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La aprobación de la reforma pensional en su segundo debate en la plenaria del Senado dejó un primer triunfo para el gobierno del presidente Gustavo Petro en mucho tiempo. Después de enfrentar duros golpes en el terreno político, como el archivo de su reforma a la salud y el fuerte rechazo expresado a su administración en las calles el domingo inmediatamente anterior, el oficialismo logró recomponer los votos, apenas justos, para algunos de sus proyectos.
Por lo menos en lo que tiene que ver con la reforma pensional, los votos de los senadores del Partido Liberal y la U fueron determinantes. El Gobierno consolidó esos apoyos luego de negociaciones y reuniones previas en la Casa de Nariño con los parlamentarios. Sin embargo, en el último momento, quien verdaderamente salvó la reforma fue el senador de la curul indígena, Richard Fuelantala (AICO).
De los 95 asistentes registrados en la sesión del 23 de abril, el Gobierno necesitaba como mínimo 48 votos para aprobar el texto, y los consiguió solo después de convencer al parlamentario indígena, a quien le prometieron incluir un artículo que buscará reducir la edad para la pensión de campesinos y afrodescendientes. Ese punto se añadió en el último instante y, pese al triunfo, la situación dejó un mal ambiente entre los algunos congresistas por la presunta “transacción de los votos”.
Lo cierto es que se abrió una nueva oportunidad para el oficialismo para avanzar con varios de sus proyectos, pero sobre todo, para lograr la aprobación definitiva de la reforma pensional. Incluso, podría alcanzarles para revivir la cirugía al sistema de salud en el Senado. Pero, el Gobierno y 7 EPS ya llegaron a un acuerdo para presentar un nuevo proyecto, mucho más corto -de 47 artículos-, que sería radicado próximamente.
Por un lado, la reforma pensional hará su tránsito a la Comisión Séptima de la Cámara, en donde el panorama no es nada fácil. De hecho, en esa célula legislativa ya se hundió una vez la reforma laboral –que volvió a ser presentada y no se ha agendado porque no tiene las mayorías– y la reforma a la salud tardó casi 3 meses en salir con vida. En ese entonces, la ponencia positiva se radicó el 31 de marzo de 2023, el 19 de abril se negó el archivo y hasta el 24 de mayo fue aprobado el proyecto en su primer debate.
Y de acuerdo con fuentes consultadas, por cuenta de esos debates previos, hay muy mal ambiente en la comisión en la que aterrizará el proyecto de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. La sensación en la comisión es que el Gobierno ha querido imponer sus proyectos sin cumplir los acuerdos. Y los diálogos durante el trámite de la reforma a la salud, entre la exministra Carolina Corcho y los parlamentarios, dejaron un sinsabor.
Por eso, a la reforma pensional le esperaría un trámite largo y complejo. De hecho, tras su aprobación en el pleno del Senado, tendrá que esperar al menos 15 días para hacer su tránsito oficial e iniciar el debate en la comisión, como lo indica el reglamento del Congreso. Así las cosas, iniciaría su tercer debate hasta mediados de mayo y le faltaría pasar todavía por la plenaria de la Cámara. Para todo eso el Gobierno tiene plazo hasta el 20 de junio, cuando termina la legislatura.
De ese modo, los tiempos están más que justos, sin contar que en esa misma célula hay un trancón legislativo, pues sigue pendiente la discusión de la reforma laboral, que también deberá ser aprobada por lo menos en su primer debate antes de la misma fecha o se hundirá por segunda vez. Miembros de la comisión confirmaron que ya han tenido nuevos acercamientos y que los diálogos los lideran Dussán, el director del DNP, Alexander López; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la directora del DAPRE, Laura Sarabia.
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Por el momento, en la Comisión Séptima de la Cámara, el Gobierno necesita al menos 12 votos de los 21 integrantes para avanzar. Y tendrían 11 a su favor, es decir, a los 4 del Pacto Histórico, uno de Comunes, 2 de CITREP, 2 de Alianza Verde y entre los partidos tradicionales estaría fijos los de Camilo Esteban Ávila (la U) y de María Eugenia Lopera (liberal), presidenta de esa célula legislativa. Inclusive, este 24 de abril hubo varias conversaciones entre miembros de la bancada de Gobierno y la jefa de esa mesa directiva.
Para completar los votos, el Gobierno tendrá que asegurar los de los demás liberales: Germán Rozo, Héctor Chaparro y Hugo Archila, que aunque han votado a favor en otras ocasiones, ya han manifestado sus dudas. Inclusive, algunos estarían considerando hacer cambios significativos al texto, como reducir el aporte a Colpensiones a un salario mínimo y medio. Todo, en contravía de las expectativas del Gobierno, que espera levantar nuevamente el umbral de tres salarios en la Cámara. Es más, el presidente Petro, que sería mucho más optimista, anunció que buscará que la Cámara eleve el umbral a 4 salarios. Eso ya despertó malestar sin que ni siquiera haya empezado el debate.
Los que no apoyarían al Gobierno bajo ningún escenario son los dos conservadores, pues quedarían sometidos a la decisión de la mayoría de su bancada, y los cuatro de la oposición (Cambio Radical y Centro Democrático). De otro lado, también se opondrá Víctor Manuel Salcedo, de la U, quien es cercano a la senadora Norma Hurtado, por lo que no descarta presentar una ponencia muy similar a la de su copartidaria, pero en la Cámara.
Así pues, según congresistas, en los próximos meses esa comisión será “súper poderosa”, ya que en sus manos quedarán dos de las reformas del Gobierno. Y con eso, los representantes esperan jugar para lograr acuerdos y negociaciones con la Casa de Nariño que fortalezcan su representación regional.
El panorama para las otras reformas
Pese al primer triunfo en el Senado, el camino es largo y el tiempo es corto. La reforma pensional tiene posibilidades, pero el futuro de otros proyectos, como la cirugía al sistema de salud es bastante incierto. De hecho, tan poco avanzó la comisión accidental —conformada por los presidentes de las 7 comisiones constitucionales del Senado— que estudia la apelación para revivir la iniciativa, que antes el Gobierno consiguió un acuerdo con las EPS para radicar una nueva reforma.
El presidente de la Comisión Primera, Germán Blanco, del Partido Conservador, había anunciado que no haría parte del estudio de la apelación porque está impedido. Y, según lo conoció este diario, lo mismo iba a hacer la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. No obstante, con el anuncio de la presentación de un nuevo texto, todo eso ya no sería necesario.
Ahora, si el Gobierno insistiera en revivir su anterior reforma y de aprobarlo el Congreso, la propuesta retomaría su tercer debate —en el que ya se hundió hace algunas semanas— en otra comisión distinta a la Séptima. Pero si se decantan por presentar un nuevo proyecto en los próximos días, la propuesta empezaría nuevamente el trámite en el primer debate, de por lo menos cuatro necesarios; eso, en el caso de que sea radicado como un proyecto de ley ordinaria.
En cualquiera de esos escenarios, la reforma a la salud también estaría en una carrera contra el calendario, hasta el 20 de junio. Y es que si el Gobierno presenta un nuevo proyecto a solo 58 días de cerrar la legislatura, ese deberá por lo menos ser aprobado en su primer debate en ese periodo en la comisión que corresponda.
De otro lado, la reforma a la educación ya se aprobó sin problema en la Cámara y se espera lo mismo en el Senado, donde empezaría a debatirse a principios de mayo.
Lo cierto es que el futuro de las reformas pende de un hilo en el Congreso. Y el Gobierno tiene solo dos meses, más que exactos, para avanzar en por lo menos 4 debates distintos. Por un lado, los dos de la reforma pensional en la Cámara, y la reforma laboral deberá avanzar en su primer debate como mínimo, al igual que la reforma a la salud si se radica pronto el nuevo proyecto concertado. La próxima semana iniciarían los acercamientos entre el Gobierno y parlamentarios para buscar acuerdos de cara a lo que viene en el cierre del periodo legislativo.
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Por Laura Duarte Sandoval
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