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El Consejo Nacional Electoral (CNE) le acaba de poner la lupa a otras tres aristas en el marco de las posibles irregularidades en la financiación y en el reporte de los ingresos y gastos de la campaña del presidente Gustavo Petro. Esos nuevos indicios son claves para la decisión final que tomaría próximamente el organismo electoral y por las que pidieron practicar más pruebas, entre las que solicitaron reportes a entidades financieras y la recolección de nuevos testimonios.
Se trata de las transacciones para la adquisición de material de propaganda electoral con una persona natural, José Orlando Riveros Casas, representante legal de Grafikar Diseños; las posibles inconsistencias en los contratos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) para el transporte del entonces candidato presidencial y la presunta donación de $600 millones de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), sindicato de Ecopetrol.
La campaña presidencial del Pacto Histórico, según los reportes oficiales, está a solo 151 millones de exceder los topes en la primera vuelta y a 147 millones de superarlos en la segunda. Y esos tres nuevos ángulos se suman a la posible contratación a gran escala de testigos electorales y el presunto aporte del empresario barranquillero Euclides Torres para actos públicos en la Costa Caribe.
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Además, son materia de investigación las declaraciones conocidas del ahora embajador ante la FAO, Armado Benedetti, quien habló del supuesto ingreso de $15.000 millones. Y también la declaración de Nicolás Petro –primogénito del jefe de Estado– ante la Fiscalía, quien aseguró que habrían entrado “millones” adicionales.
Con base en las nuevas puntas, el CNE solicitó los soportes de las consignaciones realizadas a José Orlando Riveros, quien fue una de las personas naturales con las que más contrató la campaña, abonándole poco más de $2.200 millones, según lo reportado. Además, la organización electoral solicitó más detalles sobre otras cinco transacciones que se acercan cada una a los $100 millones y que suman un total de $481 millones más. Podrían estar relacionadas con el proceso y sin su reporte correspondiente.
Este medio habló con Riveros quien aseguró que está dispuesto a entregar al CNE la información necesaria y que los movimientos del contrato están registrados en facturas electrónicas. Además, contó que en ese entonces facturó alrededor de 10 procesos de compra distintos y que la mayoría fueron por uno $100 millones. “Ellos me pidieron varias cosas, pero al principio no tenían plata, entonces hicieron un pago final y otros por aparte”. Por eso, el CNE pidió los detalles sobre las transacciones de ese valor, mencionadas por Riveros y que aparecen entre el 25 marzo y el 1 de agosto de 2022.
Pero las pruebas más relevantes están sobre el supuesto pago a cerca de 73 mil testigos electorales que vigilaron la votación y a los que se les habría pagado $60 mil por día de trabajo. Además, también en las facturas de transporte aéreo con la empresa Sadi, que ya fueron remitidas la organización electoral.
Los registros físicos de Sadi fueron entregados al CNE en el marco del requerimiento judicial, pero también a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General, en donde también hay otros procesos paralelos relacionados con la campaña. “En cuanto a los pagos recibidos, estos también han sido reportados a la DIAN”, explicó la empresa, que también prestó servicio de transporte aéreo a la campaña al Senado por el Pacto Histórico y en el marco de la consulta interpartidista.
De manera que el CNE ya tiene en sus manos la totalidad de las facturas de las transacciones de la campaña a Sadi. Incluso, el Banco de Occidente y Bancolombia ya remitieron los extractos bancarios correspondientes y, luego de su revisión detallada, colocaron la lupa sobre una consignación en cheque $4.000 millones del 17 de junio de 2022. Y también sobre otras cuatro transferencias entre el 22 de junio y el 30 de junio de 2022. La organización les dio a las entidades financieras 10 días, a partir del pasado 6 de marzo, para que entreguen los detalles de esas transferencias.
Con todo eso, los topes de campaña se habrían superado por mucho, sin que sea necesario sumar la donación de la USO y otros ruidos como la supuesta donación de Fecode por $500 millones. El CNE además le pidió a Blu Radio, que reveló la existencia de la posible contribución de la USO, el acta y demás información que sustente la donación que fue autorizada en la Vigésima Asamblea Ordinaria Nacional de los Delegados del sindicato de Ecopetrol, realizada entre el 8 y 9 de junio de 2022, en Girón, Santander.
Aunque la relatoría estableció que los dineros fueron usados para asuntos logísticos durante la segunda vuelta, el medio radial encontró facturas de mayo y julio de 2022, durante la primera vuelta, que además incluirían pagos a posibles testigos electorales.
El Espectador se comunicó con el presidente del sindicato, César Loza, que confirmó que sí ejecutaron ese dinero para apoyar la campaña de Petro, pero que no hay ninguna irregularidad, pues legalmente la plata nunca ingreso a la contabilidad. “No se entregó un solo peso que hubiese entrado a la tesorería de la campaña. Nosotros ejecutamos esos recursos a través de 28 subdirectivas para el relacionamiento con trabajadores, grupos de interés, transporte, reuniones y otros encuentros”, dijo.
De acuerdo con Loza, con esa plata también se financiaron volantes, vallas y demás material propagandístico, pero de forma autónoma. Este diario le preguntó si el presidente Petro y la campaña tenía conocimiento de ese apoyo y Loza aseguró que “sí sabían que nosotros lo estábamos apoyando, pero no recibieron jamás un solo peso de la organización”. Por eso, la campaña estaría blindada legalmente de sumar ese aporte.
Además, el presidente sindical reveló que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) les dio la orden a todas sus organizaciones afiliadas, incluida la USO, de “hacer divulgación de la campaña del presidente Gustavo Petro, y eso fue lo que nosotros hicimos de manera autónoma (…) por supuesto, reunir a los trabajadores, o a cualquier grupo de personas vale plata”.
Todos esos elementos se integraron al expediente a cargo de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), a quienes les fue asignado el caso en el CNE luego de que en febrero de 2023 llegara una queja anónima que hoy tiene en duda la legitimidad de la elección del presidente Gustavo Petro.
Con cualquier hallazgo, la campaña podría violar los topes y de demostrarse, el movimiento político que avaló al candidato y los encargados de las cuentas de la campaña podrían incurrir en multas y sanciones. Igualmente, cualquiera que sea el resultado de la investigación en los próximos meses, el CNE deberá compulsar copias a la Comisión de Acusaciones del Congreso, que tiene la competencia para investigar al presidente Gustavo Petro y si es el caso, llevarlo a un juicio político en el Legislativo.
Desde esa célula legislativa, en donde también se indagan las posibles irregularidades en la campaña, los representantes investigadores Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U) escucharán este jueves a Nicolás Petro. Incluso, para eso viajarán directamente a Barranquilla, en donde también entablarían conversaciones con el empresario Euclides Torres, máxima figura del clan Torres, y también con Samuel Santander Lopesierra, conocido como “Hombre Malboro”.
De todos modos, aunque hay varios frentes, será clave la definición del CNE, pues terminará de aportar material probatorio a los demás expedientes abiertos sobre el caso que relaciona al presidente Petro.
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Por Laura Duarte Sandoval
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