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El país entró de lleno esta semana en un espinoso y polémico episodio que tiene como protagonistas al gobierno del presidente Gustavo Petro, a la Registraduría de Hernán Penagos y a la firma Thomas Greg & Sons. Su génesis está en un reciente contrato de $41.000 millones que la entidad le adjudicó a la unidad temporal Disproel 2024, conformada en más de un 70 % por la empresa de origen británico que ha sido cuestionada por el jefe de Estado. Hay movimientos de todas las partes –incluso a nivel penal y disciplinario– y sus acciones seguro tendrán repercusión en las elecciones de 2026.
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El Gobierno mostró que no quiere a Thomas en contrataciones que involucren, de cierta manera, los datos de los colombianos. Luego de dejarla por fuera del negocio de la elaboración de los pasaportes, a cargo de la Cancillería, y de las cédulas de extranjería que son potestad de Migración Colombia (su producción la lidera un privado desde hace casi dos décadas), ahora busca cómo le cierra la puerta a la firma en el sector que le ha generado al menos $4,4 billones en los últimos años: las elecciones.
La empresa no está dispuesta a ser expulsada de este negocio sin razones de fondo, pues desde 2007 viene prestando sus servicios de impresión, transporte, logística e incluso de digitalización de los votos a diferentes registradores.
Además, solo por el revés propiciado por la Casa de Nariño con la Cancillería y Migración Colombia dejó de recibir aproximadamente $420.000 millones. Eso sin contar que, según la demanda que presentó contra el Estado por la primera licitación de pasaportes declarada desierta, perdió $117.000 millones por no adjudicársele el negocio pese a cumplir con todos los requisitos solicitados.
Del lado de la Registraduría, Penagos ha dejado claro que la entidad es neutra e independiente y que no tiene que estar respondiéndoles al Ejecutivo ni a ninguno de sus funcionarios, sino únicamente a los entes de control, si llegan a considerarlo. Y defendió el contrato por $41.000 millones, adjudicado el pasado 18 de octubre.
Aunque todavía no hay muchas pistas de lo que será la contratación de la Registraduría para la logística y los softwares que se usarán en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, la Casa de Nariño ya dejó ver que será un asunto al que le hará especial seguimiento; algunas voces advierten que su intención sería un posible intervencionismo. De hecho, hay un sector del Gobierno, además del mismo presidente, que considera que los comicios en manos de Thomas Greg & Sons podrían correr riesgo para la reelección de su proyecto.
Recuerdan, por ejemplo, que para 2022 se “perdieron” 500.000 votos para el Pacto Histórico durante el conteo, apoyos que fueron encontrados por testigos electorales que contrató la campaña y gracias a un software de inteligencia artificial que detectó la ausencia de sufragios en las mesas de votación. En todo caso, hay otro grupo que sí estaría recomendándole al mandatario ser prudente con sus pronunciamientos, pues podrían poner en tela de juicio la democracia misma el país.
Aun así, el Gobierno mostró su primera carta y no solo trasladó todos los hallazgos encontrados por la Secretaría de Transparencia de presuntas inconsistencias a la Fiscalía y a la Procuraduría, sino que también denunció penalmente al registrador Penagos por supuestas violaciones a la Ley 80 de Contratación en el proceso que se le entregó a Thomas para las jornadas electorales que se celebrarán en noviembre en algunas regiones.
A su vez, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) intervenir, lo que de inmediato revivió el episodio de marzo pasado cuando inspeccionó a la entidad electoral y a Thomas por un supuesto contrato clandestino firmado años atrás.
El funcionario petrista argumentó que, como en el caso de los pasaportes, se habría violado el principio de pluralidad de oferentes. Según el recurso judicial que interpuso ante la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, conocido en su integridad por El Espectador, contempló “requisitos de experiencia demasiado específicos y cerrados, así como términos de entregables demasiado cortos para ser cumplidos por cualquier particular interesado”.
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Pero, de acuerdo con los asesores de Idárraga, sí hay similitud entre ambos casos, pues como sucedió con las libretas, para este contrato también se establecieron requisitos que solo podía cumplir Thomas, como la entrega de un software de escrutinio con datos de prueba menos de un mes antes de la jornada electoral, que será el próximo 24 de noviembre: las consultas para aprobar el Área Metropolitana del Suroccidente.
Aunque las empresas Cadena (también participante en el caso pasaportes) y Arus S.A. manifestaron interés por la convocatoria, finalmente la empresa de origen británico fue la única en presentarse después de darse a conocer las condiciones y los requisitos.
El Gobierno también revivió lo que a su juicio es un conflicto de intereses, pues entre los estructuradores de los pliegos de condiciones se encuentra Alejandro Alberto Campo Valero, quien estuvo vinculado a Thomas y a la multinacional española Indra, que diseñó uno de los softwares electorales que adquirió la Registraduría en 2022 y que es ahora de su propiedad, luego de que el Consejo de Estado emitiera un fallo en 2018 con la directriz de contar con uno. Sin embargo, posteriormente contrató ese servicio con Thomas, lo que levantó algunas dudas.
El registrador, quien a 10 meses de ocupar el cargo enfrenta su primera controversia, ha venido consultando a expertos jurídicos, tocándoles la puerta a varios entes de control para que vigilen el proceso de cerca y reuniéndose, a más de un año de las elecciones, con veedores internacionales. De hecho, anunció que 120 países acompañarán el proceso electoral de 2026, en el que Petro quiere reelegir al progresismo y la oposición –vía urnas– arrebatarle la Casa de Nariño.
Penagos lo que quiere con esas movidas es blindar de señalamientos los comicios que se avecinan, que igualmente se desarrollarán en medio de un ambiente cada vez más polarizado con una alta carga en el discurso público. Incluso, algunos precandidatos ya han señalado temor por ver en Colombia una situación como la de Venezuela, escenario que la cabeza de la entidad electoral calificó de “imposible”.
El registrador le dijo a El Espectador que la contratación que desató la polémica se hizo bajo los parámetros legales y que se abrió una convocatoria que les permitió a extranjeros participar. Pese a esto, solo Thomas llegó a la recta final.
“A nosotros nos corresponde ser abiertos en la posibilidad de que lleguen oferentes, pero no tenemos la obligación de que asistan uno, cuatro o cinco. Además, hay varias decenas de procesos contractuales que se han adjudicado en estos dos años con un único oferente, no entiendo por qué hoy es tan compleja la situación”, dijo Penagos.
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E Idárraga, también en diálogo con este diario, respondió que si no hay más participantes es por problemas en la estructuración del contrato: “La Registraduría ha naturalizado un hecho que viene desde hace más de 17 años. Además, es cierto que es independiente, pero no tiene licencia para llevar a cabo presuntos actos de corrupción, la ley aplica para todo el mundo. Aquí no estamos ni violando la independencia ni prejuzgando a funcionarios”.
En todo caso, el registrador defendió la legalidad del contrato y afirmó que los mismos parámetros aplicarán para la contratación de 2026, que no se ha definido si será licitación o por convocatoria pública. Lo cierto es que Penagos resaltó que su inicio dependerá del Ministerio de Hacienda y del presupuesto que le sea entregado a la entidad para 2025. Asimismo, sostuvo que entre más rápido lo entreguen, el proceso será más ágil.
Este tema presupuestal puede ser un asunto complejo, pues algunos sectores temen que se vuelva una especie de chantaje de parte del Gobierno y recuerdan que hace casi un mes se le pensaba reducir recursos a la entidad con el proyecto de Presupuesto General, que llevó el Ejecutivo al Congreso, pero finalmente saldrá por decreto.
Pero, de otro lado, también hay quienes ven con ojos de desconfianza que la Registraduría pueda usar la posible espera del desembolso como una excusa para decir que no se tuvo el tiempo suficiente para contratar a un operador nuevo.
Mientras tanto, Thomas Greg parece no estar interesado en responderle de frente a los señalamientos del Gobierno. Eso sí, fuentes cercanas a la firma siempre le han reiterado a este diario que el presidente Petro no tiene cómo argumentar las supuestas irregularidades cuando él ha sido elegido alcalde, representante a la Cámara, senador y presidente mientras ellos llevaban el contrato electoral.
Un argumento similar usaban cuando se les cuestionaba por ser una empresa con raíces políticas, pues por su junta han pasado personas como el expresidente Juan Manuel Santos y continúan otras como los exministros Noemí Sanín y Ricardo Lozano Forero. Además, uno de los miembros, Juan Manuel Escallón, donó a una de las campañas del también nobel de paz. En su momento dijeron que si de verdad la firma era cercana a Santos y no fuera correcta, en el plebiscito por la paz de 2016 habría ganado el sí.
La empresa, aunque ha perdido millonarios contratos con el Estado, igualmente ha mantenido sus contrataciones con la Lotería de Bogotá, las gobernaciones de Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Meta y Córdoba, y algunas universidades del país. Además, tiene negocios en más de 12 países, como México (donde fueron señalados recientemente por supuesta evasión de controles), Estados Unidos, Perú, Brasil, Venezuela, Reino Unido y Filipinas.
Será el otro año cuando inicie el cronograma electoral, exactamente en marzo, cuando comience a andar un millonario proceso contractual que promete dar mucho de qué hablar y en el que los interesados son varios sectores. Solo para las regionales de 2023, la Registraduría le entregó a Thomas el contrato más alto de todo el año por $1 billón. Por lo pronto, la entidad se prepara para escudar el proceso de las dudas, Thomas para presentarse cuando sea llamada y el Gobierno para dejarle claro a Penagos que estará con lupa viendo el proceso.
Como se adelantó la campaña y ya se ven precandidatos y aspirantes buscando espacio, se adelantó la discusión de en manos de quién quedará la organización de las elecciones, que va más allá de la entrega de los kits y la impresión de tarjetones, pues el tema más álgido será, sin duda, todo lo relacionado con el software de conteo de votos. Y ahí Petro quiere influenciar.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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