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La polémica se revivió en desarrollo de la concepción de la Ley de Víctimas por la reparación que deberían hacer los agentes del Estado que cometan alguna violación a los cánones penales, empezó a ser despejada.
El Gobierno Nacional se comprometió a que en el caso de los ‘falsos positivos’ -como son conocidos los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública- se dará una reparación para el grupo de damnificados.
La noticia fue confirmada por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien manifestó que aunque la ley contempla una reparación para las víctimas de agentes ilegales (guerrilla, paramilitares y bandas delincuenciales) igual prevé que una vez sucedan las sentencias judiciales se dé la reparación e indemnización para las víctimas de agentes del Estado.
"El Gobierno ha dicho que no tolera la violación de los Derechos Humanos y por eso cualquiera que sea el victimario, así sea un agente del Estado, la Ley y la autoridad lo perseguirán", advirtió el alto funcionario.
Valencia señaló que una vez establecida la responsabilidad del agente del Estado, éste deberá asumir la reparación que ordene el juez. "No va a ser inequitativo el trato de las víctimas y esto lo demostramos en que la Ley busca que la reparación administrativa se dé en un plazo de 18 meses, mientras el juzgamiento del victimario que es agente del Estado se dará un tiempo igual a éste", recalcó.
En cuanto al trato fiscal y monetario que se dará a las víctimas, el Ministro enfatizó que el Gobierno hará una reparación "certera y eficaz" de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentre el Estado.
"En ninguna legislación del mundo una reparación integral es total pero comparando los modelos y otros hechos que han ocurrido en otras partes del universo, realmente nuestra norma es integral que sin ninguna duda respeta los estándares internacionales", afirmó Valencia Cossio.
Tras las declaraciones del Ministro, las ONG’s defensoras de las víctimas han polemizado frente a lo dicho por el funcionario.
Según Laura Gil, una activista de la causa de los damnificados de la guerra, la reparación por vía judicial actualmente existe en Colombia.
Por ende, Gil aseguró que no es cierto que por vía administrativa -como lo busca la ley- se vaya a dar la reparación real.
Gil explicó que la reparación actualmente ya existe cuando se da un fallo judicial.
En el curso del debate en la Cámara causó sorpresa entre los legisladores el hecho de que cerca de seis mil cartas fueran radicadas ante la secretaria de la corporación.
Las mismas fueron suscritas por las propias víctimas y solicitan, palabras más palabras menos, que no se apruebe el proyecto con las modificaciones que la bancada uribista y el Gobierno hicieron.
En caso de ser aprobado el proyecto como pretenden las mayorías, la víctima deberá contar una sentencia judicial para poder acceder a los favores que la Ley contempla.
Según el autor del proyecto original, el representante Guillermo Rivera la idea era "garantizar la restitución de sus bienes bajo la perspectiva del patrimonio y no solamente bajo la perspectiva de la restitución de los inmuebles" y nada de esto se cumpliría.
Para el Legislador, igualmente la calidad de ser "víctima" no debe quedar en manos de la misma, puesto que la Corte Constitucional en varias ocasiones ha ordenado a Acción Social no imponerle dicha obligatoriedad a ésta.
"La carga de aprobar su condición a quienes ostentan la calidad de desplazados por la violencia, universo de víctimas del cual pertenecen este grupo de personas, queda en manos siempre del Gobierno y no de las mismas", aseguró Rivera.
El llamado de él es para que no se discrimine a ninguna víctima y se apruebe el proyecto original.
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