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El aterrizaje del Gobierno nacional en Popayán este jueves ocurrió en una semana marcada por ataques de la disidencia de “Iván Mordisco” en el Cauca, que causaron la muerte de dos soldados, hirieron a siete personas y ocasionaron el traslado de la cúpula militar hacia la región. En medio de denuncias por cuatro líderes indígenas caucanos asesinados en lo que va del 2024 y crecientes amenazas a comunidades por parte de grupos ilegales, el presidente Gustavo Petro se reunió a puerta cerrada con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el fin cerrar las distancias que se abren con uno de los principales grupos que apoyaron su proyecto político.
La ola de violencia que se tomó cuatro departamentos del pacífico colombiano— Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó— en el último mes dio cuenta del desencanto que las comunidades de estas regiones han tenido con el Gobierno. Aunque el apoyo fue contundente en campaña, pues en todas estas zonas Petro obtuvo una victoria arrasadora— en Nariño (596.186) y Chocó (128.725) los votos a su favor estuvieron por encima del 80 %, mientras que en Cauca (516.614) tuvo el 79,2 % y en Valle del Cauca (1′314.247) el 63, 9 %—y mantienen su posición de reconocer que la administración Petro propuso un camino diferente para la comunicación con los territorios más alejados de Bogotá, reclaman que falta presencia estatal y no hay elementos para defender la vida y garantizar sus derechos.
“El Gobierno no se puede equivocar. Ser un gobierno alternativo no es garantía para una participación real”, afirmó un líder indígena regional que habló con El Espectador.
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Los rastros de ese distanciamiento fueron más claros el 17 de mayo, cuando aclararon que no son “amigos del Gobierno”, porque, si bien apoyan el proyecto gubernamental de territorializar las iniciativas, deben continuar con su “camino de autonomía”. Además, recordaron que hay una deuda histórica con las comunidades que viene desde administraciones pasadas y que no se ha concretado la ejecución del plan cuatrienal de inversión, que prometía $1,3 billones en recursos de inversión para proyectos estratégicos en el territorio caucano, de los que $59.000 millones serían desembolsados este año.
La historia reciente Petro y el CRIC tuvo un hito clave en el 2018, cuando la junta directiva de cabildos de la organización tuvo una reunión de la que resultó el pronunciamiento en favor del entonces candidato presidencial. En ese momento, argumentaron que su propuesta era la única que articulaba las demandas que las comunidades indígenas habían pedido por años y estaba comprometida con la paz y la finalización del conflicto armado. El mensaje que enviaron finalizaba con la disposición de “trabajar mancomunadamente por hacer realidad la Colombia Humana, para salir definitivamente de esta guerra y a través de un gran pacto social y político, avanzar en un país para todos y todas”.
En los cuatro años posteriores, el ahora mandatario participó en reuniones con integrantes de la organización, incluso con señalamientos de que se estaba aprovechando del movimiento para impulsar su candidatura, que también lo respaldó en la candidatura en la que resultó victorioso. Ahora, 21 meses después del ascenso de Petro al poder y con 13 contratos adjudicados— que van desde los $300 millones hasta los $69.000 millones para la implementación del sistema educativo indígena y el fortalecimiento de la gestión de la salud pública — entre el Gobierno y la organización, el CRIC decidió distanciarse de la denominada Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, organizada por el Pacto Histórico, que tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 1 de junio en la Universidad Nacional de Bogotá, universidad que en este momento está en la polémica por la elección de su rector, y en la que la Minga Social y Comunitaria del Sur Occidente participará.
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Los mismos reclamos se han hecho desde otras instancias de representación indígena diferentes al CRIC. La semana pasada, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viajó al Cauca para negociar el levantamiento de un bloqueo en la vía Panamericana que duró más de 48 horas. De allí salió un “Pacto de Convivencia Regional y Respeto por la Vida” con los integrantes de la mesa de negociación, que también pedían que se garantizara la atención en salud, la educación y la libre circulación de las comunidades indígenas.
Las intenciones del Gobierno para reafianzar esos lazos han sido claras y este año inició con un encuentro el 18 de enero en la Casa de Nariño entre representantes de comunidades indígenas del Cauca y el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Desde la Comisión Mixta del CRIC, que se definió en el decreto 1811 de 2017 y en donde justamente se formulan y adoptan los planes cuatrienales y se hace el seguimiento de los compromisos del Ejecutivo, se han desarrollado reuniones con ministerios y entidades gubernamentales, pero la misma organización de comunidades indígenas del Cauca ha dicho que en algunos encuentros no se ha cumplido con la presencia de “la mayoría de ministros y viceministros, como lo estipula el decreto”.
“Atendemos en forma integral las comunidades con mesas y espacios de diálogo”, aseguró la viceministra del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano.
Los desafíos se mantienen para una relación que ha visto afectada por la avanzada de las disidencias de Mordisco en la región y por el malestar por parte de la población que señala que a pesar de tener dos caucanos en el Gobierno— la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro Velasco—, vive el recrudecimiento de la violencia.
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Para el líder regional, una de las mayores preocupaciones es que, a pesar de que la Defensoría lance alertas tempranas sobre la situación de violencia, estas no tiene un alcance jurídico, por lo que se trata de avisos y no de acciones efectivas que protejan a la población. El reto, indica, es hacerle conocer a las entidades los vacíos que tienen las comunidades indígenas en el Cauca en garantías para sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, organismos de control nacionales e internacionales, quienes a pesar de que ya han sido informados de todos estos hechos lamentables que desarmonizan el buen vivir comunitario, a la fecha no han realizado ninguna acción de manera contundente para frenar estos sucesos”, señaló en un comunicado el resguardo indígena de La Aguada- San Antonio, en el municipio de Caldono, tras el asesinato de los hermanos Jeferson Dizu Guegue y Josue Dizu Guegue el pasado lunes.
Las poblaciones no retiran su apoyo al proyecto político del “gobierno del cambio”, como lo llama el mismo presidente, pero tampoco están dispuestos a dejar pasar que, sumada a la crisis de seguridad, se mantiene la desigualdad social y las barreras para el acceso a la tierra.
“No vamos a renunciar a la autonomía”, asegura uno de sus voceros, y añadió que “la movilización [del CRIC] no está suscrita a ningún Gobierno”.
Las conclusiones de ese “espacio privado” de diálogo entre el Gobierno e integrantes del Consejo Indígena se podrían conocer este viernes. Está previsto que traten el avance de los temas humanitarios, de desarrollo y de garantías de los derechos de las comunidades indígenas en el Cauca, pero, aun así, ninguna de las partes está dispuesta a revelar los pormenores del encuentro. Por el momento, el presidente ha hecho manifiesta su intención de trabajar desde el departamento para dialogar con la población que sufre por una guerra en la que el Ejecutivo ha decidido pasar de tratar de concretar negociaciones al empleo directo de la fuerza pública.
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