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Los frentes económico y de la salud son las apuestas del presidente Gustavo Petro en la última legislatura que le queda a este Congreso y su último año en la Casa de Nariño. Una estrategia de presión —hacia adentro, con cambios entre ministros, y hacia afuera— que ya probó ser útil para la laboral se alista para que el “Gobierno del cambio” consiga la aprobación del último articulado en el tridente de reformas que busca dejar como legado.
“El pueblo votó por unos objetivos y al pueblo se le respeta. No hay norma o ley que se pueda oponer a la voluntad del pueblo”, aseveró este martes en el consejo de ministros.
El jefe de Estado ya dejó claro que ese sería el camino del Ejecutivo, elegido con 11′292.758 votos que sobrepasaron los 10′604.656 del fallecido Rodolfo Hernández, con una diferencia de 688.102. El llamado fue contundente en la alocución sobre la crisis del sistema de salud, en la que afirmó que “se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde o [intervienen a las EPS]” y terminó de enrarecer el ambiente en la Comisión Séptima de Senado, donde está estancado el articulado.
Ya Petro había dejado una advertencia en la sanción de la reforma laboral, en la que fue claro en que, si no obtiene los resultados esperados, impulsaría un modelo público. Y otras alertas les dejó a las altas cortes, específicamente a la Constitucional, a la que instó a respaldar la pensional bajo el argumento de que, en caso de no hacerlo, estaría negándoles una vida digna a los adultos mayores en Colombia.
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La figura de presión no es reciente. La consulta fue la primera vía tomada por el Gobierno para ponerle el acelerador a la discusión, sumado a la movilización constante en las calles, y esta probaron ser efectivas. La constituyente y el impulso a una “octava papeleta” fue la nueva dirección que tomó la Casa de Nariño posterior a eso y aunque no se ha movido al oficialismo para comenzar a organizarse en esa vía, ya hay otro plan en marcha.
Por su lado, la célula legislativa que hundió una primera versión del articulado de la salud y la laboral, antes de que esta fuera resucitada por la plenaria, analiza sus opciones.
Hasta el momento, hay dos proposiciones: una positiva de la senadora Martha Peralta (con la firma de Omar de Jesús Restrepo, Wilson Arias, Ferney Silva y Fabián Díaz) y otra alternativa de Berenice Bedoya, radicada únicamente con su firma. A la espera está cómo se decidirán los ocho senadores restantes, en cuyas manos podría estar el hundimiento del texto, pues la mayoría de ellos ha votado negativamente en los últimos proyectos del Ejecutivo.
La negativa todavía no está a la vista y quien llegará a asumir la cabeza de esa comisión podría determinar la vía. En esta legislatura, la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) estuvo a la cabeza y su reemplazo, de acuerdo con el acuerdo hecho por los compromisarios, sería del Partido Liberal. En él, la única opción es el senador Miguel Ángel Pinto, otro conocido opositor del gobierno Petro.
Pero los acuerdos pueden estar en juego. El puesto de vicepresidente en la pasada legislatura estaba destinado para alguien del Pacto, pero se eligió a Bedoya y, en medio de la tensión que se vive en esa comisión desde el hundimiento de dos textos previos, sumado al hecho de que es la última gran reforma del mandatario, nada está cantado.
Tampoco lo está para el mismo gabinete, en vilo ante el más reciente aviso del presidente de que haría “cambios radicales”, que incluirían a los ministros de Educación (Daniel Rojas), Ambiente (Lena Yanina Estrada) y Transporte (María Fernanda Rojas). Y es la misma línea en la que ha estado Petro en los últimos meses, con pullas constantes a sus exfuncionarios y ahora dirigidas a su propia vicepresidenta, Francia Márquez, que busca sus propios caminos ante la cerca invisible que se construyó entre ella y el presidente.
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“Ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el programa del Gobierno, y siguen existiendo, y yo no puedo retener mi último año con gente que no sepa el programa de Gobierno y no lo aplique”, aseguró este martes.
El más reciente cambio había sido a finales de febrero, con un remezón ministerial que derivó en un evento para presentar al que sería, en ese momento, el último gabinete. Ahora, a cerca de un año de finalizar su mandato, el presidente ve como un freno para la ejecución de su programa a sus altos funcionarios y alista más movimientos.
El objetivo es cerrar más el círculo para incluir a personas cercanas al progresismo. En esta legislatura no solo está pendiente la reforma, sino también los frentes económicos: tanto la ley de financiamiento por $19 billones como el presupuesto —ambos con finales trágicos en el Congreso el año pasado, pues se hundieron en comisiones económicas— tensionaron la relación entre el Capitolio y la Casa de Nariño.
Ese el hueco fiscal habría hecho que Diego Guevara, exministro de Hacienda, renunciara al puesto por diferencias sobre el aplazamiento de los recursos. A su puesto llegó Germán Ávila, quien fue presidente del Grupo Bicentenario y viejo amigo del jefe de Estado por el M-19, para hacer frente a las mismas comisiones que hace un año se negaron, incluso, a discutir la “minirreforma tributaria” en diciembre.
Hay otras peleas pendientes en el Congreso. La radicación del proyecto para dejar en firme el Ministerio de Igualdad está fechada para el 21 de julio —con cannabis de uso adulto y la reglamentación de las curules de paz junto a ella—y comenzarán las discusiones en ambas plenarias de la ley ordinaria de reforma agraria. Si bien probó ser el centro de acuerdos entre todas las bancadas, con las tensiones todavía más elevadas falta ver si se recibe de la misma forma. La ley de servicios públicos, otra promesa del Gobierno, también está en el tintero para su llegada al Capitolio.
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Lo que ya parece haber quedado definido para allanarle el camino a todos estos proyectos es la elección de las mesas directivas. Una reunión entre Petro y el representante Julián López (Partido de la U) dejó clara la intención del oficialismo de no darle la presidencia de la Cámara a Cambio Radical y dejar un único candidato para entrar en la competencia.
En el Senado, el candidato presentado por el Partido Liberal es Lidio García, que ya tiene los apoyos del Partido Conservador y el Partido de la U. Ya tiene un contrincante: su compañero de bancada, Alejandro Chacón, estaría en la contienda.
A pocos días de la instalación del Congreso, el Ejecutivo ya dejó claro cuáles serán las vías que tomará en estos últimos meses. El Legislativo, que ha visto como enemigo desde que se rompió el “acuerdo nacional” que nunca logró concretarse, se enfrentará a una presión creciente no solo de su vecino, sino también de las calles, y una polarización que parece profundizarse.
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