

La comisión también encontró la necesidad de hacer una diferenciación entre los actos de servicio de la Fuerza Militar y la Fuerza Civil (Policía), creando juzgados y tribunales penales policiales y adoptando un código penal policial.