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La preocupación del Gobierno Nacional por una salida jurídica para más de 17 mil paramilitares desmovilizados que quedaron en el ‘limbo’ porque la Corte Constitucional tumbó el principio de oportunidad ha hecho que desde el Ejecutivo se analicen dos posibilidades.
El Gobierno primero estudia crear un ‘camino corto’ para formular una política a través de un decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz que está en vigencia.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que el decreto de la actual legislación agilizaría la solución al conflicto jurídico de los desmovilizados.
De otro lado, se analiza acudir al Congreso para que se discutan y aprueben los lineamientos de una nueva ley que dé los beneficios jurídicos.
Sin embargo, Vargas Lleras sostuvo que para ambas alternativas "queremos consultar la opinión de la Fiscalía, Procuraduría y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia".
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