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Ante el paro anunciado por la población carcelaria para este fin de semana, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que no se dejará presionar de los detenidos.
Aunque la protesta programada en 28 centros carcelarios del país tiene origen en la deficiencia en los servicios de salud, el ministro consideró que ésta se debe a la negación de varias solicitudes de indulto.
“Me preocupa el paro carcelario previsto para el sábado y el domingo. Hemos tomado todas las precauciones para que esto no se desborde –Dijo–. Detrás de esto hay algunas personas que están reclamando con justicia que se mejoren los servicios de salud que, efectivamente, son muy malos. Pero el Gobierno tiene información de que el anunciado paro carcelario busca ser utilizado por reclusos que no se han beneficiado con los indultos”, sostuvo.
Ante ese preocupante panorama, el Gobierno advirtió que tomó la decisión de no conceder más indultos a aquellos quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
“Recordarán ustedes que la política del Gobierno cambió y desde el 7 de agosto quienes solicitan indultos al amparo de la Ley de Orden Público, pero a su turno tienen concurso con delitos atroces o con delitos de lesa humanidad, no se están beneficiando con los indultos”, expresó.
El Ministro enfatizó que entre las 293 personas a quienes se les ha negado el beneficio de indulto estarían quienes promueven el paro.
Con respecto a los servicios de salud para los internos, Vargas Lleras también fue enfático: “Caprecom ha hecho un plan de contingencia para mejorar ese servicio en las próximas tres semanas. Tenemos 500 órdenes represadas para atender a los internos en las cárceles. Se quejan con toda la razón de que el servicio o es muy malo o no existe. Tres semanas tiene Caprecom y si no, vamos a insistir en que nos permitan convocar a una licitación para que en cada departamento atiendan las autoridades regionales el servicio de salud”.
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