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Cuando Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), explica su labor en esta entidad en los 15 meses que lleva dirigiéndola, dice que hay tres etapas fundamentales para entender el problema de tierras en Colombia: la formalización, la titulación y la adjudicación. Y en esos tres términos, aunque son técnicos, radica el problema histórico por la tenencia del territorio y muchos de los problemas agrarios.
Aunque el nombre de Vega estuvo más en la opinión pública en agosto de este año, cuando comenzó la polémica por el enredo de cifras de formalización que tuvo con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a cuatro meses de ese impase, se mantiene firme en que su entidad ha formalizado 1,4 millones de tierras, y dice que su discusión con la jefa de cartera “fue un debate tecnocrático”.
En diálogo con El Espectador, el director de la ANT se refirió a la compra de tierras, a los resultados que esperan dar a fin de año y a las denuncias que interpuso contra 73 exfuncionarios de la Agencia por omisión o prevaricato. Habla sobre las cinco Zonas de Reserva Campesina y la descentralización de las oficinas de la ANT.
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Hace varios meses usted estuvo en el debate público porque lo acusaban de mentir sobre las cifras de formalización de tierras, además fue una pelea directa que tuvo con la ministra Jhenifer Mojica. Hoy, ¿usted se mantiene en las cifras que dio en agosto?
Claro. Mire, hay una cola de 11 kilómetros de cajas que tenemos de procesos de personas que han solicitado que les den un título de tierra. Vamos en 1,4 millones de hectáreas formalizadas, que son cerca de 60.000 títulos, es decir, 60.000 familias que han recibido el título de propiedad. Eso lo que dice es que esa tierra es de ellos. Eso dificulta más el despojo de tierras. Hoy, son ya 60.000 nuevos propietarios que pasaron de ser ocupantes de tierras que pueden disponer de esta propiedad.
Ahora, sobre el debate que usted refiere, nosotros hemos expedido 10.997 títulos que hemos firmado nosotros, es decir, el acto administrativo. Eso, en cifras, son 453.000 hectáreas de tierra; y de allí, encontramos que hubo 2.000 títulos que fueron expedidos en gobiernos anteriores, pero no tenían registro, es decir, no se finiquitó el proceso y la gente seguía en el proceso administrativo de reclamo.
¿Eso significa que ustedes terminaron el trabajo que había quedado a media máquina de otras administraciones?
Sí. En muchos casos lo que hicimos fue simplemente la fase final, que es entregar el título a la familia porque si no lo entregas, es como tener una herencia pero no estar enterado de ella. O es como si la EPS te autoriza la cirugía que estás esperando, pero nunca te enteras. Lo que nos han dicho es que el presidente anterior (Iván Duque) buscaba hacer eventos grandes para entregar todos los títulos, pero si no había eventos, no entregaban títulos y la gente quedaba sin la tierra. Por eso nosotros contamos esos títulos que ya habían sido adelantados en la administración pasada, pero que nunca se terminaron los casos porque no se los entregaban a las familias. Eso fue gestión nuestra.
Es decir, en 2.000 casos, ustedes hicieron la fase final, que es la entrega únicamente…
Sí, este es un tema muy técnico porque algunos dicen que la formalización de tierras se debe contar cuando uno expide el documento y lo firma; otros dicen que es cuando se registra la tierra en la Oficina de Instrumentos Públicos y otros cuando se les notifica a las familias. Este último paso es el más importante porque es a partir del momento en que la gente puede disponer del bien, antes no tiene ningún derecho restablecido.
¿Y por qué los gobiernos anteriores no habían terminado esa fase?
Como ya lo mencioné, a nosotros nos han dicho que es porque si el presidente anterior no tenía eventos grandes para las entregas, los títulos quedaban enclosetados. Pero no es una certeza, lo que sí hicimos fue que denunciamos a todos los directores anteriores, a mis antecesores, porque había 750 sentencias de restitución de tierras donde nos ordenaban expedir los títulos, entregarlos y hay desacato a una decisión de un juez; eso es prevaricato por omisión. Para mí, antes lo que había era una burocracia de escritorio.
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¿Cuándo fueron esas denuncias y en qué van?
Fueron dos, una el 31 de julio y la otra fue el 25 de septiembre. La primera fue por prevaricato por omisión y la segunda está relacionada con sentencias de adjudicación no cumplidas a tiempo.
La meta de este Gobierno es formalizar 7 millones de hectáreas. Usted dice que van en 1,4, ¿sí van a cumplir en estos dos años?
Sí. Este mes vamos a alcanzar otras 300.000 hectáreas. Estamos haciendo consejos directivos extraordinarios. Si esto se aprueba, son 200.000 hectáreas más en lo que falta de este mes y con eso cerraríamos el año. No lo decimos antes ni lo hemos contabilizado, porque tiene que aprobarlo el Consejo Directivo. Es más, con esta gente que está en el territorio, que además son personas que llevan toda la vida en esas tierras, solo que sin un título, pero ahí criaron a sus hijos, tienen sus cultivos, lo que necesitan es el papel de que eso sí les pertenece. Yo creo que con ellos es que hay que hacer la reforma agraria.
Usted dijo que con estas personas es con quien se debe liderar la reforma agraria…¿Con quién se está haciendo entonces?
No, lo que yo dije es que hay que comprar tres millones de hectáreas. Poner a campesinos a armar una empresa para producir comida, eso va a dar resultados mínimo a los seis meses, porque apenas llegan al territorio. En cambio, los que ya están llevan 15 o 10 años en la misma zona, tienen su casa, tienen los pollos, tienen ganado, tienen pancoger, a ellos solo hay que entregarles el título y reforzar sus proyectos económicamente. Con esa gente sería lo más sensato hacer la reforma agraria, más que con el que llega por primera vez a un predio pelado y le dicen venga, hagamos una empresa aquí, de ceros…
Además de la titulación, ¿cómo van en recuperación de predios, compra de terrenos, donaciones? El presidente busca que Fedegán sea su gran aliado en esa estrategia…
Sí, y lo ha sido. Fedegán nos ha vendido mucha tierra también, 100.000 hectáreas, para ser exactos. En esa fase de compra, donaciones y recuperaciones vamos en 200.211 hectáreas; de las cuales hemos comprado al mitad, otras 1.000 han sido donadas por la Fundación Crecer de Argos y otras 99.000 fueron recuperadas. Los dos gobiernos anteriores, por ejemplo, compraron 17.000 hectáreas
¿Recuperadas significa que las tenían particulares y tuvieron que devolverlas?
Exacto. Que por procesos administrativos o judiciales, volvieron a ser del Estado. Nosotros recuperamos, deslindamos, declaramos esos predios como de la Nación. En Simití, Bolívar, por ejemplo, tenemos unos casos de unos playones que se inundan seis meses y los otros cuatro sirven para agricultura. Cuando haya agua, se pesca; si está seco, se utiliza para sembrar. Esa es la tierra más fértil que hay. Ahí debe llegar de inmediato la Agencia de Desarrollo Rural y el proyecto productivo con la asistencia técnica y el Banco Agrario.
En los casos de la compra de tierras a Fedegán, ¿José Félix Lafaurie ha hecho la intermediación o cómo ha funcionado?
No, ellos invitan a sus socios a que oferten las hectáreas. Digamos, hay dos millones de hectáreas ofertadas a la ANT por mucha gente del campo, más allá de ganaderos, de esos son viables 750.000, o sea, la tercera parte. Hay algunas que están inundadas, tienen problemas judiciales, están en restitución de tierras. Nos falta otras por estudiar… Puede subir la cifra, pero lo que hay viable hasta ahora son esas hectáreas.
O sea que ustedes ya identificaron que les ofrecieron tierras que no son viables…
Sí, dos tercios de lo que nos han ofrecido no es viable, que eso corresponde a 1,2 millones de hectáreas de tierra. Ahora, también hay casos donde no hemos terminado los estudios, pero esa es la cifra preliminar que tenemos.
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¿Eso significa que hay mala fe en algunas personas por vender tierras que no sirven al Estado?
Puede haber casos. Es decir, hay un poco de todo. Hay que entender algo y es que en los procesos de restitución de tierras, por ejemplo, hay una etapa donde ni siquiera se le oficia la contraparte que hay un reclamante. Eso pasa en la etapa administrativa. En esa primera parte, los dueños no saben que hay un proceso andante sobre la propiedad porque el juez lo que persigue es el bien, no la persona. Si fuera penal, sí sería sobre la persona. Com lo que estamos es viendo el bien material, entonces puede que haya familias que no saben o se enteran de que su predio está en un proceso administrativo solo después de que nos las han ofertado.
Pero también debe haber casos de tierras que tienen otro tipo de líos mucho más complejos…
Claro, hay de todo. Hay gente que nos llega a ofrecer el 70 % de una ciénaga, eso nos sucedió la semana pasada. ¿Qué voy a hacer yo comprando una ciénaga? Tenemos otro caso donde nos han ofertado tierras que el 80 % están invadidas hace más de 20 años. Hay algo cierto, y es que algunas personas tienen la mentalidad de que es la oportunidad de resolver un problema con el Estado.
¿En esos procesos de recuperación se han encontrado con empresarios que ofertan tierras? Le pregunto porque el tema de Argos está muy presente…
Hay un caso de una persona que le vendió tierras a Argos. Compró las tierras a los campesinos, a pesar de que estaba prohibido hacerlo, y le vendió diez veces más caro a Argos a los dos meses. Con las tierras que se quedó nos las quiere vender al Estado. Son 5.000 hectáreas en Montes de María. Tiene algunos predios en procesos de restitución.
¿Y cuántos predios han adquirido como ANT?
Lo más reciente, por ejemplo, fue la recuperación de 13 predios en Islas del Rosario a través de procesos agrarios. Los que hemos recuperado es de gente que nunca había reconocido la Agencia, explotaban eso de manera ilegal, en algunos casos personas comprometidas con narcotráfico. Eso lo entregamos a Sociedad Tequendama y al Consejo Comunitario para que sean las mismas personas nativas quienes puedan hacer ofertas de turismo sin el intermediario. Uno de esos es Álvaro Navia, perseguido por la justicia, y que era el dueño del megahotel Gente de Mar Resort; hay gente de élites del mundo cultural, artístico, económicas, políticas…
¿Y esos títulos son colectivos?
Este caso es particular porque son baldíos de la Nación, no podemos titularlo pero sí podemos dar derechos de uso a las comunidades del Consejo Comunitario para que ellos dejen de trabajar para otros y hagan su propia empresa. La idea es que eso beneficie a los raizales, pero también proteger los ecosistemas que están allí. El Consejo Comunitario ya está trabajando directamente en esos predios con hotelería, pero sin trabajarle a nadie.
Hace varios meses la Secretaría de Transparencia de la Presidencia emitió una alerta sobre predios que eran de la Nación y luego quedaron en manos de grupos armados. ¿Qué información tienen de esos casos?
Hasta donde conozco, la Agencia no tenía ningún predio involucrado en ese caso
¿Usted aspira entrar al gabinete ministerial del Gobierno?
Al gabinete de mi casa será. En donde estoy, estoy muy contento. Son puras especulaciones.
¿Y la relación con la ministra ya está subsanada?
Claro. Yo tengo dos jefes, la ministra y el presidente. Mi agenda es la agenda de la ministra.
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Por Valentina Parada Lugo
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