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Gobierno, a examen de Derechos Humanos en Ginebra

Este miércoles el vicepresidente Francisco Santos presentará ante la ONU el informe de Derechos Humanos, a través del cual reconoce que falta endurecer políticas que ataquen de raíz la desaparición y el desplazamiento forzado, así como las minas antipersonales y los homicidios a sindicalistas.

09 de diciembre de 2008 – 11:29 a. m.

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El Gobierno reportará que hasta julio de este año han sido vinculados 748 miembros de la Fuerza Pública con desapariciones forzadas, de los cuales se han expedido 242 órdenes de captura y se han acusado ante los jueces a 110. Hasta el momento, sólo se han producido 14 sentencias que han recaído sobre 42 uniformados.

Gracias a la Ley de Justicia y Paz se han exhumado 1.559 cadáveres y se han entregado e identificado sólo 202. El Gobierno reconocerá que se debe fortalecer el rol de la Procuraduría General de la Nación para avanzar con las investigaciones disciplinarias a miembros del Ejército que estén involucrados con desapariciones forzadas y torturas. Según esta dependencia hoy en día se adelantan más de 700 casos relaciones con esta actividad delictiva.

Aunque se desconoce la cifra exacta de homicidios a sindicalista este año, el Gobierno dice que en 2008 se ha incrementado este delito. Hasta la fecha se han emitido 46 sentencias con 75 personas condenadas, 27 juicios en curso y 39 procesos de investigación.

En cuanto a minas antipersonales, desde 1990 estos artefactos explosivos han afectado a 7.084 personas, lo que quiere decir que diariamente hay tres víctimas, dos mutiladas y una muerta. En los años 2005 y 2006 Colombia fue el país pionero en esta actividad.

Desde que entró en vigencia la Convención de Ottawa en el 2001, se han destruido ocho de los 34 campos minados en poder del Estado; la meta para el 2011 es acabar con los 26 campos restantes. Según el informe, el desplazamiento forzado es la violación a los DDHH de mayor magnitud en el país. Se reportan 2,6 millones de personas desplazadas y el Gobierno reconoce que el número es mayor y que falta una política exigente que repare en su totalidad a esta parte de la población.

En la evaluación de DDHH el vicepresidente también se comprometerá a expandir la oferta nacional de cupos carcelarios en 24.331 mediante la construcción de 10 complejos penitenciarios. El diseño e implementación de nuevos mecanismos de restricción de la libertad como la seguridad electrónica, es otro de los puntos a tratar en esta sustentación mundial.

Colombia es el único país del mundo en desarrollo que aceptó, de manera voluntaria, entregar cifras de desplazamiento, narcotráfico, grupos subversivos, desmovilización, minas antipersonales y homicidios a sindicalistas.

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