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El Gobierno Nacional aclaró este martes que los decretos firmados que buscan establecer nuevos parámetros para las extradiciones nunca intentan entrometerse en las funciones de la Corte Suprema de Justicia en esta materia.
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, dijo que la nueva normatividad parte de la base de que si la Corte en su concepto dice que no se puede extraditar, el Gobierno se abstendrá de hacerlo.
Sin embargo, explicó que si hay vía libre para la extradición, el Gobierno para los casos de juzgamientos bajo el amparo de la ley de Justicia y Paz dará un año antes de "lanzarla" para que los implicados sigan colaborando.
"Si en un año no han colaborado se hará efectiva la extradición", sostuvo el Ministro. Aún así, si hay colaboración, después de ese año, se podrá prorrogar dicho plazo.
Según él, esta disposición "no vulnera para nada" las funciones de la Corte Suprema de Justicia para avalar las extradiciones.
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