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Hace dos años y poco más de siete meses, en marzo de 2022, cuando Gustavo Petro y Francia Márquez recorrían el país buscando llegar a la Casa de Nariño, ambos le presentaron a los colombianos un programa de gobierno de 54 páginas que, entre otros temas, incluía un apartado dedicado a lo que llamaron “democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”. Era una especie de sello a la comentada promesa de garantizar la independencia de los poderes públicos y la meritocracia en el sector, lo que informalmente ellos definían como desechar la “politiquería”.
La promesa, sin embargo, se ha visto empañada por una serie de nombramientos cuestionados debido a las evidentes conexiones políticas que tienen detrás. El Espectador rastreó esos lazos y encontró que en la lista clasifican varios familiares de ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos, presidentes de entidades y otros asesores de primer nivel del presidente Petro que han llegado al Ejecutivo y también a la rama judicial en los últimos dos años. Varios de los casos recuerdan a otros revelados en anteriores gobiernos y que también despertaron interrogantes por posible nepotismo o conflictos de interés.
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Los ministros de Petro y sus familiares contratados
Al menos seis ministros y dos exministros de la administración Petro tienen a sus cónyuges, hijos o hermanos trabajando en el Gobierno. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, una de las más fieles al proyecto del mandatario y además encargada de dos de sus principales reformas —pensional y laboral, la primera ya aprobada y la segunda a mitad de camino— suma tres familiares con contratos. Diego Alejandro Restrepo Ramírez, uno de sus hijos, fue nombrado en abril de 2023 como jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y luego, en febrero de este año, salió de esa entidad y pasó a ser asesor jurídico del Ministerio de Ciencia. Antes del gobierno Petro, Restrepo Ramírez había sido abogado en la JEP, el Ministerio del Interior y otras entidades.
Álvaro Eduardo Restrepo, también hijo de la ministra, registra un contrato de $76 millones firmado con el Ministerio de Cultura a principios de 2023. Y por último, la hermana de la jefa de la cartera, Diana Zuleyma Ramírez, fue nombrada este año como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud. Este diario contactó a la ministra para conocer su opinión sobre las críticas de presunto nepotismo que ha hecho la oposición ante los casos, pero no obtuvo respuesta.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido cuestionado porque su esposa, Claudia Liliana Cortés, fue posesionada en junio de 2023 como directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad que responde al Ministerio de Agricultura. Bonilla dijo en su momento que no influyó en ningún aspecto de la designación y que su esposa, con amplia trayectoria en el sector, llegó porque la entonces ministra Jhennifer Mojica la conocía desde hace varios años. Curiosamente, cuando Petro removió a Mojica de la cartera, en el remezón de julio, ésta pasó a ser asesora de Hacienda. Cabe anotar que Bonilla también tiene un hijo que es investigador del Banco de la República, pero ese es un cargo que no depende del Ejecutivo.
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Otro ministro cuya esposa también está en el Gobierno es Guillermo Jaramillo, el jefe de la cartera de Salud, cuestionado por varios temas que en el Congreso ya le han baleado dos mociones de censura de las que ha salido victorioso. Su compañera, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja desde 2022 en la Supersalud, como delegada para los prestadores de servicios. En este caso sí existe un posible conflicto de intereses, que de hecho reportó Jaramillo, debido a que ambos se desempeñan en el sector que él lidera. El ministro no respondió las preguntas de este medio sobre el tema.
La lista la cierran dos de las ministras que llegaron en el último remezón: Martha Carvajalino (Agricultura) y Helga Rivas (Vivienda). El esposo de la primera, Jaime Osorno, ocupa una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales (SAE); mientras que el compañero de la segunda, Juan Carlos Ortega Bermúdez, fue hasta el año pasado secretario de la Agencia de Reincorporación.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, tiene a tres familiares (esposa y dos hijas) en la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol; sin embargo, claramente ninguno de estos cargos depende del Gobierno y, además, las tres están en las entidades desde antes del 2022.
Y en cuanto a los exministros, son recordados los casos de Irene Vélez, cuyo esposo, Sjoerd Van Grootheest, logró en 2023 un contrato por $129 millones en el Fondo Colombia en Paz. Así mismo, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llegó a tener a sus hermanas, Rosana y Jimena Velasco Chaves, con cargos en Fiducoldex y una asesoría para el Gobierno en asuntos cafeteros por la Federación Nacional de Cafeteros, respectivamente.
Fichas claves de Petro y otros contratos
Luis Eduardo Llinás Chica, ficha clave de Petro en las revelaciones sobre la compra del software espía Pegasus, por su rol en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuenta con dos hermanos contratistas en el Gobierno. El primero, probablemente el más polémico, es José Ignacio Llinás Chica, considerado por algunos amigos personal de Nicolás Petro y quien tuvo un contrato de $230 millones en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), la misma entidad marcada por el escándalo de Olmedo López, Sneyder Pinilla y los carrotanques de La Guajira. José Ignacio intentó llegar este año a la Procuraduría a través de la cuota del presidente en la terna.
Su otro hermano, Vladimir Antonio Llinás Chica, firmó un contrato por $84 millones en el Fondo de Adaptación, otra entidad que llegó a estar gerenciada temporalmente por Olmedo López.
En Ecopetrol, además de Ricardo Roa, el presidente Petro ha logrado ubicar a importantes fichas en la junta directiva, como Ángela María Robledo (su fórmula vicepresidencial en 2018), Edwin Palma (Exviceministro de Trabajo) y Guillermo García Realpe, este último presidente de la junta y con fuertes lazos en otras entidades. García, exsenador Liberal, tiene a sus dos hijos en entidades del Ejecutivo.
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Su hijo Gustavo García Figueroa es el viceministro general del Interior, el segundo de Juan Fernando Cristo en la tarea de ajustar las cuentas políticas para la aprobación de las reformas sociales en el Legislativo. Su hija Conny García Figueroa está desde 2023 en el Ministerio de Justicia, como directora de justicia formal. García dijo que su hijo hace parte del equipo de Juan Fernando Cristo desde hace 14 años y que Conny García entró al Minjusticia a través de un concurso que orientó el BID.
Por el lado de Colpensiones, la entidad que manejará las cotizaciones de todos los colombianos que ganen menos de 2,3 salarios mínimos al mes, salta a la vista un caso que envuelve a Jaime Dussán Calderón, el presidente de la entidad y pieza clave en las conexiones políticas para aprobar la reforma al sistema. Dussán apareció relacionado con Stefanía Almanya Arbeláez, una ingeniera ambiental nombrada asesora en la Supersalud y que lo reportó a él como su cónyuge o compañero permanente; sin embargo, según el funcionario, ya no tienen relación.
Otro de los funcionarios más adeptos a Petro que entra en la lista es Hollman Morris, gerente de RTVC, sobre quien pesan señalamientos de presunto acoso sexual y laboral, de las cuales se ha defendido, siempre con el respaldo del mandatario. Según constató este medio, Morris tiene a sus tres hermanos con cargos en el Gobierno. El primero, Juan Pablo Morris, pasó por el Ministerio de Salud y ahora está en la Unidad de Restitución. Sus dos hermanas, Ingrid Johanna y Helga Lorena Morris, han sido contratistas, este año, del Ministerio de Cultura. La última de ellas actualmente presta servicios profesionales a la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos. Ninguna de las dos reportó como conflicto de interés tener a su hermano como gerente del Sistema de Medios Públicos.
Superintendentes y otros funcionarios
Como lo contó El Espectador, desde hace varios meses hay un debate abierto en torno a la presunta “politización” de las superintendencias, debido a que, según voces de la oposición, estas entidades han intervenido en temas que le interesan directamente a Petro. Entre los ejemplos está lo que ocurrió con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y Thomas Greg & Sons por los contratos con la Registraduría y la Cancillería o la polémica de la Supersalud y su papel en la auditoría a varias EPS.
En estos entes de vigilancia, algunas de las cabezas también aparecen con nexos familiares en el poder. Roosvelt Rodríguez, superintendente de Notariado y considerado cuota del Partido de la U, está casado con Liliana Chávez Jiménez, quien desde 2023 ha tenido cargos de directora y asesora en Colpensiones, una entidad que pasará a ser de las más poderosas del Estado con los cambios aprobados en la reforma pensional.
Por otra parte, Luis Guillermo Pérez, destituido superintendente de subsidio familiar, registró que su cónyuge es María Yamila Santos, quien hace dos semanas fue nombrada en Prosperidad Social, bajo la batuta de Gustavo Bolívar, como directora de Acompañamiento Familiar y Comunitario. Según su hoja de vida, ha sido asesora en el Senado y la Registraduría.
Entre los funcionarios con relaciones familiares en el poder público también están Jorge Eduardo Londoño, director del Sena y padre de Giorgio Londoño Medina, asesor en la Casa de Nariño; Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Petro y casado con Andrea del Pilar Verdugo, directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía.
En esta lista incluso entraría la pareja que conforman Daniel García-Peña, actual embajador en Estados Unidos, y María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ambos han trabajado junto a Petro desde hace varios años.
Estrictamente, según la reforma de equilibrio de poderes del 2015, los funcionarios públicos tienen prohibido “nombrar, postular y contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”. Con tales condiciones, ninguno de los casos configura una falta; sin embargo, políticos y académicos advierten sobre los perjuicios, en éste y los anteriores gobiernos, tanto nacionales como locales, de una burocracia no independiente y que no premie el mérito.
Como ya se mencionó, los casos no son propios de este Gobierno, pero voces de la oposición han elevado el tono de sus críticas argumentando que combatirlos era una de las banderas del petrismo en campaña. De hecho, algunos funcionarios del presidente han rechazado la práctica en los últimos dos años. “El nepotismo es una injusticia moral pues pone en desventaja, para competir por un puesto, a millones de personas que no tienen familiares en el poder”, anotó en 2023 Gustavo Bolívar, hoy director de Prosperidad Social, y quien agregó que “celebra” que la prensa “por fin” haga un control al respecto.
El propio presidente Petro, que antes de llegar a la Casa de Nariño también se fue contra ese tipo de nombramientos, se ha defendido de los cuestionamientos y ha dicho que fue su administración la que acabó con la politiquería en las entidades. De hecho, respondió a quienes no ven con buenos ojos que una entidad como Procolombia tenga una fuerte influencia de su esposa, Verónica Alcocer, que es cercana a la directora Carmen Caballero y a varios funcionarios más. “Por fin la belleza de Colombia se muestra en el mundo, pero como tenían la entidad para que los hijos de la politiquería ganaran altos salarios sin trabajar y vivían como reyes en el exterior, ahora se burlan de quien lo ha logrado”, contestó el jefe de Estado.
Aunque no se trata de una conducta ilegal, lo cierto es que los contratos y cargos entregados a altos funcionarios del gobierno Petro no son pocos y que, contrario a lo que se esperaría, no existe una política o una respuesta clara para los problemas e inquietudes que despiertan.
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Por David Efrén Ortega
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