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Tal y como lo había prometido el presidente Uribe desde hace varios meses, este martes el Gobierno expidió un decreto que les permitirá a los guerrilleros que entreguen secuestrados salir en libertad y a quienes están en prisión y colaboren también en ese sentido, ser excarcelados. Además, el Ejecutivo anunció otra iniciativa, que será presentada al Congreso, para ampliar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para casos posteriores a julio de 2005.
Con los días contados para la salida de su cargo, el comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo quien ya dijo que se marchará antes del 13 de marzo, anunció el decreto 614 del 17 de febrero de 2009, el cual cubrirá a guerrilleros o miembros de grupos armados ilegales que incluso hayan cometido delitos atroces, quienes gozarán de libertad sin que cesen las responsabilidades ante las autoridades judiciales.
Y, “en caso de que haya condena, recurriremos a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz y el decreto 880 de 2008, que permite solicitar la suspensión provisional de la pena, de tal manera que la persona goce de su libertad mientras continúan los procesos penales”, según explicó Restrepo.
El anuncio generó polémica por cuenta de quienes aseguran que los delitos de lesa humanidad no son excarcelables. El ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, aseguró que la decisión del Gobierno no tiene un adecuado fundamento jurídico, porque finalmente puede significar el vaciamiento de los poderes de investigación, en cabeza de la Fiscalía y de las autoridades que tienen competencia. “No existe norma que justifique dejar libres a personas que han sido imputadas en este tipo de delitos, simplemente por el hecho de que contribuyan a la liberación de secuestrados”, agregó.
Por el contrario, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, señaló que existe libertad que llaman “provisional”, en la cual la persona sigue vinculada al proceso: “Puede ser condenada y al mismo tiempo gozar de libertad. El decreto es viable porque no se perdona el delito y si la persona no tiene buen comportamiento, puede ir a la cárcel”.
Lo cierto es que el comisionado Restrepo se mostró optimista en el sentido de que el Gobierno ya cuenta con tres normas (la Ley de Justicia y Paz, y los decretos 880 de 2008 y 614 de 2009) “para incentivar a los guerrilleros que abandonen grupos subversivos y decidan convertirse en gestores de paz”.
Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, el Presidente y el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, estudiarán las primeras solicitudes de excarcelación esta misma semana. Por ejemplo, una de las primeras beneficiadas podría ser alias Karina, quien recientemente fue condenada a 33 años de prisión.
En cuanto a la ampliación de la Ley de Justicia y Paz, luego de que en días pasados la Corte Suprema dijera que sólo se podía aplicar para quienes se hubiesen acogido antes de julio de 2005, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 72 de la Ley 975 de 2005 y ampliar los beneficios sin límite de fecha.
“La idea es que la concesión de beneficios sea al momento de la desmovilización por delitos cometidos antes de esto, interpretando así los propósitos generales de la Ley de Justicia y Paz, y dando seguridad jurídica para muchos miembros de grupos que se han desmovilizado después de dicha fecha”, aseguró el comisionado Luis Carlos Restrepo.
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